La licitación de obra pública alcanzará los 1.462 millones de euros este año, de los 1.937 previstos por las administraciones, de los que finalmente se terminarán adjudicando 1.058. El ejercicio estará marcado por un “volumen adecuado”, pero el alza de los precios de las materias primas está “arruinando” a muchas empresas, según denunció hoy el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, quien advirtió de que una de cada diez actuaciones puede quedar desiertas.
En una comparecencia para informar de las previsiones para este ejercicio, Pascual señaló que el sector arrastra ya tres crisis económicas y señaló que muchas empresas no podrán superar el encarecimiento de las obras por la subida de los precios y el pago de los créditos vinculados a la pandemia del COVID-19, que a pesar de tener condiciones ventajosas, se tendrán que empezar a devolver en los próximos meses, según ha informado Ical.
En 2021, la licitación de obra pública se disparó un 53 por ciento en Castilla y León y alcanzó los 1.376 millones de euros, frente a los 899 del ejercicio pasado. De esta cantidad, 622 millones correspondieron a la Administración Central, que elevó su inversión un 53 por ciento; 327, a la autonómica, con un aumento del 20 por ciento, y 426, a la local, con un avance del por ciento.
Asimismo, las administraciones casi cuadraron la cifra de licitación con la cantidad prevista por la Cámara de Contratistas, con 1.376 millones de 1.382 estimados para todo el ejercicio pasado. Además, adjudicaron 1.074 millones, lo que supone un cumplimiento del 78 por ciento, frente al 40 por ciento de otras anualidades. “Estamos contentos”, dijo, ya que los cálculos hechos por las empresas para el ejercicio prácticamente se han alcanzado.
Mal año por los precios
En conjunto, Enrique Pascual sostuvo que 2021 fue un año “bueno” en volumen de obras, pero “malo” en el precio, ante la “excepcional” subida de precios de las materias primas, que situó en una horquilla del 20 al 25 por ciento. Así, estimó que eso supuso unos 120 millones de pérdidas sobre la cantidad abonada por la Junta en certificaciones -unos 500 o 600 millones-, de los que estimó solo se recuperará un 40 por ciento, es decir, unos 48 millones.
“Se ha producido un enriquecimiento injusto de la administración”, argumentó el presidente de la Cámara de Contratistas, quien reconoció la dificultades para parar una obra y del propio sector público para compensar a las empresas. Por ello, censuró el retraso del Gobierno en la publicación de los dos reales decretos que en mayo se dictaron para tratar de hacer frente a esta situación, pero que con los que a su juicio la construcción “difícilmente” se va a ver “compensado”.
Al, Enrique Pascual alertó de que el alza de los precios tumba el 20 por ciento del mercado y señaló que se está destruyendo una industria “valiosa” a nivel mundial, porque reiteró que en el contexto internacional existe más demanda que capacidad para ejecutarla. “No podemos salir a jugar Copa de Europa, cuando nuestra Liga está parada”, dijo.
Obras desiertas
La consecuencia de esta situación, continuó Enrique Pascual, es que se están empezado a quedar los concursos públicos desiertos. De hecho, informó de que en 2021 fueron 120 las actuaciones sin contratista, frente a las 24 de 2020 y las 35 de 2019. Además, entre enero y abril, a fecha del 3 de mayo, se acumulaban ya 50 -cinco de la Administración Central, 14 de la autonómica y 31 de la entidades locales-.
Esto supone el 7,41 por ciento de las 675 licitaciones lanzadas en los primeros cuatro meses. Este porcentaje es superior al de 2021, que fue del 2,94 por ciento; 2020, que se quedó en el 0,75 por ciento, y 2019, cuando alcanzó el 0,96 por ciento. Así, estimó que en el conjunto de 2022 se podrían alcanzar las 200 obras desiertas, en torno al diez por ciento.
