Autorizado el contrato para actividades propias de los servicios de prevención de riesgos por 8,7 millones

El consejo de Gobierno ha autorizado este jueves a la Consejería de la Presidencia la celebración del contrato de desarrollo de las actividades propias de los servicios de prevención de riesgos laborales para la Administración de la Comunidad de Castilla y León por un valor estimado de 8.760.359,68 euros.

Según ha explicado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, la tramitación del contrato es "indispensable" para el funcionamiento básico de los servicios ya que tiene como destinatarios a los empleados públicos "como parte activa y elemento fundamental" de las prestaciones de servicios públicos.

"El objeto del contrato es la protección de los empleados frente a los riesgos laborales, circunstancia de especial relevancia en el momento actual para evitar los contagios por COVID-19 en el ámbito laboral", ha precisado.

La materia de prevención de riesgos en la Administración de la Comunidad se desarrolla desde el año 2013 de manera mixta, por un lado a través de servicios de prevención propios para las especialidades de higiene industrial y ergonomía/psicología aplicada y, por otro lado, a través de servicios de prevención ajenos para las especialidades de Seguridad en el Trabajo y Medicina del Trabajo.

Este sistema mixto se aplica a toda la administración autonómica excepto a SACYL que presta todos los servicios de prevención de riesgos laborales con recursos propios. En este caso, el objeto del contrato es la contratación de los servicios de prevención de riesgos laborales en las especialidades de Seguridad en el Trabajo y Medicina del Trabajo, que son los que se prestan por personal ajeno a la Administración.

Los servicios que se prestan son evaluación de riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva; actividades preventivas específicas referidas a seguridad en el trabajo cuyo objetivo es evitar la aparición o materialización de accidentes de trabajo, y a medicina del trabajo cuyo objetivo es la vigilancia periódica de la salud de los empleados públicos; formación e información referidas a los riesgos laborales y a actividades preventivas sanitarias y promotoras de hábitos saludables; planificación de la gestión preventiva que conlleva la responsabilidad de proponer a la Administración los procedimientos y mejoras necesarios para que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo sea eficiente y eficaz.

Estos servicios se prestan para 51.055 empleados públicos de la Administración de la Comunidad incluidos en el régimen de seguridad social o perteneciente a las diferentes mutualidades y en 2.352 centros de trabajo, "excluyendo el personal perteneciente a instituciones sanitarias que prestan todos los servicios de prevención con recursos propios".