Greenpeace ha presentado su informe SOS Acuíferos, en el que señala que el 28,12% de las masas de agua de la cuenca del Duero presentan mal estado químico, es decir, están contaminadas; y el 6,25% de estas presentan mal estado cuantitativo (se extrae más agua de la que es capaz de reponer el ciclo natural). Según la organización, "los principales problemas de las masas de agua subterránea de esta cuenca tienen que ver, principalmente, con el sector agrícola y ganadero, tanto la contaminación por nitratos como la sobreexplotación debida al alto nivel de las extracciones en su zona central". Concretamente, "el acuífero de Los Arenales desde hace décadas sufre un exceso de extracciones de aguas subterráneas y contaminación difusa debido a la alta carga agrícola y ganadera".

En este sentido, Greenpeace apunta, como principales contaminantes de las aguas subterráneas, al exceso de nitratos por fertilizantes agrícolas no orgánicos, a los purines de la ganadería industrial y otros compuestos utilizados en la agricultura, a los pesticidas y plaguicidas. El problema de estas aguas con respecto a las superficiales "es que la evolución de los acuíferos es muy lenta y, una vez contaminados, puede llevar décadas su recuperación o ser ya irrecuperables. Hay cuencas que ni siquiera plantean iniciar el camino para revertir su situación", detallan.

La entidad se remite a la Confederación Hidrográfica del Duero, según la que, tal como recogen, "el uso intensivo de las aguas subterráneas afecta a la descarga en fuentes y manantiales, ha invertido el sentido del flujo en la relación río-acuífero, se han movido aguas profundas en acuíferos con contaminación química y se ha producido una desconexión con los ríos y humedales, afectando a ecosistemas dependientes de agus subterráneas". Además, señalan que no se ha mejorado "ni en la reducción del volumen de las extracciones ni en el control y gestión. Tampoco se ha conseguido disminuir significativamente la alta concentración de nitratos, que incluso han aumentado en algunas zonas".

El problema afecta directamente a las poblaciones humanas, pues en la cuenca del Duero, el 67% de los núcleos de población se abastece directamente de aguas subterráneas, lo cual implica que la contaminación de estas puede afectar a la calidad del agua del grifo o dejarlos definitivamente sin este recurso esencial.

SOS Acuíferos

El informe SOS Acuíferos de Greenpeace es una radiografía de las 804 masas de agua subterránea que tiene España, y da cuenta del problema creciente en las reservas de agua en el país. La investigación permite al usuario geolocalizar cualquier ubicación del territorio.

Greenpeace manifiesta, en este informe, que el 44% de las masas de agua subterránea en España se encuentran en mal estado, lo que supone un total de 353 masas, que en extensión superan los 140.000 kilómetros cuadrados, es decir, el 40% de la superficie total que ocupan todas las masas de agua subterránea en España.

En el conjunto del país, el 27% de estas masas se encuentra en mal estado cuantitativo; y el 30%, en mal estado químico. Además, un 14% de las masas se encuentra en mal estado cuantitativo y químico. La organización ha analizado cuencas como la del Ebro, la del Guadiana, la del Guadalquivir, la del Segura, la del Júcar y la del Duero.

Julio Barea, responsable de la campaña de Agua de Greenpeace, señala que "es evidente que España ha descuidado y sigue descuidando sus aguas subterráneas", y tanto es así que "el 22% de ellas no dispone de un sensor que mida la evolución del agua y que permita conocer con detalle su estado cuantitativo en base al nivel freático". Añade que "este descuido llevará a graves problemas en el abastecimiento humano", ya que "en España, el 30% de la población se abastece con aguas subterráneas".

La directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña, ha señalado durante la presentación del informe que "o las confederaciones hidrográficas y los gobiernos, del color que sean, empiezan a tomarse este problema en serio o, de seguir con las mismas políticas de despilfarro, agresión y contaminación del agua, este país puede encontrarse en los próximos años con serios apuros para abordar el abastecimiento. Las previsiones de cambio climático para la Península auguran un descenso significativo de las precipitaciones y de la disponibilidad de agua en superficie, y será entonces cuando haya que aprovechar, aún más, las aguas subterráneas".

Responsables y soluciones

Greenpeace señala como responsables de esta grave situación al Estado y las confederaciones hidrográficas que dependen del Ministerio de Transición Ecológica; a las comunidades autónomas y sus consejerías de medio ambiente y/o agricultura; a agroindustria, las macrogranjas o los fondos de inversión; a los sindicatos de regantes o a las grandes empresas constructoras y distribuidoras.

"Nuestro país cuenta con un recurso anual disponible en sus acuíferos de 29.400 hectómetros cúbicos de agua. Esto, en teoría, sería la cantidad de agua total de la que podría disponer al año si se respetase en todas y cada una de las masas de agua subterránea su capacidad de regeneración. Pero desgraciadamente no se cumple. La situación es grave y la emergencia climática la agravará paulatinamente", alertan.

Por ello, Greenpeace propone algunas medidas para solucionar el problema, como "superar la política hidráulica tradicional, centrada en la ejecución de grandes obras, y abordar una verdadera transición hidrológica justa que responda al actual contexto de cambio climático; reducir el consumo de agua, fundamentalmente por el regadío intensivo e industrial; incluir a la ciudadanía en la gestión del recurso y de los riesgos hídricos; implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos o cerrar el más de un millón de pozos ilegales repartidos por toda la geografía española". 

También añaden la necesidad de "orientar las políticas agrícolas y ganaderas hacia la sostenibilidad y la reducción del consumo, establecer una hoja de ruta para potenciar la agricultura ecológica y reducir la cabaña ganadera en intensivo en un 50% para el 2030, adaptar las políticas forestales a las necesidades del país más árido de Europa; aumentar el presupuesto destinado a la gestión forestal para avanzar en la adaptación de los bosques mediterráneos al cambio climático y, por tanto, en la protección de suelo y agua y cumplir todas las medidas incluidas en el nuevo ciclo de planificación".