El Consejo de Cuentas de CyL incorpora la auditoría informática a su actividad fiscalizadora

El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado este miércoles las directrices técnicas para la realización de dos nuevas auditorías especiales referidas al sector público local, dentro del Plan Anual de Fiscalizaciones 2020.

Así, se inician los trabajos para la elaboración de los informes "Fiscalización de la situación de seguridad informática en las entidades locales" y "Análisis comparativo de la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en las diputaciones provinciales", han informado a Europa Press fuentes del Consejo.

La sesión plenaria de este miércoles es la tercera que celebra el Consejo de Cuentas utilizando el sistema de videoconferencia durante el periodo de estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

En la celebrada el pasado 3 de abril ya obtuvieron el visto bueno del Pleno las tres primeras directrices técnicas de fiscalizaciones correspondientes al Plan Anual 2020, programación integrada por un total de 17 nuevas auditorías.

En relación al primero de los informes, representa una importante novedad en la actividad fiscalizadora del Consejo de Cuentas tras incorporar a su plantilla la especialización de la auditoría informática.

En este sentido, la institución tiene en consideración que, en la actualidad, el sector público desarrolla su actividad en un entorno altamente informatizado e interconectado a través de Internet con ciudadanos, otros entes del sector público, empresas, etcétera.

En este contexto, la dependencia de las entidades del sector público con respecto a las tecnologías de la información y las comunicaciones, implica que están asumiendo riesgos nuevos, especialmente relacionados con la exposición de sus sistemas de información a un mundo interconectado.

Para gestionar los riesgos asociados a este nuevo entorno, deben ser capaces de establecer los controles básicos de ciberseguridad, que permitan proteger los datos y los activos de la organización frente a las amenazas, minimizando su exposición y asegurando la recuperación en caso de que alguna llegara a materializarse.

Se trata de una auditoría operativa con el objetivo de analizar las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados para la implantación de los controles básicos de ciberseguridad, así como su grado de efectividad, han añadido las mismas fuentes.

Para esta fiscalización se ha fijado el ámbito subjetivo en los siete municipios con población de 10.000 a 20.000habitantes de Castilla y León (Astorga, La Bañeza, Villaquilambre, Béjar, Ciudad Rodrigo, Santa Marta de Tormes y Benavente), al tratarse de ayuntamientos con tamaño suficiente para que se disponga, previsiblemente, de una estructura de TIC con cierta complejidad.

Además, al ser un número reducido, permite la realización de pruebas y la comprobación in situ de los aspectos que sean precisos.

RECAUDACIÓN EN DIPUTACIONES

En cuanto a las directrices técnicas del informe 'Análisis comparativo de la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en las diputaciones provinciales', el ámbito del trabajo recae sobre las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León.

Se trata de una fiscalización específica, de carácter operativo, y se centra en el análisis de la gestión recaudatoria que las mismas llevan a cabo por delegación para los municipios, evaluándose la eficacia de esta gestión, a través de los distintos sistemas y procedimientos empleados en cada una de ellas.

La Ley de Bases del Régimen Local establece específicamente como una de las competencias propias de las diputaciones la de asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

El Consejo de Cuentas considera de particular interés realizar un análisis de la gestión recaudatoria que llevan a cabo las distintas diputaciones para los pequeños municipios, evaluando su alcance, eficacia y coste para estos.

Las actuaciones fiscalizadoras se referirán fundamentalmente al ejercicio 2019, sin perjuicio de las comprobaciones relativas a otros ejercicios que pudieran estimarse necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos propuestos.