Desde CGT exigen medidas para la atención educativa del alumnado inmigrante y refugiado, sobre todo ucranianos que huyen de la guerra. En Castilla y León hay ya 1.120 refugiados ucranianos, de los que 270 son menores escolarizados, 12 de ellos en Zamora y se prevé que el número aumente en los próximos meses.

Desde CGT denuncian desde hace años "la situación del alumnado inmigrante: no conoce bien el idioma, la cultura y la forma de vida, lo cual repercute inevitablemente en dificultades escolares y de integración". "En este estado de máxima vulnerabilidad precisa de todo tipo de recursos y medios para integrarse tanto en lo educativo como en la sociedad" subrayan desde el sindicato. 

Según el grupo, la acogida debe aportar "algo más que las buenas palabras y grandes intenciones que están manifestando el Estado Español y la Consejería de Educación". Denuncian que "se ha oído recientemente a altos cargos de la Junta de Castilla y León decir que la respuesta está siendo rápida y eficiente, pero desde luego no es el caso en materia educativa".

Por ello, CGT ha trasladado a la Consejería de Educación algunas propuestas y líneas de trabajo, así como la solicitud de recursos que son necesarios en los centros educativos. Algunas de estas medidas pasan por habilitar personal cualificado que imparta formación lingüística básica en el momento inicial de su escolarización, reforzar las plantillas de personal de Pedagogía Terapéutica y Equipos de Orientación, abrir formaciones específicas para los docentes y crear y recopilar materiales adaptados y firmar convenios con asociaciones que trabajan con población inmigrante y así conseguir que el alumno pueda participar de una vida social en otros ambientes y pueda alcanzar una integración plena y satisfactoria.

Ante estas dificultades, CGT no puede olvidarse del mundo rural: "Un pilar básico de la propuesta es garantizar esta atención educativa en la zona rural con un plan que contemple los recursos necesarios en al menos un centro que sea cabeza comarcal".

En esta escolarización "deben colaborar todos, centros públicos y concertados, que no pueden alimentar la segregación para mantener su burbuja social y seguir sin asumir sus deberes mientras son subvencionados con el dinero de todos", comentan desde el sindicato.

CGT exige a la Consejería de Educación "una política clara, específica y comprometida para la población inmigrante". "Son innegables hoy en día los problemas para promocionar y titular -y de manera general para integrarse- que resultan de una escasa cualificación educativa. Si se reincide en los mismos errores y no se introducen cambios, solo profundizaremos en la exclusión y marginación de la población inmigrante", denuncia el sindicato.