El próximo 23 de julio la ciudadanía española, y también la de Castilla y León, volverá a las urnas para elegir al próximo gobierno de la nación. Un paradigma ya habitual en la última década que vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes temores del profesorado. Precisamente, desde el sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza de la Comunidad, que aseguran estar "agotados", miran con temor que vuelva a haber un cambio en el Ejecutivo nacional y que además este suponga un "retroceso" en los avances que trae la nueva ley de educación (LOMLOE). "Nos preocupa que pueda haber un retroceso de estos avances en la nueva ley de educación", han reiterado.

STECyL-i ha celebrado este lunes una rueda de prensa para hacer un balance de todo lo acontecido en este último curso a la vez que ha marcado las pautas o los retos más complicados a los que se enfrentan de cara al año que viene. La portavoz del sindicato, Christina Fulconis, ha puesto en valor el esfuerzo "importantísimo" del profesorado para implantar esta nueva ley que "cambia el paradigma", ya que se pasa hacia un método competencial más que de contenidos. "Nos tenemos que, aunque es algo que viene de Europa, haya algún tipo de retroceso", ha valorado preguntada sobre el posible cambio en el Gobierno de España.

No obstante, en su balance han puesto sobre la mesa diversas cuestiones a las que se ha enfrentado todo el profesorado de Castilla y León y a los retos del futuro: implantación de la gratuidad de las aulas de 0 a 3 años, la implantación de la LOMLOE, la aplicación del acuerdo del 24 enero de 2022, las retribuciones, la reducción del horario lectivo al profesorado mayor de 55 años, la exigencia de un cuerpo único docente, las oposiciones e interinidad en Castilla y León, la Formación Profesional o la red de Detección y Alerta para cuidar la salud mental.

"Llueve sobre mojado, pensamos que merecemos un poco de atención y unas bases en las que trabajar con estabilidad", ha reivindicado Teresa Vicente, secretaria de Acción Sindical de STECyL-i. En su valoración han comenzado con la "improvisada" implantación de la gratuidad de las aulas de 2 a 3 años. Desde sindicato han afirmado que la etapa de 0 a 6 años es "plenamente educativa" y rechazan la "concepción asistencial". "Pensamos que en la manera en la que han implantado la gratuidad se ha tenido más en cuenta esa etapa asistencial", han insistido.

Han puesto el foco sobre las "carencias serias" que hay de material y han asegurado que no se han tenido en cuenta las "obras necesarias" para adecuar las instalaciones a un alumnado que tiene unas necesidades "muy específicas". "No se hizo un estudio previo de las necesidades, tampoco se ha desarrollado un mapa escolar. Esto ha supuesto la consolidación de la oferta privada y concertada en detrimento de la pública", ha aclarado Vicente.

En este sentido, la secretaria de Acción Sindical ha aseverado que las escuelas privadas y concertadas "ya tenían preparadas las instalaciones" y por ende ha sido "más fácil" dotar de "gratuidad" a estos centros. Ante la implantación de dicha educación gratuita a los alumnos de 1 a 2 años el próximo año han exigido que se actúe con "responsabilidad" y haya una adecuación de las aulas, además de apostar de manera "decidida" de los ciclos de 0 a 3 años también en el medio rural.

En lo que respecta a la implantación de la LOMLOE, han calificado este curso como "complicado" para la comunidad educativa porque la publicación de los currículos de las distintas enseñanzas fue el 30 de septiembre, sin que después se publicasen las órdenes de desarrollos de los mismos y provocando una "gran incertidumbre" sobre cómo actuar ante las distintas cuestiones como la atención a la diversidad.

Asimismo, han puesto de manifiesto que la formación ofrecida a los docentes es "mayoritariamente online" y "no es suficiente" para la tarea que han de acometer. Además, han denunciado que el profesorado de Castilla y León ha acabado el curso "agotado" por el gran incremento de la documentación exigida para cumplir con la burocracia que se les solicita desde la Administración.

De la misma manera, han advertido de que las modificaciones tanto metodológicas como de contenidos llevadas a cabo en los cursos impares han sido con "prisas y sin el análisis y el debate necesario" para que sean validos en la mejora de la calidad educativa. También han recalcado que la evaluación realizada en este fin de curso se ha hecho con unas aplicaciones "obsoletas, ineficaces y farragosas, llenas de ítems y apartados" que han puesto más "dificultades" a una tarea que ya de por si es "compleja".

Estos hechos les han llevado a denunciar que una vez más una reforma educativa ha servido como "excusa para utilizar la educación" para el "enfrentamiento político" y por eso, ante la posibilidad de nuevos cambios legislativos tras el 23-J, exigen un pacto social y educativo estatal que "deje a un lado las desavenencias políticas y ponga en el centro el futuro de la Educación".

En lo que respecta a la aplicación del Acuerdo de 24 de enero de 2022, que específica la reducción del horario lectivo del profesorado, a la espera de la llegada de las 35 horas, han valorado que es "esencial", dado que ha permitido crear empleo docente pero que tiene "sombras" en la falta de la implantación en las plantillas de Primaria e Infantil.

Otras de sus reivindicaciones históricas es la "necesidad" de llegar a acuerdos para la mejora salarial de los docentes de Castilla y León ante la subida de la cesta de la compra y las energías, dejando a los profesores de la Comunidad como los "peores pagados de todo el Estado".

De la misma forma, exigen la reducción del horario lectivo para el profesorado de más de 55 años, algo que permite la LOE desde 2006 y que consideran que "no es de recibo" que comunidades como Andalucía o Navarra lo hayan aplicado pero que desde la Consejería de Educación de la Junta se diga que "no". Otra de sus apuestas es la de la creación de un cuerpo único docente que acabe con la "discriminación salarial y profesional". 

Respecto al proceso de estabilización del profesorado, han explicado que en Castilla y León serán 366 personas las que a partir del 1 de septiembre ocuparán una plaza como funcionarios de carrera en las distintas provincias, pero denuncian que estas ofertas de empleo y la aplicación de las 35 horas "no se va alcanzar el 8% de interinidad" que marca la Ley 20/2021.

Preguntada por los retos "más complicados" de cara al próximo curso, para Fulconis es clave "mejorar el tema de la evaluación" y reducir la burocratización. "Existe un incremento exponencial de los informes y los documentos en todas las materias que tiene que aportar el profesorado que no siempre sirven para mejorar la calidad educativa. No puede seguir haciendo documentos, documentos y documentos, tiene que dedicar un tiempo suficiente para trabajar con su alumnado", ha subrayado.

También se ha marcado como reto la implantación de las 35 horas y ha apostado por incrementar las plantillas para que todo el profesorado de secundaria cuente con 17 horas lectivas. "Reducir el número de horas al profesorado es reducir el número de grupos que atiende y alumnos. Es volver a recuperar aquello que perdimos", ha sentenciado.