La tramitación de las enmiendas presentadas a la proposición de ley por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad de Castilla y León, impulsada por el Grupo Popular, arrancará con seguridad en el mes de abril para su aprobación en este periodo, aunque su proponente ve un escaso margen para aceptar las iniciativas de la oposición.

El objetivo de esta norma, compromiso electoral del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que registró en solitario el Grupo Popular el pasado 9 de octubre, es que “no se toquen” los tres derechos sociales: educación, salud y acceso a los servicios sociales, que absorben el 84 por ciento de los Presupuestos de la Comunidad, en particular en el mundo rural.

La Ponencia para analizar y debatir las enmiendas se convocará con “toda seguridad” en el mes de abril para que esté aprobada al término de este periodo de sesiones en las Cortes (finales de junio), explicó en declaraciones a Ical el portavoz popular de Presidencia, Miguel Ángel García Nieto.

Los grupos de la oposición han registrado un total de 76 enmiendas parciales: 14 corresponden al Grupo Socialista, 18 a UPL, 24 a Soria Ya y 20 a Francisco Igea. De ellas, 23 se dirigen a sanidad, ocho a educación, cuatro a servicios sociales, 16 a Presidencia y 25 a la exposición de motivos (en su mayoría de leonesistas y sorianistas).

“Es una ley pequeña y sencilla, no hay mucho que discutir”, calificó García Nieto, que recalcó que el objetivo es blindar los servicios esenciales, “no retroceder”, que “no se puedan tocar por capricho de un iluminado”, en especial en el mundo rural. “Se eleva a rango de ley lo que se facto está consagrado”, apostilló.

En este escenario, García Nieto advirtió de que “pocas” enmiendas de la oposición se podrán aceptar porque consideró que “tocan” aspectos nucleares de la norma, como el artículo tercero en el que se regula la garantía de la prestación de otros servicios de asistencia sanitaria en el ámbito rural.

“Siempre es apetecible el consenso, y se buscará”, indicó en relación a que una ley para blindar los servicios esenciales de la Comunidad reciba el máximo respaldo en las Cortes. Así, significó que con UPL-Soria Ya “siempre se acercan posiciones”, una abstención “no es poco”, mientras que ve “irreconciliable” la postura con PSOE y Francisco Igea, “echado al monte”, a quien recordó que quiso cerrar los consultorios.

Vox no presentó enmiendas a la proposición de ley, registrada por el Grupo Popular, porque asume su contenido, según precisaron fuentes de este grupo, a lo que García Nieto aclaró que es “normal” el apoyo de uno u otro grupo a las iniciativas que presenten en solitario.

No se pierden servicios

Este apartado, recoge que se mantendrá la ubicación de las infraestructuras y equipamientos públicos de los consultorios en los municipios donde radiquen en el momento de su entrada en vigor de la norma. “No se mueve”, remarcó el popular, ante posibles amenazas de cierre de “algún iluminado”.

Otro apartado que destacó el popular es el artículo sexto relativo a la ampliación y mantenimiento del volumen de la prestación de los servicios autonómicos esenciales en el territorio como garantía de la igualdad en el acceso. En todo caso de suprimirse alguno de los centros o de las zonas de organización territorial, se garantiza el servicio en el cómputo total de la provincia, resaltó.

También, subrayó que la propuesta de supresión de un servicio se elevará al Consejo de Gobierno para su remisión a las Cortes de Castilla y León, por lo que “se tiene que someter” al Parlamento. “No se trata de reordenar, sino de elevar a rango de ley derechos sociales”, aseveró en relación a dudas y criticas planteadas por la oposición.

Registrada en las Cortes el pasado 9 de octubre, llegó su toma en consideración en el pleno del 22 de noviembre con los votos a favor de PP, Vox, UPL-Soria Ya y Por Ávila; la abstención del PSOE y el voto en contra de Podemos y Ciudadanos. El texto, con sus ponentes nombrados, está en la Comisión de la Presidencia.

Las Cortes habilitaron el mes de enero y entre las materias incluyeron la presentación de enmiendas a esta proposición de ley, compromiso electoral del presidente de la Junta de Castilla y León.