Castilla y León, con 118 días, es la Comunidad que menos tarda en resolver una prestación o servicio de dependencia desde su registro en el sistema. De acuerdo con un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la media estatal es de 378 días (43 días menos que el pasado año), y la autonomía que presenta peores registros de todo el país es Canarias, con 993, ocho veces más que la demora de Castilla y León.

Por otra parte, conforme al estudio, recogido por Ical, las comunidades con mayor "limbo de la dependencia" (personas pendientes de recibir prestación) son Cataluña (28,9%) y Canarias (23,8%); y las que menos Castilla y León (0,14%) y Galicia (5,2%). Canarias es la comunidad que más ha incrementado porcentualmente el número de personas beneficiarias en este semestre 3.115 (11,6%), mientras que Cantabria y País Vasco ni siquiera mantuvieron la tasa de reposición.

Desde la Asociación lamentan que el Sistema de la Dependencia se recupera lentamente y de manera desigual, y afirman que el 3% de la población española necesita apoyos para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria y que hay 33.019 personas atendidas más que a principio de año.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, las tasas de variación acumulada en lo que va de año son positivas registrando 46.754 solicitudes más, 36.748 valoraciones, 4.792 personas beneficiarias con derecho a prestación y 33.019 personas beneficiarias con prestación. El incremento en estos indicadores provoca que las listas de espera aumenten: 10.006 personas más pendientes de valorar y 1.773 personas más en el limbo de la dependencia.

Al final del semestre de este año, 397.164 personas se encontraban en las listas de espera de la dependencia. 195.209 personas en el limbo de la dependencia (personas valoradas con algún grado y que están pendientes de recibir la prestación o servicio al que tienen derecho), a las que hay que sumar las 134.602 solicitantes que están pendientes de ser valoradas. Con los últimos datos, hay que añadir 33.353 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 34.000 solicitantes que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar. El 45% de las personas desatendidas son Grados III o II.

Durante el primer semestre de 2022, 23.837 personas fallecieron en España en las listas de espera de la dependencia, 10.101 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 13.736 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.

El incremento del número de solicitudes, en estos seis meses, ha sido del 287% si lo comparamos con el mismo periodo de 2021 y el 12% con respeto a todo el año pasado. También sufren un aumento respecto del mismo periodo de 2021, pero mucho más contenido, las valoraciones 17% y las personas reconocidas con derecho 5%. La Comunidad con mayor porcentaje sobre población potencialmente dependiente en solicitudes y valoraciones es Andalucía y la de menor es Galicia. La comunidad que con mayor rigidez aplica el baremo de la dependencia es Extremadura (el 28,2% de los solicitantes no obtienen grado) y la de mayor flexibilidad es Galicia (sólo el 10,4% no obtiene grado).

En el conjunto del país las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 236 euros (percibidas actualmente por 498.821 personas). Solamente 67.786 se encuentran dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales (13,6% del total de las personas cuidadoras).