Marcado el reparto para los ayuntamientos de los 20 millones de euros del segundo fondo COVID

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y Léon, Isabel Blanco, se ha reunido este miércoles con los representantes de los Servicios Sociales de los nueve ayuntamientos capital de provincia, las nueve diputaciones provinciales y los seis municipios de más de 20.000 habitantes para informar sobre el reparto de 20 millones de euros del segundo fondo extraordinario para hacer frente al aumento de gasto derivado del COVID-19.

Según han informado fuentes de la Consejería, Blanco ha mostrado en este encuentro su intención de "suscribir cuanto antes" con las entidades locales los convenios de colaboración necesarios para llevar a cabo la inversión de este fondo extraordinario no consolidable.

En la reunión con blanco han participado los responsables de los Servicios Sociales de los ayuntamientos de las nueve capitales de provincia y de las diputaciones provinciales, así como de los otros seis municipios de más de 20.000 habitantes (Aranda de Duero y Miranda de Ebro en Burgos, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, en León y Laguna de Duero y Medina del Campo, en Valladolid).

En el encuentro, la consejera ha informado sobre el reparto de los 20 millones de euros correspondientes al segundo Fondo Extraordinario aprobado por la Junta de Castilla y León, para hacer frente al aumento del gasto originado por el COVID-19 en la prestación de los servicios sociales.

Asimismo, ha recordado que a la hora de establecer el reparto de estos 20 millones de euros se mantienen los mismos criterios que los aplicados en el reparto del primer Fondo Extraordinario COVID-19.

Con esta inversión se pretende compensar los gastos originados por la pandemia en los centros residenciales, el cierre de comedores escolares, centros de día y centros ocupacionales, así como reforzar los servicios de proximidad para garantizar los cuidados, el apoyo, la seguridad y la alimentación sobre todo los dirigidos a personas con discapacidad o en situación de dependencia, mayores y colectivos vulnerables como es el caso de las víctimas de violencia de género.

Para establecer el reparto de dicho fondo se han tenido en cuenta distintos parámetros como el número de plazas residenciales. Asimismo, con el fin de conocer las necesidades reales se han solicitado los informes pertinentes a las entidades beneficiarias con la distribución del gasto generado, ya que los ayuntamientos y diputaciones que reciban estas ayudas deberán justificar el destino de las mismas antes de que finalice 2020.

El segundo Fondo Extraordinario COVID-19 incluye, entre otros asuntos, siete millones de euros para gastos excepcionales generados con criterios objetivos en atención residencial de atención a personas mayores, lo que supone el 35 por ciento de la cantidad total del fondo extraordinario. El objeto es atender las necesidades generadas en las residencias que han sido los centros con mayor afectación por coronavirus durante la pandemia.

A este fin, se establece el refuerzo de las plantillas de personal de las residencias a través de contrataciones o sustituciones, la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIS) para los empleados y usuarios, la aplicación de medidas de desinfección de las instalaciones así como la mejora de la seguridad a través de la sectorización de los espacios para evitar la propagación del COVID-19 entre otros aspectos. Todo ello supone una clara apuesta por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por garantizar la atención y los cuidados de nuestros mayores.

Para ayudas a la exclusión social y de emergencia así como las que se destinan también a las personas sin hogar, alimentación infantil, programas de atención a necesidades básicas y apoyo a las víctimas de la violencia de género se incluye una inversión de otros siete millones de euros con el objetivo de atender a los colectivos que más lo necesitan en situación de especial vulnerabilidad.

Para ello, se amplía la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, con el objetivo de asegurar sus necesidades. Además para atender las necesidades básicas de alimentación o sufragar la adquisición de productos de primera necesidad se establece un sistema de tarjetas monedero recargables.

Asimismo, se destina una partida de tres millones de euros para reforzar las plantillas de los equipos de Acción Social Básica con el objetivo de agilizar los expedientes de atención a situaciones de dependencia y de necesidades básicas agudizadas por la situación ocasionada por la pandemia.

También se aportan tres millones de euros para el refuerzo de los servicios de proximidad como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral incluidos los programas Conciliamos y Crecemos. Una partida que, según la Consejería, servirá para reforzar las medidas de conciliación a las familias que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes.

Asimismo, se pretende incrementar y potenciar la ayuda a domicilio y el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia, así como trasladar a los hogares los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional e higiene entre otros.