Familias de alumnos y alumnas con necesidades especiales del medio rural de Valladolid, junto con varios sindicatos de educación y sanidad, realizarán una concentración el miércoles 25 de mayo, a las 11:00 horas, en el exterior de la sede de las Cortes de Castilla y León en Valladolid, para transmitir sus exigencias a la Junta para que dote de los recursos necesarios a las Aulas Sustitutivas de Educación Especial en el medio rural, a fin de ofrecer una atención óptima al alumnado. Asimismo, entregarán las más de 50.000 firmas recogidas por la Asociación de Enfermería Escolar para pedir mejoras en ese servicio.
Durante la concentración, Remedios Navas y Elisa Cerrillo, madres de niños afectados, atenderán a los medios de comunicación, así como María Teresa Albillo, presidenta de la Asociación de Enfermería Escolar en Castilla y León, y Mercedes San José, exconcejala de Tordesillas Toma la Palabra. Estarán acompañadas por el portavoz de Toma la Palabra en la Diputación de Valladolid, Marcos Díez. Asistirá, además, Juan Gascón, coordinador de Izquierda Unida Castilla y León, y se espera la presencia de Miguel Ángel Oliveira, alcalde de Tordesillas.
Las familias reclaman, en general, que los recursos humanos y materiales sean los mismos con los que cuenta un centro de Educación Especial urbano, y, más en concreto, que se solucionen las deficiencias en el servicio en el CEIP Pedro I de Tordesillas, donde hacen falta diplomados universitarios en Enfermería y auxiliares técnicos educativos. Allí estudia Fabio, un alumno de 15 años con un 93% de discapacidad y vecino del municipio de San Pelayo. Su caso recuerda al de Aimar, otro alumno del medio rural con necesidades especiales, cuyos padres iniciaron en 2015 una lucha para conseguir que en su colegio hubiese un servicio de enfermería.
Finalmente, en septiembre de 2016, las Cortes de Castilla y León aprobaron por mayoría absoluta la proposición no de ley presentada por José Sarrión (por entonces, procurador de Izquierda Unida Castilla y León) que instaba a la Junta a dotar de ese servicio de enfermería a las Aulas Sustitutivas de Educación Especial en el medio rural. "Pero seis años después, incumple lo aprobado, y ahora otro menor y su familia tienen que pasar por la misma situación y la misma lucha", subrayan los padres de Aimar.