El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transición Justa y Reto Demográfico, ha autorizado la tramitación urgente de los reales decretos que regulan el nuevo régimen de subastas de energías renovables y el procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución eléctricas.
El Gobierno estima que estos decretos contribuirán a dotar de certidumbre y seguridad jurídica al marco normativo energético, preparándolo para el despliegue ordenado de energías renovables que vivirá el sistema energético español en los próximos años.
Esta masiva penetración renovable -están planificados unos 60 gigavatios hasta 2030- tendrá, a juicio del departamento liderado por Teresa Ribera, un "efecto tractor" sobre la cadena de valor industrial y la competitividad del país, generando actividad económica y empleo sostenible, en el contexto de la reactivación económica tras el Covid-19.
En concreto, el Real Decreto por el que se regula el régimen económico de energías renovables para futuras instalaciones de generación eléctrica, que mantiene abierto su periodo de información pública hasta el 17 de julio, concreta el nuevo sistema de subastas para facilitar la penetración ordenada de renovables en el sistema energético español.
Este sistema ofrece predictibilidad y estabilidad de ingresos a los inversores de nuevas plantas renovables y, al tiempo, permite trasladar de forma directa a los consumidores los ahorros que supone una mayor generación renovable, dado que, según recalca Transición Ecológica, es la fuente de energía más barata en la actualidad.
Las nuevas subastas, que se convocarán mediante orden ministerial una vez quede aprobado el Real Decreto, podrán emplear, como producto subastado, la energía que la nueva planta ha de entregar al sistema, la potencia instalada o una combinación de ambos conceptos. En todo caso, los participantes pujarán ofertando el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que genere la instalación.
En el caso del segundo Real Decreto por el que se regula el procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución eléctricas, la urgencia de su tramitación responde al mandato formulado por el Real Decreto ley de 23 de junio por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
Esta norma ha abordado la actual situación de los permisos de acceso y conexión concedidos con el objeto de evitar movimientos de carácter especulativo, que obstaculizan y encarecen los proyectos renovables firmes y solventes.
LA CONCESIÓN SE VINCULARÁ A LA FIRMEZA DEL PROYECTO
Además de establecer hitos temporales que, de no cumplirse, provocan la caducidad de los permisos ya otorgados, el Real Decreto ley estableció una moratoria para que no se puedan adjudicar nuevos permisos de acceso y conexión en tanto no se apruebe una nueva regulación sobre este tipo de autorizaciones, que deberá vincular su concesión a la firmeza del proyecto.
Para ello, la norma da un plazo de tres meses tanto al Gobierno como a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), ambos con competencia en esta área.
Al objeto de dar cumplimiento a este plazo, el Consejo de Ministros autoriza la tramitación de urgencia del Real Decreto que Transición Ecológica ya está elaborando sobre este asunto y que someterá a exposición pública para la recepción de aportaciones, próximamente.
CÓDIGOS DE RED DE CONEXIÓN EUROPEOS
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los denominados códigos de red de conexión (CCRR), un conjunto de reglamentos de la Unión Europea que establecen los requisitos técnicos mínimos que deberán cumplir determinadas instalaciones de generación y demanda de energía para conectarse a la red eléctrica.
Los citados Reglamentos de la UE son de directa aplicación en el sistema español. Sin embargo, una parte de los requisitos técnicos establecidos en los mismos no están completamente definidos (requisitos abiertos) y su implementación requiere que sean aprobados por parte del Estado miembro previa propuesta por parte de los gestores de la red.
Para la definición de estos requisitos abiertos se crearon varios grupos de trabajo bajo la coordinación del operador del sistema eléctrico (REE), en los que intervinieron los gestores de red, representantes de los agentes del sector, del Ministerio y de la CNMC.
Además de servir para definir esos requisitos técnicos, el trabajo de estos grupos puso de manifiesto la necesidad de concretar algunos aspectos que no están completamente detallados en los reglamentos de la UE. La normativa aprobada este martes emana de esta conclusión y sirve por tanto para definir estas cuestiones concretas.
Adicionalmente, sirve para aprobar los umbrales de potencia y el nivel de tensión que definen los grupos establecidos en los CCRR en los que deberán incluirse las plantas de generación que se conecten. En función del grupo en el que se integre cada planta, esta deberá cumplir diferentes requisitos, más exigentes a mayor potencia y nivel de tensión.
FLEXIBILIZAR LA PRODUCCIÓN DE LAS ISLAS
Este Real Decreto deberá complementarse posteriormente con la orden ministerial que defina los requisitos técnicos abiertos y que ha sido tramitada de manera simultánea.
Por otro lado, el Real Decreto también realiza ajustes técnicos a la normativa aplicable a los territorios no peninsulares, dadas las especiales características de sus sistemas energéticos. Entre otras cuestiones, se aporta mayor flexibilidad en el despacho de producción para optimizar el uso de los grupos que están a sujetos a limitaciones de funcionamiento por la normativa medioambiental, maximizando la seguridad de suministro y respetando en todo caso la protección medioambiental.