El reto de los alumnos con discapacidad auditiva en CyL: muchas horas en clase sin intérprete

Estudiar siendo un niño con discapacidad auditiva es todo un reto en Castilla y León. Es cierto que existen muchos avances y que la administración pública intenta hacerlo todo más sencillo, pero hay ciertos impedimentos que todavía hace que el modelo de escuela inclusiva esté lejos.

La idea es crear un sistema educativo que posibilite que los niños con discapacidad auditiva puedan acceder al aula ordinaria, beneficiarse de las mismas oportunidades educativas que sus compañeros oyentes y, algo todavía más importante: ser parte integrante de nuestra sociedad desde pequeños. Sin embargo, está costando, por eso, el Procurador del Común ha realizado de oficio un informe para poner en conocimiento de la Consejería de Educación la situación que vive este colectivo y sus familias.

Según los datos proporcionados por la Consejería de Educación, el número total de alumnos con discapacidad auditiva en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla y León es de 401. De ellos, 73 cuentan con el servicio de Intérpretes de Lengua de Signos Española, 131 tienen asignadas emisoras FM y el resto cuenta con otros recursos entre los que se encuentra el apoyo de maestros de Audición y Lenguaje.

En esta resolución, el Procurador deja claro que las Administraciones educativas están “obligadas a asegurar los recursos necesarios” a estos alumnos para que puedan alcanzar el “máximo desarrollo posible de sus capacidades personales” y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Un tirón de orejas desde este órgano para que las direcciones provinciales se pongan las pilas.

Por ello, el órgano presidido por Tomás Quintana se ha dirigido a la Consejería de Educación para que, entre otras medidas, se proporción los medios personales y materiales que garanticen un modelo educativo inclusivo y de calidad para dicho alumnado. “Ello supone la detección precoz de la discapacidad, una intervención personalizada y adaptada a las concretas necesidades del alumno, y un seguimiento de las medidas y apoyos vigentes en cada momento para efectuar, en su caso, los cambios que resulten precisos”, explica el Procurador.

Un patrón que se repite en todas las provincias

Por su parte, este medio se ha puesto en contacto con la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos del Sordo de Castilla y León, que como ya hiciera Aransbur, la asociación de Burgos, ha manifestado su “malestar”, un hecho que se repite en todas las provincias, “la falta de apoyos que aseguren el 100% de acceso a los contenidos académicos”, algo que confirma esta resolución del Procurador.

Entre sus reivindicaciones se encuentra el “claro retroceso en la atención educativa” que sufren los escolares con discapacidad auditiva. El PC ha recogido su demanda de incrementar los recursos humanos y materiales, ahora bien, confirman que compartir intérprete no ayuda porque cada niño tiene un nivel educativo diferente.

Por su parte, el Común también propone en su resolución de oficio que el servicio de Intérpretes de Lengua de Signos Española debe prestarse a todo aquel alumnado que manifieste su deseo de ver reconocido su derecho a utilizar dicha Lengua en el ámbito educativo, al margen de cualquier otro tipo de circunstancia o condicionante.  Asimismo, asegura que debe estudiarse y valorarse la oportunidad de incluir a los Intérpretes de Lengua de Signos en el personal al servicio de la Consejería de Educación, como opción a la prestación indirecta del servicio a través de la modalidad de contrato administrativo, a los efectos de garantizar una mayor integración de los profesionales en los centros educativos y una mayor eficacia del servicio.

En este caso da la razón también a la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos del Sordo de Castilla y León que lo lleva reclamando desde hace mucho tiempo para que formen parte del profesorado como personal laboral de la Junta de Castilla y León sin embargo, se sigue apostando por las contrataciones externas

El Procurador también señala otro apartado importante, como con las actividades escolares, que en estos momentos “constituyen una parte fundamental del derecho a la educación”. Aquí se ha comprobado que los alumnos con discapacidad auditiva no tienen garantizada su participación en las actividades extraescolares bajo el principio de inclusión, ya que a estas horas ya los profesores no suelen seguir en el centro escolar, por eso solicita que se “amolden a las exigencias de diseño universal, o que se lleven a cabo con los ajustes razonables imprescindibles para garantizar dicha participación”.

Así, se exige "la determinación de los apoyos que, en concreto, precisa el alumnado con discapacidad auditiva, ya sean medidas de carácter meramente organizativo (por ejemplo, una determinada ubicación del alumno en el aula), la dotación de un sistema FM, o la asignación de Intérpretes de Lengua de Signos, en especial para aquellos alumnos que son usuarios de esta Lengua o que la tienen como lengua materna, debe realizarse conforme a criterios profesionales y objetivos, los cuales están implícitos en los informes de evaluación psicopedagógica que elaboran los equipos de orientación educativa y psicopedagógica conforme a lo dispuesto".

Valoraciones trimestrales

Quintana reconoce que, para comprobar que los apoyos que recibe cada alumno con discapacidad auditiva son los adecuados a los efectos de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades, "también es preciso hacer sucesivas valoraciones sobre la idoneidad de la intervención, las cuales deberían llevarse a cabo, al menos, en cada trimestre del curso escolar".

La Consejería de Educación confirma que el seguimiento de las medidas pautadas se realiza trimestralmente por parte de todo el equipo docente que atiende al alumnado, y que, además, en el caso de que se detecte en cualquier momento que la respuesta educativa que se está dando a un alumno no es la idónea, los cambios y/o modificaciones y adaptaciones necesarias se implementan en ese momento.