Las universidades públicas de Castilla y León han tenido que adaptar el desarrollo de su actividad ordinaria a las nuevas exigencias de seguridad sanitaria y protección de la salud frente a la COVID-19. Estas modificaciones han afectado de manera significativa a la planificación de la docencia y de la investigación para el curso académico 2020-2021 y les ha supuesto asumir importantes gastos derivados de un refuerzo, tanto de la capacidad tecnológica de los campus virtuales que dan soporte a la comunidad universitaria, como de la formación del profesorado, estudiantes y personal de administración de servicios en metodologías no presenciales y administración digital. Asimismo, estos centros académicos también han implementado medidas concretas para mitigar la brecha digital de los estudiantes universitarios afectados por la pandemia, y, por supuesto, han reforzado las medidas de prevención, señalización, limpieza e higiene de los centros y espacios universitarios, entre otros.

La Consejería de Educación ha previsto destinar en el año 2020, 4,3 millones de euros para atender estos gastos excepcionales de las universidades públicas de Castilla y León, imprescindibles para garantizar su actividad ordinaria y para poder implementar  el modelo de presencialidad segura acordado por las administraciones educativas.

Esta cuantía ha sido distribuida con arreglo a criterios tales como la media de la aportación anual de la Junta de Castilla y León durante los últimos cinco años, la media del número de alumnos matriculados en los últimos cinco años y   la media del número de personal de administración y servicios (PAS) y Personal Docente e Investigador (PDI) con los que ha contado cada universidad durante los últimos cinco años. Así, la Universidad de Burgos recibirá 496.650 euros; la de León, 705.630 euros; la Universidad de Salamanca, 1.570.790 euros; y la de  Valladolid, 1.526.930 euros.