La Junta de Castilla y León no cede y no prorrogará los contratos de cerca de 150 investigadores tal y como establece la Ley 2/2021 de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta norma permite prorrogar los contratos de investigación que terminen entre el 2 de abril de 2021 y el 1 de abril de 2023, como así denuncian las asociaciones INICIACTIVA (Investigación Activa de la Universidad de Valladolid, Innova Salamanca, y AIF-ULe.

Denuncian que el Ministerio, algunas universidades públicas, como la de Valladolid y la de Salamanca, y otras comunidades autónomas, como Galicia o Aragón, han decidido ya prorrogar estos contratos. Mientras tanto, la Junta de Castilla y León “deja desamparados” hasta a 150 investigadores a los que afecta esta medida y, en concreto, cerca de 75 terminan sus contratos en el mes de julio.

Así se lo han comunicado hoy a las asociaciones de jóvenes investigadores Innova Salamanca, Iniciactiva de Valladolid y AIF-ULe de León, y a representantes de la Universidad de Burgos en una reunión mantenida con la viceconsejera de Universidades e Investigación, Pilar Garcés García, y la directora general de Universidades e Investigación, Blanca Ares González. Los investigadores critican que la decisión implicará un agravio comparativo entre empleados que realizan el mismo trabajo, pero que pertenecen a convocatorias de investigación diferentes.

Las asociaciones se muestran descontentas ante las “excusas” por falta de presupuesto de la Junta de Castilla y León y critican que el Ejecutivo autonómico “presuma de apoyar la investigación, pero abandona a quienes trabajan en ella en su día a día”.

Además, la Junta ha insinuado que la prórroga de los contratos actuales podría suponer un recorte en el número de plazas de próximas convocatorias, por lo que las asociaciones se muestran en contra de esta opción y piensan que “su responsabilidad es encontrar la financiación para todos, al igual que han hecho otras entidades”.

Los investigadores urgen a la Junta, especialmente por aquellos que terminan sus contratos en julio y se verán obligados a parar sus investigaciones o trabajar de forma precaria. Además, planean movilizaciones con el objetivo de convencer a la Junta de que prorrogue sus contratos cuanto antes.