La delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, y la directora general de Vivienda Arquitectura y Urbanismo, María Pardo Álvarez, han detallado esta mañana el contenido de la convocatoria de las dos líneas de subvenciones, en ejecución de las previsiones de dos programas del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata, en concreto, de los programas 3 y 4, que subvencionan actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y actuaciones de mejorade la eficiencia energética en viviendas, respectivamente.

Ambas convocatorias tienen por objeto financiar obras o actuaciones con las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética, en el primer caso de edificios (tanto residenciales colectivos como unifamiliares) y en el segundo de viviendas (unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares).

Resultarán subvencionables, en el caso de los edificios, las actuaciones que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable en, al menos, un 30% y la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en, al menos, un 35%. Estos porcentajes, en la línea de ayuda a viviendas, son también de un 30% de reducción del consumo y de un 7% en el de la demanda. No resultarán en ningún caso subvencionables actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil.

Cada una de las convocatorias cuenta con un presupuesto de 18.787.773 euros, lo que arroja un total de 37.575.546 euros. Estas cuantías podrán ser objeto de ampliación en función de la demanda y hasta agotar el crédito presupuestario procedente de los fondos europeos que se prevé que pueda alcanzar hasta un máximo de 97 millones de euros para estos dos programas.

El plazo para la presentación de solicitudes en ambas convocatorias finalizará el 30 de junio de 2023, y se podrán subvencionar actuaciones iniciadas en fecha posterior al 1 de febrero de 2020.

Las cuantías de las ayudas oscilarán, en función del ahorro energético conseguido, entre los 6.300 y los 18.800 euros por vivienda en la convocatoria de edificios, previéndose su posible ampliación hasta un máximo de 26.750 euros por vivienda en los supuestos de vulnerabilidad económica del beneficiario (unidades de convivencia sin menores con ingresos inferiores a 1,5 IPREM o de 2,5 o 3 IPREM con dos o más de dos menores o personas con discapacidad). En la convocatoria de viviendas el importe máximo de la subvención será del 40% del coste de la actuación, con un límite de 3.000 euros por vivienda.

Las dos convocatorias comparten su régimen de resolución: no se regirán por la denominada concurrencia competitiva, sino que ambas se irán resolviendo por riguroso orden de entrada de las solicitudes hasta el agotamiento del crédito disponible y sus eventuales ampliaciones.

En las dos convocatorias se prevé que sus beneficiarios -comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, personas físicas o personas jurídicas, en la convocatoria de edificios y personas físicas propietarias o arrendatarias de las viviendas, en la convocatoria de viviendas- puedan ceder el cobro de las ayudas a un agente o gestor de la rehabilitación.

Programa de ayudas a la rehabilitación a nivel de barrio

Con estas convocatorias, la Junta de Castilla y León continúa con la ejecución de los programas de ayudas a la rehabilitación residencial financiados con fondos europeos Next-Generation UE y canalizados a través del denominado Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, está ya en marcha el 'Programa de ayudas a la rehabilitación a nivel de barrio' -programa 1 del citado Real Decreto, sucesor de los ARRUS- que permite la financiación conjunta de obras de rehabilitación en edificios residenciales y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos de actuación denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) previamente delimitados en municipios de cualquier tamaño de población.

Este programa, que no requiere la elaboración de una previa convocatoria pública, será objeto de próximos acuerdos con el Ministerio y con aquellos municipios que presenten la documentación adaptada a la nueva normativa de los fondos europeos y hasta la finalización del crédito presupuestario asignado, inicialmente 18.787.773 euros, pero ampliable hasta 48,4 millones de euros.

Su puesta en marcha permite la consecución de varios objetivos de interés general: contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de la descarbonización del parque edificado; ayudar a las familias a reducir el gasto en energía mediante el ahorro del consumo; mejorar la calidad de vida de los ciudadanos gracias a la financiación de actuaciones en accesibilidad, conservación, seguridad de utilización y la digitalización de los edificios; reactivar el sector de la construcción a través de la rehabilitación, así como generar empleo y actividad en el corto plazo y garantizar un ritmo de renovación sostenible del parque edificado en el medio y largo plazo.

Todos estos programas responden, en definitiva, a la necesidad de adaptar el parque de edificios y viviendas en Castilla y León, y, en general, en España a los retos nacionales y europeos en materia de sostenibilidad, en entornos urbanos y rurales, teniendo en cuenta sus características y su gran potencial de mejora, considerando que, en nuestro país, cerca del 45 % de los edificios es anterior a 1980, tratándose de un porcentaje que se eleva hasta el 50 % en el caso de los edificios de uso residencial y una cifra de 9,7millones de viviendas.

Ayudas a la accesibilidad en el marco del Plan de vivienda

Por su parte, el martes 26 de julio, la Consejería firmará con el MITMA el Convenio para la puesta en marcha del Plan para el acceso a la vivienda 2022-2025 en el que se contempla una línea de ayudas específicas para la accesibilidad de viviendas. Dicho programa tendrá por objeto el fomento de la mejora de accesibilidad tanto en el medio urbano como rural, y tanto para viviendas unifamiliares como residenciales colectivas. Permitirá subvencionar obras relativas a la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, automatismos para la apertura de puertas o productos de apoyo a la audición entre otros. Dicho programa contará con una dotación presupuestaria total de al menos 8 millones de euros para el período comprendido entre el año 2022 al 2025.

Este convenio también permitirá la puesta en marcha de otros dos programas: los destinados a ayudar al pago de la renta de alquiler de la vivienda y los destinados a lograr un incremento del parque público de alquiler.

En cuanto a los primeros, Castilla y León pondrá en marcha convocatorias de ayudas al alquiler tanto para personas con escasos recursos (especialmente para los jóvenes), como para personas vulnerables por diversas circunstancias (víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar) como para quienes devienen vulnerables de forma sobrevenida (por pérdida repentina de empleo).

De estas convocatorias cabe destacar la apuesta decidida que hace Castilla y León por los jóvenes y el medio rural, porque se convocarán ayudas al alquiler que permitan sufragar hasta el 75 % de la renta para aquellos jóvenes menores de 35 años que apuesten por implantarse en el medio rural (municipios de menos de 10.000 habitantes). Se trata de una apuesta que implicará aportar una parte de fondos propios, pues en el marco del Real Decreto sólo se llegaría a subvencionar hasta el 60% del alquiler.

Respecto a los programas de incremento del parque público de alquiler, se prevé la puesta en marcha de varios que permitirán, o bien la adquisición por las administraciones públicas de viviendas existentes para pasar a integrarlas en el parque público de alquiler social o financiarán la puesta a disposición de viviendas en favor de las administraciones públicas para que estas puedan destinarlas a alquiler social.

Más de 240 millones en materia de rehabilitación y vivienda

Hasta la fecha, Castilla y León ha recibido un total de 89,8 millones de euros con cargo al Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y procedentes de fondos europeos NextGeneration-UE para la financiación de los programas previstos en el Real Decreto 853/2021. En próximas anualidades se prevé una transferencia de más fondos europeos hasta alcanzar los 215 millones de euros. Dichos créditos servirán para financiar, además de los programas citados, la elaboración del libro del edificio existente y la redacción de proyectos de rehabilitación, y la construcción de viviendas eficientes para alquiler social.

Por su parte, Castilla y León también ha recibido fondos europeos procedentes del mecanismo React-UE por importe de 31,5 millones de euros para la Rehabilitación energética de edificios públicos para destinarlos a alquiler social. Con estos fondos se está actualmente financiando la rehabilitación del parque público autonómico y de las denominadas casas de camineros.