Greenpeace demanda a los responsables políticos del Gobierno central, Comunidades Autónomas y ayuntamientos "altura de miras a la hora de analizar, diagnosticar y valorar la actual crisis de emergencia provocada por el alto número de grandes incendios forestales en un contexto de sequedad y calor extremo, lo que está provocando una enorme dificultad para su extinción".
Acerca de las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones en las que culpa a los ecologistas de contribuir a los incendios forestales que han asolado Castilla y León, la organización señala que "mucho nos tememos que estos falsos argumentos y cortinas de humo van a utilizarse para cuestionar el papel del cambio climático en el cóctel que hace más virulentos los incendios. En estos días nos encontramos con que algunos grupos políticos y ex presidentas de comunidades autónomas siguen banalizando los extremos climáticos intentando construir un relato sobre el problema con argumentos faltos de base científica y sentido común", ha añadido Soto.
"Tras los terribles incendios en la provincia de Zamora, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha utilizado una cortina de humo habitual que consiste en buscar un chivo expiatorio", añaden. "Echando balones fuera sobre su responsabilidad en el operativo y sus carencias, el consejero no ha ofrecido ninguna evidencia sobre tal afirmación".
"Greenpeace y la mayor parte del movimiento ecologista entiende la necesaria gestión forestal de gran parte de nuestros ecosistemas forestales. Pero más allá de la falsedad del argumento, es un tremendo error referirse a las políticas ambientales o de protección de los recursos naturales como 'nuevas modas', como si la mayor conciencia social y los avances legislativos en la protección del agua, el suelo, el paisaje, la biodiversidad y los ecosistemas no fuera un acuerdo social producto del desarrollo del Artículo 45 de la Constitución Española", indican.
Quiñones "es el actual consejero el responsable de las políticas, de la legislación en vigor, de las decisiones de contratar al operativo de extinción y de tratar dignamente a los trabajadores y trabajadoras del operativo. Intentar tapar sus errores y falta de previsión lanzando acusaciones infundadas es una flaca contribución a la solución del problema", sostienen.
"Como ya ocurriera en anteriores situaciones de emergencia provocadas por el alto número de incendios forestales y superficie quemada (como las de los años 2006, 2012 o 2017), es desalentador escuchar declaraciones de algunos responsables políticos que, lejos de asumir los cambios necesarios para abordar el nuevo escenario de riesgo, vuelven sobre los mismos mantras caducos, buscan chivos expiatorios o echan balones fuera para evitar asumir los errores o la falta de previsión", ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de la campaña de Bosques de Greenpeace España.
Incendios todo el año
La expresión 'los incendios se apagan en invierno', "utilizada en debates, tertulias y declaraciones, sirve para ilustrar que no se puede poner la mayor parte del esfuerzo presupuestario en la extinción de incendios, sino que hay que abundar en políticas de prevención de incendios no estacionales y la necesidad de tener profesionales trabajando durante todo el año en los montes", reivindican.
"Pero, literalmente, los incendios se apagan cuando se producen, es decir, durante todo el año. Cada vez más, los incendios forestales se producen no solo en verano, sino que hay incendios en otoño, invierno y primavera; en invierno y primavera en la montaña cantábrica y zona noroeste, aunque no son tan mediáticos", señalan.
"Como los que están teniendo lugar desde finales de junio, los incendios de verano, y en especial en el mundo mediterráneo, se producen en condiciones ambientales y meteorológicas adversas y suelen derivar en grandes incendios forestales que producen una gran alarma social e interés mediático".
"Pero para hablar de ausencia o falta de prevención, sería más apropiado decir que la falta de gestión del monte español es un problema estructural que se ha producido tras el abandono del medio rural desde la mitad del siglo XX hasta hoy. No es un problema del último invierno, de los inviernos de la anterior legislatura o de tal o cual gobierno. El abandono rural y el crecimiento de la superficie forestal en España han sido procesos paralelos que arrancan en los años 50 del siglo XX y han configurado un paisaje abandonado y altamente inflamable. Si alguien tiene la culpa, hay que hablar de un problema colectivo como país".
