El portavoz y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, aseguró este jueves que hasta ahora “no hay evidencia científica objetiva” de que la unificación de la jornada lectiva en los centros escolares sea “mejor” que la jornada partida que aún conservan algunos centros. De cualquier forma, recordó que la decisión de unificar la jornada, como piden algunos centros de la Comunidad, corresponde a Salud Pública, y aseveró que en el caso de que hubiera “evidencias”, así se determinaría. 

Según explicó Igea a la finalización del Consejo de Gobierno, cuando se incrementan los contactos también lo hace el riesgo, lo mismo que ocurre cuando hay más contactos y son “descontrolados”. Sin embargo, en relación a las peticiones de algunos centros que abogan por la unificación de la jornada lectiva, Igea incidió en que “no hay evidencia de un efecto multiplicador de la vuelta al colegio” e incluso aseguró que la incidencia a día de hoy en las aulas de la Comunidad es “muy comparable” a la de la incidencia en el resto de la población. 

Además de la falta de evidencia en este sentido, Igea declaró también que es algo que no está respaldado científicamente pero que “no se está produciendo en otra Comunidad”, al tiempo que insistió en que no es posible tomar una decisión de ese calado “salvo por indicación de riesgo sanitario por parte de la Dirección General de Salud Pública”. 

También en el ámbito educativo, aunque en este caso en el universitario, Francisco Igea se refirió a la decisión de la Universidad de Salamanca de expulsar de forma cautelar a 36 estudiantes por incumplir las normativas educativas y sanitarias con motivo de la pandemia por el COVID-19. El portavoz del Ejecutivo autonómico agradeció esta decisión por parte del rector de la institución académica y pidió al resto “el mismo grado de compromiso que el rector de Salamanca con la salud pública y con la salud e integridad, no solo de los universitarios, sino de toda la población”. 

En la misma línea se expresó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ya advirtió de que las universidades de Castilla y León habían avanzado su intención de ser “muy serios” en esta materia estableciendo actuaciones “lo más estrictas posibles” en el caso de incumplimiento de la normativa. “Cuando se detecta que se incumple algo que puede generar tantísimo problema, apoyamos las decisiones de los rectores en relación a estos temas”, sentenció.