Alrededor de 25.000 personas, casi en su totalidad mujeres, trabajan en las residencias de la tercera edad de Castilla y León cuidando a mayores, y más del 40 por ciento reconoce tomar fármacos contra el dolor o ansiolíticos que les generan dependencia. Además, más del 50 por ciento está afectado por riesgos ergonómicos y biológicos, según aseguró hoy la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Castilla y León, Ana Rosa Arribas, en una jornada celebrada en Valladolid para visilibilizar los riesgos “ergonómicos, biológicos y sobre todo psicosociales” a los que está sometido este colectivo.

En Castilla y León, según detalló en declaraciones recogidas por Ical, hay 700 residencias de mayores, de las cuales el 80 por ciento son concertadas y están financiadas por dinero público. Es por ello que desde CCOO reclaman “darle a la Junta la responsabilidad porcentual que le corresponde de las condiciones laborales de estos trabajadores que se dedican al cuidado de las personas”.

El suyo, aseguró Arribas, “debe ser un empleo de calidad”, ya que se trata de “una actividad económica en auge en la región”. En ese sentido, instó a la Junta a seguir el modelo cántabro de concierto, según el cual una parte del concierto que paga la comunidad autónoma a las residencias concertadas tiene que ir obligatoriamente a la mejora retributiva de las condiciones laborales de los trabajadores. “Queremos que Castilla y León también lo haga”, subrayó.

Entre las mejoras que reclaman para estas trabajadoras, se refirió a mayores salarios, dignificación, formación continua y menos horas de trabajo, “porque las largas jornadas y las exigencias de ritmos de trabajo muy altos generan estos riesgos ergonómicos y psicosociales”.

Los problemas de salud que predominan en este colectivo, según detalló, están relacionados con las lesiones músculo esqueléticas y alrededor del 50 por ciento tienen alteraciones del sueño y toman somníferos. Además, explicó, “muchas no se cogen la baja porque tienen miedo de perder su trabajo”, y la situación “va a peor” con la pandemia, ya que la situación actual “ha elevado el porcentaje de personas con alteraciones de sueño, depresión y ansiedad que se medican”.

El secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, Mariano Sanz, insistió en que “es clave sensibilizar sobre el problema detectado y empezar a tomar medidas en las empresas, para tratar de modificar condiciones de trabajo que en muchos casos incentivan estos problemas”. Él detalló que “los riesgos musculo esqueléticos tienen mucho que ver con los movimientos de carga, fundamentalmente de personas mayores, de manera reiterativa, y como consecuencia de ello surge el dolor”.

“Las mujeres tienen una fisiología diferente de las de los hombres, pero al hacer las evaluaciones de riesgo no se tienen en cuenta los sexos, y ellas tienen muchísimos más problemas de enfermedades profesionales. Además, se ha detectado una gran incidencia de riesgos de carácter psicosocial, por los ritmos de trabajo y las exigencias que se están planteando, que deterioran su salud”, argumentó.

“Mayoritariamente las trabajadoras son mujeres, que además de esos riesgos tienen otros inherentes al género, como la doble presencia, con exigencia en el trabajo y fuera del trabajo con otras tareas no remueradas, y eso conlleva unas condiciones donde los psicofármacos y otros medicamentos se usan de forma generalizada”, completó.

Para CCOO es imprescindible una batería de medidas que van íntimamente relacionadas entre sí. De una parte, que se evalúen adecuadamente los riesgos a los que están expuestas estas trabajadoras, que se mejore significativamente la vigilancia preventiva de la salud y que se garantice una formación adecuada para cada puesto de trabajo, cubriendo aspectos técnicos y relacionales en las residencias.

“El incremento del 6,5 por ciento no sólo supone la aplicación de una cláusula de revisión, sino que responde a la extrema necesidad de incremento salarial en un sector en la que las condiciones de trabajo se han precarizado sensiblemente en los últimos años, con especial crudeza durante la pandemia del COVID, en la que se han hecho patentes los graves déficit de plantilla existentes en los centros de trabajo”, señalan.