Carlos Fernández Carriedo: "El mayor riesgo para el empleo sería una recaída"

El consejero de Economía de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha descartado hoy que la elección "no es entre prudencia y mundo económico", y ha abogado porque "el desconfinamiento se haga con seguridad y con garantías para las empresas; el mayor riesgo para el empleo sería una recaída", ha subrayado.

Además, ha recordado que todas las empresas de los sectores industrial, construcción, agroalimentación y agricultura pueden estar ya abiertas, "nos queda seguir avanzando en actividad comercial y de hostelería", pero ha insistido en que la salida se produzca con las mejores condiciones de seguridad posible.

La Junta está respondiendo a las nuevas necesidades de las empresas financiando un 64,4 % más de solicitudes que en el primer cuatrimestre de 2019. Asimismo, se ha incrementado la necesidad de capital circulante que pasa del 44,3 % del total financiado en el primer cuatrimestre de 2019, al 66,7 % en el mismo periodo de 2020 y desciende la necesidad de capital para inversión que pasa del 54,2 % en el primer cuatrimestre de 2019, al 27,7 % de enero a abril de 2020.

La Junta aprobará un nuevo aplazamiento en el pago de tributos autonómicos que alcanzará a más de 114.000 contribuyentes por un importe de 120 millones de euros, pondrá en marcha nuevas medidas para multiplicar los fondos de liquidez para Pymes y autónomos, habilitará ayudas directas en créditos para más de 30.000 autónomos, y creará un fondo de recuperación para empresas.

Carlos Fdez. Fernández Carriedo demanda al Gobierno una distribución justa del nuevo escenario de estabilidad presupuestaria incluyendo déficit y deuda, y un mayor margen económico a las Comunidades Autónomas de los nuevos recursos procedentes de la Unión Europea para abordar los costes de la crisis sanitaria.

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), ha impulsado 1.294 proyectos de empresas, con ayudas y préstamos por valor de 164,7 millones de euros, que suponen la creación o el mantenimiento de 3.431 empleos con una inversión inducida de 194,8 millones de euros, a través de la Lanzadera Financiera en el primer cuatrimestre de 2020.

Estas cifras suponen un 64,4 % más de empresas financiadas de enero a abril de 2020 que en el mismo periodo de 2019, cuando se contabilizaron 787 proyectos con ayudas o préstamos por valor de 135,5 millones de euros.

Más demanda de capital circulante

En cuanto a la finalidad de las solicitudes de financiación, la mayor parte se destina a capital circulante con el 66,7 %, frente al 44,3 % del mismo periodo de 2019. Las necesidades de capital para la inversión suponen el 27,7 % del total en el primer cuatrimestre de 2020, frente al 54,2 % del mismo periodo de 2019. El resto se dirige a proyectos de reestructuración o de inversión y circulante a la vez, con un 5,5 % entre enero y abril de 2020, frente al 1,5 % del mismo periodo anterior.

Si se tiene en cuenta las solicitudes de financiación de los dos últimos meses, desde el inicio del estado de alarma hasta la fecha, las necesidades de liquidez de las empresas aumentan hasta el 81 % frente al descenso de la financiación a la inversión que baja hasta el 13 %.

Por otra parte, la financiación se han repartido entre el sector comercial con un 22,5 %, el sector servicios con un 21,7 %, hostelería con el 17,1%, y el sector agroalimentario con el 12,9 %. Asimismo, el 3,9 % se ha dirigido al sector transformador del metal, el 3,6 % a fabricación de equipos, y el 3,4 % al sector del transporte. El resto se reparte, entre otros, en el sector químico-farmacéutico, las TICs y el sector manufacturero de la madera.

Estas ayudas directas y préstamos avalados son un recurso imprescindible en este momento para que las empresas de la Comunidad cuenten con la liquidez necesaria y puedan superar la crisis económica consecuencia de la crisis del COVID-19.

Liquidez para empresas afectadas por la crisis sanitaria

La Consejería de Economía y Hacienda está preparando una nueva línea de ayudas para mejorar la liquidez de Pymes y autónomos que se denominará ICE Financia COVID-19. Esta línea, que se desarrollará a través del ICE e Iberaval SGR, facilitará los avales a los préstamos de entre 40.000 y 300.000 euros, hasta 5 años y 12 meses de carencia, con una bonificación del 2 % de los costes financieros y de los gastos de Iberaval.

ICE Financia COVID-19 será la quinta línea de apoyo extraordinaria que la Consejería de Economía y Hacienda pone en marcha para hacer frente a la crisis causada por la pandemia.

Así, entre las ayudas directas y financieras se encuentran las cuatro líneas extraordinarias que la Junta ha habilitado para responder a la emergencia sanitaria y facilitar liquidez a más de 3.000 pequeñas y medianas empresas y a autónomos por valor de 100 millones de euros frente a la crisis sanitaria. En conjunto, estas cuatro medidas ya han facilitado 88,6 millones de euros a 1.165 empresas.

La primera de estas líneas, dirigida a aportar liquidez a autónomos y microempresas ya ha financiado 551 propuestas, por 11,6 millones de euros. La segunda, destinada a promover el mantenimiento de la actividad empresarial, ha resuelto 266 solicitudes, por 28,7 millones de euros. La tercera, que responde a necesidades relacionadas con soluciones digitales, implantación del teletrabajo seguro y modernización, ha facilitado ya 37,9 millones de euros para ayudar a 312 empresas. Por último, la que permite aplazar las cuotas de los préstamos de los programas de reindustrialización y crecimiento empresarial, ha respondido a 36 solicitudes, con 10,4 millones de euros.

