El Instituto de Transición Justa inicia la elaboración de los convenios previstos en CyL

El Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha iniciado este martes los procesos de participación pública para que los agentes sociales y económicos de las zonas afectadas por los cierres de minas y centrales térmicas de carbón contribuyan "de forma activa" en la elaboración de los respectivos Convenios de Transición Justa.

En concreto, se activan los procesos participativos de Montaña Central Leonesa-La Robla, Guardo-Velilla, Cubillos del Sil-Ponferrada, Bierzo Alto, Fabero-Sil y Laciana-Alto Sil, ubicados en las provincias de León y Palencia.

Según ha informado el Ministerio a través de un comunicado recogido por Europa Press, estas zonas sufren un "acusado proceso de envejecimiento y despoblación" como resultado de la reestructuración de la minera y del declive de la actividad económica. A esto añaden que los municipios en los que cierran minas o centrales sufren un impacto directo económico "al dejar de percibir una parte importante de ingresos municipales por impuestos".

El Ministerio considera que el lanzamiento de los procesos de participación, paso previo a la elaboración de los Convenios de Transición Justa, es "clave" para poner estas zonas en el mapa de la transición justa y hacer posible la identificación y atracción de posibles proyectos, inversiones y oportunidades de empleo que garantice la reactivación económica de cada zona, "basada en un modelo productivo diversificado y sostenible, generando nuevas oportunidades para las personas, sin dejar a nadie atrás".

La información recabada en los procesos participativos a través de las contribuciones de los diferentes agentes sociales y económicos de la zona, constituye la base para la elaboración final de los Convenios de Transición Justa.

Las mismas fuentes ministeriales han explicado que estos Convenios incluirán las mejores propuestas y proyectos identificados en el proceso, "que serán seleccionados en base a su capacidad de generar y fijar empleo sostenible en el medio y largo plazo, en las zonas afectadas".

Además, los convenios incluirán medidas para apoyar la ejecución de los proyectos seleccionados, "ya sea diferentes fuentes de financiación como otras formas de apoyo específicas que puedan necesitar". La incorporación de iniciativas a los convenios atenderá también a su adecuación en términos ambientales, sociales y económicos, "activando así la transición ecológica en cada punto".

"En conjunto, se trata de aunar participación social con profesionalización de los procesos", han destacado desde el Ministerio para la Transición Justa.

Los procesos participativos se dirigen a los agentes sociales y económicos del territorio, incluidas administraciones públicas, organizaciones sindicales, empresas y organizaciones de los sectores empresariales, además de universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales, agencias de desarrollo, grupos de acción local y demás entidades interesadas o afectadas.

Los procesos de participación permanecerán abiertos hasta el 7 de julio y, de partida, la documentación de los mismos ha sido remitida a un centenar de agentes en cada uno de los procesos. "No obstante, se trata de un procedimiento abierto y cualquier entidad o particular interesado puede realizar contribuciones", según han destacado las mismas fuentes.

Los documentos que acompañan al proceso -la delimitación y diagnóstico preliminar de cada zona y el cuestionario de participación- están disponibles en la web de MITECO.

"Se trata de un proceso abierto a todas las aportaciones, que serán consideradas para realizar las modificaciones necesarias para que el Convenio se adapte a la realidad de las zonas. Esto incluye la delimitación preliminar que se presenta para cada zona, que no constituye un listado definitivo, dando la oportunidad de proporcionar datos que, en base a los criterios establecidos, permitan la inclusión de nuevos municipios", han añadido las mismas fuentes ministeriales.

En este sentido, en base a aportaciones ya recibidas, se ha iniciado un proceso para realizar una revisión técnica de la metodología de delimitación de los Convenios para considerar la inclusión de otros criterios, como el de impacto acumulado por los cierres que se han venido produciendo en las últimas décadas, así como impactos socioeconómicos que vayan más allá del empleo, entre otros criterios.

"En todo caso, esta revisión debe considerar que los criterios son generales y han de ser aplicables por igual para todas las zonas de España", han aclarado desde el MITECO.