Mucha repercusión ha tenido la acusación que el exjugador del Real Valladolid, Borja Fernández, realizó este jueves contra los jueces y juezas de Valladolid a los que calificó de “mierdas” por no encausar a los agentes policiales que efectuaron el registro de su vivienda en 2019 durante el 'Caso Oikos' de amaños de partidos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha salido al paso ofreciendo todo tipo de detalles de cómo se realizó este proceso. “La entrada y registro en la vivienda del investigado, efectuada por la Policía el 28 de mayo de mayo bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid, se realiza en cumplimiento de una orden judicial emitida por el juzgado de Huesca que instruye la causa”, ha asegurado en un comunicado al que ha tenido acceso este medio.

Desde el TSJCyL se va relatando los hechos. “El Juzgado de Instrucción 5 de Huesca, encargado de la investigación, dictó en mayo de 2019 auto ordenando la entrada y registro de la vivienda del investigado. Para la ejecución de esa entrada y registro, el Juzgado de Instrucción 5 de Huesca, solicitó el auxilio de los juzgados de Valladolid. La petición de cooperación judicial recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid”.

Así, prosigue el comunicado, en aquel momento, 27 de mayo de 2019, las diligencias estaban declaradas secretas por el juzgado de Huesca, por lo que el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid recibió una copia de la parte dispositiva del auto en la que se ordenaba la entrada y registro. “El Juzgado vallisoletano recibió esa petición de cooperación judicial el día 27 de mayo y, con el auxilio de la Policía Nacional, efectuó el registro el día 28, tal y como se solicitaba en el escrito enviado desde el juzgado oscense”.