En conjunto, estimó que Castilla y León debería alcanzar una inversión en obra pública, medida en licitación, de 2.000 o 2.500 millones, frente a los 1.376 registrados en 2021, que se sitúan por encima de los 1.119 de 2019, el año anterior a la crisis sanitaria. A su juicio, se debe impulsar un crecimiento, porque no afrontar los proyectos pendientes, supone hipotecar el futuro.
Medidas fiscales
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Contratistas reclamó medidas fiscales eficaces para salvar al sector de la crisis de precios, porque señaló que como el bosque se está quemando ya. Además, demandó que se actualicen los precios en las nuevas licitaciones, para que se ajusten a lo que marca el mercado, lo que -dijo- llevará a que muchos concursos queden desiertos.
También, aprovechó para demandar a la Junta que suprima las tasas por inspección y dirección de obras públicas (TIDOP), porque recordó no tienen “ninguna justificación”. “Si no lo hacen, es porque dicen una cosa y van a hacer otra”, dijo.
Además, el empresario indicó que está en riesgo el relevo generacional y señaló la necesidad de afrontar una concentración empresarial, porque a su juicio las compañías de la Comunidad son “ejércitos” que podrán ganar pocas “batallas” en la economía moderna, debido a que se trata de un mercado “bastante globalizado”.
Oferta a las mujeres
Igualmente, el presidente de la Cámara de Contratistas señaló que el sector es un “motor de arrastre” del resto de la economía, a pesar de la pérdida de 70.000 puestos de trabajo en las últimas crisis, ya que recordó que por cada millón de euros invertido, se generan 15 o 18 puestos directos de trabajo. Por ello, denunció que se está infraconstruyendo en el país e indicó que la construcción puede ayudar a fijar población en el medio rural.
En materia de empleo, lamentó que el sector sea “absolutamente incapaz” de atraer mano de obra cualificada y hizo una llamada al “sector femenino”, porque argumentó que en este momento solo está representada en el ocho pro ciento, cuando el promedio en el conjunto del mercado laboral está en el 37 o 40 por ciento. Indicó que las empresas no están siendo capaces de incorporarla, pero tampoco las administraciones logran reducir esta brecha. “Las necesitamos y son valiosas”, concluyó.
Dudas por el Gobierno de PP y Vox
Pascual también expresó sus “dudas” sobre el gobierno de PP y Vox en la Junta, en referencia a “si los que estaban les van a dejar hacer algo y los que vienen sabrán hacer algo”. “Están obligados a dar resultados”, “se van a tener que entender”, dijo.
El presidente de los contratistas se mostró “optimista” sobre la conformación del nuevo Ejecutivo autonómico y deseó que los dos socios se entiendan “mejor” que lo hicieron el PP y Ciudadanos en la anterior legislatura, ya que señaló las dos formaciones estuvieron haciéndose la “puñeta permanentemente”.
En ese sentido, el presidente de los contratistas señaló que el gobierno de PP y Cs fue “tan malo” que “difícilmente se puede ir” a peor ahora. En su opinión, Enrique Pascual señaló que la Junta está en manos de “gente experta”, en virtud de los 35 años años que lleva el PP gobernando la Comunidad, y de de Vox, un “equipo joven, que viene con ilusión”. “Hay que ver si tiene cuadros y estructura para poder aportar algo”, añadió.
De la misma forma, Enrique Pascual se mostró crítico con la estructura del Gobierno autonómico, tras la escisión de la antigua Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que sigue en manos de Juan Carlos Suárez-Quiñones, y Movilidad y Transformación Digital, de María González.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Contratistas consideró que la división en dos departamentos de las competencias en materia de infraestructuras no es “eficiente” y cuestionó que Movilidad se encargue de carreteras ya que desconfió de que se le preste “poca atención” y la sociedad se tenga que “conformar” con el “deterioro” de las vías, que recordó se construyeron a base de inversiones “caras”, que recalcó se pagan con los “impuestos de todos”.
También puso en duda que la nueva consejería asume las tareas de transformación digital, porque a su juicio “desde un gobierno no se va a transformar nada”, ya que argumentó que la digitalización requiere inversiones “hipercaras” que solo pueden llevar a cabo “las que tienen dinero”.