El comisionado de Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, también procurador del Común, exigió hoy una dotación mayor de medios para cumplir con las tareas encomendadas y avisó de que las dificultades de este momento, tras una “larga” crisis, la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania, no justifican que se postergue la respuesta a estas necesidades. Además, volvió a plantear la necesidad de articular multas coercitivas para garantizar que se cumplen las resoluciones.

Quintana compareció este jueves ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común de las Cortes para presentar la memoria correspondiente al año 2021, sostuvo que la labor de esta institución, como garante de la transparencia, afecta de forma transversal a la actividad de todos los entes públicos, por lo que contribuye a que su actividad alcance los objetivos planteados.

“Cualquiera que sean los medios de los que dispongamos, seguiremos cumpliendo con nuestro deber, como hasta ahora, actuando con objetividad e independencia al frente de los órganos de transparencia de Castilla y León, en el entendido de que cuanto más intenso sea nuestro trabajo, mayor será nuestro grado de satisfacción, precisamente porque estamos convencidos de que la actuación transparente de los entes públicos es un preciado bien en las sociedades democráticas”, afirmó Tomás Quintana.

Además, el comisionado de Transparencia aprovechó su presencia en la cámara autonómica para denunciar la “deficiente” regulación de algunos de los instrumentos jurídicos previstos para el ejercicio de las funciones de la Comisión y el Comisionado de la Transparencia. Por ello, puso de manifiesto la falta de un instrumento jurídico, como las "multas coercitivas", que contribuya a hacer efectiva la ejecución "forzosa" de las resoluciones de este órgano colegiado.

Sexto año: 495 reclamaciones

En el sexto año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia se presentaron 495 reclamaciones, por lo tanto 166 más que en 2020. Más de la mitad de estas reclamaciones fueron realizadas por algún medio electrónico, incrementándose de forma muy relevante el número de ocasiones en las que se utilizó la sede electrónica de la Comisión (240 en 2021, por 124 el año anterior).

De ellas, 373 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 75,4 por ciento); de las cuales 310 correspondieron a ayuntamientos, 47 a entidades locales menores, 15 a diputaciones y una a una mancomunidad.

Por tanto, casi una cuarta parte de las reclamaciones dirigidas frente a entidades locales fueron presentadas por cargos representativos de las mismas; en concreto 121, de las cuales 94 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos, 24 por vocales de juntas vecinales y tres por diputados provinciales. En cambio, 107 reclamaciones se presentaron frente a la Administración autonómica.

En 379 reclamaciones, su causa era la ausencia de respuestas a las peticiones de información realizadas ante las propias Administraciones, habiéndose incrementando respecto al año anterior el porcentaje de aquellas interpuestas frente a la falta de contestación a solicitudes de información. Por lo tanto, más de tres de cada cuatro tuvieron su origen en una falta de respuesta previa de la Administración correspondiente.

En el caso de las 116 reclamaciones presentadas frente a denegaciones expresas de la información solicitada a las Administraciones correspondientes, los motivos utilizados por estas, de forma más frecuente, para no proporcionarla han sido la protección de datos personales, el carácter abusivo de la petición, la necesidad de reelaborar la información solicitada y el perjuicio para intereses económicos y comerciales. Cuatro de las materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones ante la Comisión de Transparencia han sido las relativas a las actuaciones de carácter urbanístico, empleo público, la información económica y de contratación, así como la protección del medio ambiente.

En 2021, Transparencia adoptó 260 resoluciones, nueve más que las formuladas en 2020. En 148 de estas resoluciones se estimó la petición del ciudadano de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada. Las estimatorias fueron 16 más que en 2020. En 128 de estos supuestos, se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público y 15 se formularon a la Administración autonómica.

Las resoluciones deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los órganos judiciales. En concreto, en 2021 las tres sentencias judiciales dictadas en recursos interpuestos frente a resoluciones de la Comisión de Transparencia han confirmado la postura adoptada por esta.

Por otra parte, un año más es destacable que hasta en 51 ocasiones, una vez que ha intervenido la Comisión ante la presentación de una reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad concernido ha reconocido el derecho del ciudadano a acceder a la información solicitada, aun antes de que la Comisión de Transparencia hubiera dictado la resolución correspondiente.