La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y los sindicatos CCOO y UGT han propuesto al Gobierno que se extienda por seis meses la fuerza mayor para tramitar ERTE en el sector turístico para protegerse ante la crisis del coronavirus, pues esta actividad tardara más en reanudarse.
Esta propuesta, que se encuentra entre las que han elevado al Gobierno con el objetivo de hacer frente a la crisis del coronavirus, incluye el compromiso de realizar todas las acciones necesarias para la recuperación de la actividad, la pervivencia de las empresas y el mantenimiento del empleo.
Sindicatos y Confederación consideran que la fuerza mayor derivada del estado de alarma, que ha suspendido la actividad productiva, persistirá específicamente en este sector una vez se levante este período decretado por el Gobierno, ya que continuarán las restricciones a la movilidad y al transporte, no solo en España sino en el ámbito internacional. "Esto provocará que la actividad tardará más tiempo aún en recuperarse", alertan.
Por ello, se solicita la concurrencia de esa fuerza mayor y en las condiciones actuales al menos por un periodo inicial de seis meses, "sin perjuicio de que este se amplíe si persistieran las circunstancias y previa consulta a los agentes sociales del alojamiento turístico español".
Asimismo han indicado que la Administración Pública deberá tener en cuenta esta circunstancia a la hora de tramitar los ERTEs, con los efectos de exención de cuotas empresariales a la Seguridad Social y de protección específica por desempleo a las personas trabajadoras que vean suspendidos temporalmente sus contratos o reducidas sus jornadas.
Los agentes sociales también hacen un llamamiento al Ejecutivo para que garantice una protección por desempleo para los trabajadores en situación de ERTE, incluidos los contratos fijos discontinuos, mediante prestaciones y ayudas públicas suficientes, sin exigencia de carencia, y la reposición de las prestaciones que pudieran consumirse durante la situación legal de desempleo temporal.
Teniendo en cuenta los importes y los topes de las prestaciones por desempleo, se pide que los trabajadores afectados por ERTE perciban en la fecha estipulada en sus convenios colectivos el importe total de la paga extraordinaria de verano correspondiente.
Por su parte, para paliar los efectos del ERTE en la renta inmediata de los trabajadores, se acuerda que las empresas abonen, a quienes lo soliciten, el adelanto de la referida paga extraordinaria completa antes de su vencimiento.
PROTECCIÓN AL CONTRATO FIJO DISCONTINUO
También solicitan protección para los trabajadores fijos discontinuos. Cehat, CCOO y UGT se comprometen a que los trabajadores con esta modalidad contractual sean llamados por las empresas en la fecha que inicialmente prevista y, posteriormente, a que se les incluya en el correspondiente ERTE, como al resto de la plantilla.
Otra medida solicitada es que se establezca un periodo de doce meses de carencia en las amortizaciones de capital en las operaciones financieras que apalancan la actividad, pagando solo los intereses de esas operaciones y devolviendo el capital mediante la ampliación de esos meses en el vencimiento inicial.
También reclaman una exención del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las novaciones de los préstamos y la aplicación de unos aranceles máximos tanto notariales como registrales.
REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Una vez reanudada la actividad productiva, hoteleros y sindicatos se comprometen a desplegar todos los medios preventivos que garanticen en todo momento la seguridad y salud de los trabajadores y clientes.
A tal efecto proveerán de equipos de protección individual homologados y aplicarán las medidas de contención fijadas por las autoridades sanitarias, en cuya instauración se está trabajando.
La patronal de alojamientos turísticos se compromete también a no recurrir a trabajo temporal o contratos de duración determinada hasta el reingreso de la totalidad de la plantilla afectada por ERTE por fuerza mayor.
Asimismo, se ha acordado que se adopten previsiones de manera que puedan vincularse mejoras de la prestación por desempleo a cargo de las empresas, cuando estas alcancen niveles de ocupación o actividad adecuados.