"Este problema estructural ha provocado que los expertos en extinción reclamen que no les envíen más medios para la extinción, sino que reclaman que se trabaje en construir, mediante la gestión forestal, otros tipos de paisaje menos proclives a los grandes incendios", manifiestan.
"Los montes están sucios"
"Se ha popularizado mucho esta expresión y es común escucharla entre tertulianos y personas no bien informadas. Pero es importante recordar que los bosques no son parques ni jardines y, por lo tanto, no están sucios. Una parte de nuestros ecosistemas forestales están dominados por los árboles, pero son ecosistemas complejos donde también habitan especies herbáceas, matorral, arbustos, árboles muertos en pie y ramas y troncos caídos en el suelo. Cuanta mayor es esta diversidad biológica y estructural, más biodiversidad alberga, mejor es el estado de conservación y mayor es su resiliencia. En algunos casos, estas masas forestales son más resistentes a las plagas y a los incendios, por lo que su complejidad debería mantenerse", sostienen desde Greenpeace.
"Pero mientras que algunos bosques y espacios protegidos deben ser gestionados para mantener esta complejidad y diversidad, gran parte de nuestro paisaje forestal es producto de muchas intervenciones humanas, cuando no del abandono durante décadas. El resultado son masas forestales poco naturales, muy alejadas de la madurez y muy vulnerables ante plagas e incendios".
"Por eso, y ante el riesgo de grandes incendios forestales, es importante establecer estrategias de reducción de la densidad del arbolado, el matorral o el pasto en determinados lugares para evitar el exceso y la continuidad del combustible, de esta manera el fuego encuentra barreras naturales y no puede progresar por la falta de combustible. Por eso, cuando se habla de 'limpieza', lo propio sería hablar de gestión forestal y medidas de ordenación de los espacios forestales que buscan romper esa continuidad del combustible, como franjas de seguridad en urbanizaciones y espacios habitados, de cortafuegos, iniciativas para fomento de ganadería extensiva y pastoreo para reducir la carga de combustible, del aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos, de la posibilidad de realizar quemas prescritas (controladas) que imiten los incendios de baja intensidad, etc.".
También a raíz de la emergencia surgida en Galicia tras la propagación de muchos incendios en los últimos días, "ha resurgido la teoría de la trama organizada a raíz de unas declaraciones del ex presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo".
"Si bien se puede enfatizar el problema de la alta intencionalidad, que Greenpeace coincide que hay que investigar, enjuiciar y condenar, la reforma del código penal de 1998 incluyó el tipo penal delito de incendio forestal, con penas de hasta 20 años de cárcel, penas que nunca se han llegado a imponer en los juicios a los responsables de incendio forestal. Aunque la respuesta penal no es la solución al problema del uso del fuego, sino una herramienta más entre el cóctel de soluciones para evitar las causas de los incendios", indican.
"Ante la emergencia que vivimos es un error mayúsculo pedir el incremento de las penas. El código penal nunca es la solución, y más en el complejo entramado de razones que llevan a muchas personas y comunidades a hacer uso del fuego en el medio natural".
"Y no, detrás del fuego en Galicia no hay terrorismo forestal ni tramas organizadas, como ya demostró la Guardia Civil tras la oleada incendiaria de 2006, algo que ratifico el entonces fiscal Coordinador de Medio Ambiente Álvaro García Ortiz (y hoy fiscal General del Estado) y como documentó Greenpeace España tras un exhaustivo análisis de la hemeroteca desde los años 80 del pasado siglo. La intencionalidad de buena parte de los incendios en España es obvia, especialmente en Galicia, pero no hay ninguna prueba que permita afirmar que detrás de la gran mayoría de los incendios hay una mano negra"