La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) estima que el pago de las facturas pendientes por parte de las administraciones públicas supondría una inyección de liquidez en Castilla y León de 630 millones de euros.

Según ha informado a través de un comunicado remitido a Europa Press, estos pagos "no tendrían coste ni riesgo de impagos para las arcas públicas", pero "sí un efecto muy positivo e inmediato para el tejido empresarial".

A nivel nacional, este montante asciende a 14.000 millones de euros, según la estimación de la PMcM, cuyo presidente, Antoni Cañete, ha subrayado "los beneficios e impacto que tienen medidas como el plan de pago a proveedores" y "salvó multitud de puestos de trabajo y empresas".

Los más de 630 millones de euros calculados en Castilla y León corresponden a los pagos corrientes de las administraciones que tienen retrasados, según la información publicada a noviembre de 2019.

Por otro lado, la PMcM ha valorado la línea de fondos de crédito ICO y los recursos que aporta, pero ha reconocido su "preocupación" por que "a estas alturas no estén aún establecidos los mecanismos y condiciones de concesión de dichos créditos, y que estos no sean ágiles, tal y como está pasando en algunas comunidades".

En lo que se refiere a la suspensión de los contratos públicos afectados por la crisis del coronavirus, ha advertido de que las medidas de protección a los contratistas --mediante la concesión de subvenciones por las pérdidas incurridas por la cancelación temporal de dichos contratos-- "no tienen su reflejo sobre los subcontratista implicados en los mismos contratos, que no podrán beneficiarse de las mismas subvenciones, teniendo en cuenta que estos son principalmente pymes y autónomos".

Asimismo, la PMcM ha instado a que se elimine, para la próxima liquidación del IVA, la anticipación a la Hacienda Pública del IVA facturado y no cobrado.