Además, la Junta de Castilla y León ha impulsado un acuerdo entre Iberaval y Reale Seguros para promover préstamos avalados bonificados e inyectar 6 millones de euros en financiación a Pymes y autónomos afectados por el impacto socioeconómico de la crisis. Bonifican préstamos avalados para el anticipo de las subvenciones del ICE a la internacionalización y los solicitados por empresas con necesidades de liquidez para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia.

El ICE también está aplazando el pago de las rentas y servicios a las empresas instaladas en inmuebles de su propiedad en los parques tecnológicos y parques de proveedores de la Comunidad durante el estado de alarma. De ello pueden beneficiarse más de 50 empresas que ocupan en torno a 100 oficinas en 16 edificios, por 250.000 euros cada mes.

37 líneas de ayudas abiertas y disponibles

La Consejería de Economía y Hacienda cuenta este año con medidas para impulsar la competitividad e innovación de las empresas, por valor de 112 millones de euros aprobadas para el ICE, que mantiene abiertas y disponibles 37 líneas de ayuda o financiación para que las empresas puedan reaccionar ante un amplio abanico de necesidades que pueden surgir en sus proyectos.

A las cuatro líneas extraordinarias establecidas para aportar liquidez por valor de más de 100 millones a las empresas afectadas por la crisis de la Covid19, se suman 13 convocatorias abiertas de subvenciones directas a fondo perdido para creación de empresas, proyectos de inversión en Pymes, fomento de la innovación en Pymes, proyectos de I+D, transferencia de conocimiento en Pymes, incorporación de TIC en Pymes, proyectos de I+D en el sector TIC, planes estratégicos de I+D, proyectos de I+D genérica realizados por los centros tecnológicos, expansión internacional, incentivos regionales, Miner y Miniminer.

Además, el Instituto cuenta con 12 líneas de crédito en colaboración con Iberaval, dentro del programa ICE Financia. Estos préstamos avalados cubren necesidades tales como microcréditos para emprendedores, apoyo financiero al mundo rural, al comercio, al sector agroalimentario, al turístico, proyectos de inversión y expansión de empresas, capital circulante, autónomos y microempresas, apoyo financiero a la I+D+i, reactivación económica, plan de crecimiento y de reemprendimiento.

A esto se añaden tres líneas:  los dos instrumentos  financieros de garantías para el crecimiento empresarial y para proyectos de I+D y empresas Innovadoras, cofinanciados por FEDER; y una línea para la  gestión en Castilla y León de los préstamos del programa Reindus de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por último, el ICE ofrece cinco programas de capitalización en colaboración con Sodical destinados al capital riesgo, capital semilla, crecimiento innovador, consolidación de empresas innovadoras y emprendimiento con componente innovador.

Nuevas medidas de apoyo económico

La Consejería de Economía y Hacienda ha puesto ya medidas en marcha para hacer frente a la crisis del COVID-19. Asimismo, está diseñando nuevas actuaciones que se pondrán en marcha con el objetivo de:

- Aprobar un nuevo aplazamiento en el pago de tributos autonómicos mientras dure el estado de alarma, que alcanzará a los 114.000 contribuyentes beneficiados por un importe total estimado superior a 120 millones de euros. Hasta la fecha se han aplazado 70 millones de euros a 67.500 contribuyentes. Hasta el 14 de mayo, 25.900 contribuyentes habrían podido aplazar el pago correspondiente al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por valor de 27 millones de euros, y más de 41.600 contribuyentes lo habrían hecho en los de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados de personas físicas, Pymes y autónomos, cuya cuantía asciende a 43  millones de euros.

- Duplicar los fondos de liquidez que se han activado hasta ahora para las empresas para evitar la destrucción de tejido empresarial.

- Poner en marcha ayudas directas vinculadas a un crédito para ayudar a más de 30.000 los autónomos que mantienen su actividad con ingresos reducidos.

- Contar, a medio plazo, con un Fondo de Recuperación para empresas que se nutrirá mediante la colaboración del Banco Europeo de Inversiones.

Demandas al Gobierno de España

La Consejería de Economía y Hacienda ha priorizado la necesidad de una profunda revisión de las necesidades de financiación de la Comunidad para hacer frente al nuevo escenario tras la crisis. Para ello es necesario que el Estado garantice a las Comunidades Autónomas la suficiencia financiera precisa para el ejercicio de sus competencias y así asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales asociados a la crisis del COVID-19.

Por ello, se ha solicitado al Gobierno su implicación urgente en materia de financiación, que debe llevar a cabo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el objetivo prioritario de combatir y superar los efectos de la pandemia y garantizar los pagos de las administraciones para asegurar la liquidez de las empresas. En concreto se demanda:

- Orientar la mayor parte del margen económico acordado en el ámbito de la Unión Europea hacia las Comunidades Autónomas, dada la estructura competencial en España.

- Definir una distribución justa del nuevo escenario de estabilidad presupuestaria, incluyendo déficit y deuda, acorde a las nuevas circunstancias.

Asimismo, Fernández Carriedo ha demandado al Gobierno de España fórmulas para aplazar la devolución de la liquidación del sistema de financiación de 2022, que será negativa por desviaciones en las previsiones realizadas en 2020 por el Gobierno en base a un crecimiento estimado del 1,6 %, que dado el contexto actual es inalcanzable. De esta forma se evitarán situaciones originadas, similares a los errores de cálculo en las estimaciones durante la crisis de 2008 y 2009, que todavía las comunidades autónomas están devolviendo.

Finalmente, el consejero ha instado al Gobierno de España a que aplace también los tributos de su competencia -IVA, Sociedades e IRPF-, a Pymes y autónomos, y ampliar el plazo de la campaña del IRPF 2019 más allá del 30 de junio, para que la Junta pueda prestar el servicio de ayuda presencial a los contribuyentes del medio rural.