La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado que desde el Gobierno regional se va a garantizar que ningún perceptor de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) perciba menos nómina por la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por lo que se han modificado las normas que rigen la renta para garantizar dicha cobertura.
Así se ha acordado en la reunión de la Mesa de la Renta Garantizada de Ciudadanía, constituida dentro del Diálogo Social y que se ha celebrado este miércoles.
Según los datos aportados por la Consejería de Familia, de las 4.300 familias de Castilla y León que perciben la RGC, sólo 1.470 han sido beneficiados con e IMV, y de estos, 452 han obtenido una nómina inferior a la Renta. Estos 452 perceptores del Ingreso Mínimo Vital han recibido una prestación media de 332 euros, frente a los 565 euros que percibían a a través de la RGC.
En la mesa que hoy se ha puesto de manifiesto que la Junta seguirá abonando la RGC hasta que los perceptores reciban el IMV aprobado por el Gobierno Central por lo que se está trabajando en un mecanismo normativo que permita llevar a cabo esa medida, ya que la RGC es subsidiaria de la ayuda del Estado.
Además, Isabel Blanco ha precisado que, de los 4.300 perceptores de RGC con hijos, sólo han percibido el IMV 1.470, lo que supone una cobertura del 34 por ciento, "lo que obliga a seguir avanzando en cuantas medidas sean precisas para adaptarlas a las necesidades reales de las familias más vulnerables de la Comunidad".
Lo que se pretende, según la consejera, es que esas 452 familias mantengan al menos la misma cuantía económica que venían recibiendo por parte de la Junta "para que puedan hacer frente a sus necesidades básicas".
Por otra parte las 1.018 familias de Castilla y León que han percibido el IMV, con una cantidad igual o superior a la RGC, empezarán a recibir exclusivamente dicho ingreso del Estado, ya que la prestación de Castilla y León es subsidiaria. El resto de perceptores de la Renta Garantizada seguirán ingresándola hasta que el Estado resuelva el Ingreso Mínimo Vital.
La Renta Garantizada de Ciudadanía es un derecho subjetivo implantado hace diez años en Castilla y León y garantizado por Ley, de la que se han beneficiado de media 15.000 familias cada año y para la que la Junta destina alrededor de 60 millones anuales. El pasado mes de junio la Renta llegó a 10.044 familias .