Este viernes, desde CCOO han denunciado la situación en la que se encuentran las universidades públicas de la Comunidad.
La secretaria general de las universidades públicas de Castilla y León, Elena Calderón, acompañada de Carmen Mascaraque, responsable de la secretaría de universidades de la FECCOOCYL han hecho participe de esta problemática.
Todo comenzó con la publicación de la LOSU. Para poder tratar esta ley se han dirigido a la consejería de Educación, a la directora general de universidades y, en última instancia al director general, sin embargo, “como es habitual últimamente en esta administración, no hemos recibido respuesta”, manifestaba Calderón.
Por ello, su último recurso es acudir a los medios, quieren transmitir las necesidades que tienen las cuatro universidades de Castilla y León para aplicar la LOSU, desde Comisiones Obreras piensan que con la LOSU hay que abordar reformas esenciales para resolver reajustes como la precarización, la temporalización, el envejecimiento.
“Creemos que aquí la Junta de Castilla y León tiene que adaptar la normativa autonómica en materia de universidades con la nueva ley, ya que establece numerosas competencias para las comunidades autónomas” apostillaba Mascaraque.
Muchas de esas situaciones están relacionadas con el personal de las universidades. “Para ello pedimos a la Junta de Castilla y León que modifique varios decretos, que son el 67/2013 del 17 de octubre, que afecta al PDI, al profesorado docente investigador laboral” continuaba diciendo Mascaraque.
Con ello, se podría seguir negociando el segundo convenio colectivo del PDI y contratar a más personal en las universidades de Castilla y León.
También han solicitado modificar el Real Decreto 132/2002 que, en este caso, afecta al personal docente investigador funcionario con sus complementos retributivos autonómicos.
“Hay que modificar la ley de universidades de Castilla y León, que se aprobó en el 2003 y se modificó por última vez en el 2017, entonces habría que adaptarla a la nueva ley orgánica”.
A sus propuestas se suma la constitución de una mesa de negociación con las organizaciones más representativas del personal de las universidades, para poder garantizar el adecuado cumplimiento de la LOSU.
“Como dice el artículo 102.3 de la Ley de la Función Pública de Castilla y León: ‘se constituirán mesas sectoriales de negociación en los sectores específicos’. Y una de ellas es la del personal de universidades, pero no tenemos esa mesa” proseguía la responsable de la secretaría de universidades.
Con la creación de esta mesa de negociación han asegurado que se podrían evitar situaciones como la que ya ocurrió con la aplicación de los fondos adicionales para el personal de las universidades públicas de Castilla y León.
En aquella ocasión, sí que se acordó en la mesa general de negociación de la Administración de Castilla y León, pero no se llegó a concretar la cuantía de los fondos destinados al sector de universidad, ni el procedimiento para su asignación a cada uno de los empleados públicos de las cuatro universidades.
Otra propuesta para la Junta de Castilla y León es que “elabore una programación plurianual que en coordinación con las universidades que nos permita aprobar un plan de financiación que deberá cumplir con los criterios establecidos en la LOSU”.
Esto es “imprescindible” para asegurar una financiación suficiente del servicio público, tal y como se establece en el artículo que ha citado la secretaria, el 256 de dicha ley, en concreto, en el apartado de financiación estructural, donde se aborda la financiación y las retribuciones del personal de las universidades.
“Este plan de financiación nos permitiría desbloquear la negociación de los convenios colectivos de aquí de Castilla y León, tanto del personal técnico de gestión y administración laboral, como del personal docente investigador contratado”, manifestaba Mascaraque.
Ahora mismo, las universidades tienen bloqueado ese sistema de financiación con el argumento de que “no tienen recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades de las universidades en materia del personal, ni tan siquiera a lo que obliga la LOSU".
"En esta insuficiencia financiera también hay una discriminación”, reiteraba la secretaria.
Si este tema se tratara de forma correcta cuentan que se podría hacer una contratación de 455 profesores ayudantes doctores.
En julio de este año, un estudio sobre el sistema educativo de Castilla y León, de las universidades públicas, elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, en el que se evalúan las políticas públicas de la Junta, se habla del cumplimiento de la Ley 3-2003 de Universidades de Castilla y León.
Y es que en la actualidad, la Junta de Castilla y León no cuenta con una planificación estratégica a medio y largo plazo que aborde el sistema universitario de Castilla y León.
Tampoco con un plan de financiación prioritaria anual que oriente a las universidades al logro de determinados objetivos estratégicos concretos en resultados y que reconozca a través de incentivos a las universidades y a su personal.
“Lo que no podemos hacer es estar sin financiación para las universidades de Castilla y León. Entonces es un problema grave. Es lo mismo que ahora cuando nos anuncian la creación de las nuevas universidades, que lógicamente ya es hora porque se necesitan muchísimas más plazas públicas”, decía Elena Calderón.
Finalmente, concluía diciendo que “si no somos capaces de financiar lo que tenemos actualmente, difícilmente vamos a volver a financiar lo propio”, sentenciaba. Si no logran una reunión procederán a hacer movilizaciones en las universidades.