El Consejo de Ministros ha autorizado a Castilla y León a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un máximo de 882 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Castilla y León ha pedido autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo por parte de esta administración autonómica y de otros entes públicos, por un máximo de 882 millones.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2020.