El Consejo de Gobierno aprobó hoy la prórroga de los precios actualmente vigentes del Programa Conciliamos para 2021, con el que se presta atención lúdica a niños de entre 3 y 12 años en periodos vacacionales mientras sus padres trabajan. La previsión es que 8.000 menores hagan uso de estos recursos a lo largo de este año, durante el cual el programa continuará siendo gratuito para las de menor renta, las numerosas de categoría especial y las víctimas del terrorismo o de violencia de género.
Para el resto, la cuota será de cuatro euros diarios en el caso de familias con una capacidad económica de entre 9.000 y 18.000 euros y de seis euros si superan ese umbral. Asimismo, se mantienen las bonificaciones vigentes en los casos en los que dos o más menores de la misma unidad familiar sean usuarios del servicio o se participe en la totalidad del mismo.
Conciliamos ofrece a los progenitores que desempeñan una actividad profesional o cumplen otros criterios reglados en la convocatoria una alternativa para el cuidado de sus hijos durante los días laborables no lectivos de las vacaciones escolares. En concreto, este recurso está disponible en Carnaval, Semana Santa, verano y Navidad, en función del calendario aprobado por la autoridad educativa.
Al programa, que desde el pasado año se oferta en municipios desde 3.000 habitantes, pueden acogerse menores con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años –o hasta 14 se si trata de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo–, que en los periodos citados participan en juegos, actividades plásticas, artísticas o deportivas centradas en la promoción y sensibilización de los derechos de la infancia y en el fomento de la igualdad de oportunidades.
Para ello, es requisito imprescindible que los padres o tutores desarrollen una actividad profesional o formativa encaminada a su inserción durante el periodo vacacional; acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento o deban atender a familiares de primer grado con al menos dicho grado de discapacidad; tengan reconocido el carácter de cuidadores de personas dependientes; participen en un proceso selectivo para el acceso a cualquier administración pública, o padezcan enfermedad grave y/o deban seguir tratamientos médicos que imposibiliten el cuidado de sus hijos.