El Estado ha movilizado, en ayudas y avales, 4.753,5 millones en Castilla y León para trabajadores, autónomos y pymes desde el inicio de la crisis provocada por la COVID-19 y "paliar" así el impacto que el coronavirus ha tenido en los ámbitos sanitario, social y del tejido productivo.

Una cantidad, ha señalado el Delegado del Gobierno Javier Izquierdo, que refleja los 613 millones en prestaciones por desempleo, 196 millones para autónomos, 20 del Fondo Social Extraordinario y del Fondo de Garantía de Alimentos, 117,3 del Feder, más de 349 millones del Fondo COVID y 185 millones de la liquidación de 2018, es decir, "1.480,5 millones que han llegado directamente a la Comunidad en estos tres últimos meses". A esta cifra, Izquierdo ha añadido los 3.273 millones en préstamos avalados por el ICO al 80 por ciento, el resultado son esos 4.753,5 millones en recursos públicos durante la pandemia.

"Es una cantidad de recursos muy importante que en gran medida se inyecta directamente en nuestra economía porque muchos de estos recursos están llegando a trabajadores, autónomos y pymes y también en gasto sanitario con repercusión directa en el ciudadano", ha explicado.

Todo ello, ha continuado en declaraciones recogidas por Europa Press durante el balance de medidas económicas que ha realizado hoy en la Delegación del Gobierno, utilizando el diálogo como "herramienta de trabajo" para adoptar medidas que, a su juicio, han permitido "mantener empleos y empresas" y que son de "aplicación inmediata", al establecerse en el marco del Diálogo Social.

De ahí que Izquierdo haya querido contraponer las dos formas de "encarar" las últimas crisis que ha vivido el país. En la de 2008, ha analizado, se asistió a un rescate bancario, una reforma laboral que "devaluó" el mercado de trabajo con "pérdida de empleo y prestaciones"; una destrucción "intensa" tejido productivo y con problemas de financiación para las administraciones públicas que tuvieron el "único soporte" de la dotación de préstamos. "Su impacto en lo social todos recordamos como fue: despidos, recortes y medidas que se recordarán por su dureza", ha explicado.

Una respuesta muy diferente a la del actual Gobierno de España, ha continuado el delegado del Gobierno, al asegurar que frente a los desembolsos destinados a las entidades financieras, ahora el dinero "llega a la sociedad y al tejido productivo", lo que permite que no haya tantos despidos. "Los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han sido una medida extraordinaria que ha permitido salvar empleos y empresas, lo que hubiera producido destrucción tejido productivo muy intenso", ha insistido.

Además, ha apelado a que este instrumento, "que ha venido para quedarse", han permitido que llegara dinero a ciudadanos, lo que ha permitido mantener "en cierta medida" el consumo.

Izquierdo ha avanzado que, durante el último mes, un total de 214.996 asalariados castellanoleoneses y 75.628 autónomos han recibido algún tipo de prestación social, mientras el 72,9 por ciento de las personas que estuvieron afectadas por un ERTE, casi 100.000, se habían reincorporado a sus puestos de trabajo a fecha 24 de julio.

Entre estas cifras, también ha destacado que a finales de este mes de julio, un total de 35.808 trabajadores estaban afectados por un ERTE en la Comunidad, el 3,5 por ciento de los afectados en toda España, lo que supone 96.399 menos que en el "peor momento" de la crisis, el 30 de abril, cuando llegaron a ser 132.207.

Por lo tanto, el 72,9 por ciento de los trabajadores han salido de esta situación, un porcentaje mayor que la media nacional, que se sitúa en el 66,9 por ciento, ha añadido.

613 MILLONES DEL SEPE

Por otro lado, según datos del SEPE, en el mes de junio, un total de 214.996 trabajadores percibieron algún tipo de prestación social, por un importe total de 162,2 millones de euros, cifra que incluye ERTEs y desempleo. En mayo fueron 258.991 trabajadores los que se encontraban amparados por estas coberturas, lo que supuso un desembolso de 243,8 millones, mientras que en abril fueron 214.980, y 207 millones de euros.

Por tanto, la nómina que el Estado ha sufragado hasta finales de junio en estos conceptos, alcanza en total los 613 millones de euros en las nueve provincias de Castilla y León.

A ello hay que añadir los 196 millones de euros percibidos por los 75.628 trabajadores autónomos cuyas solicitudes de prestación por cese de actividad fueron resueltas favorablemente, un 95,7% del total, que a fecha 27 de julio era de 79.018 personas.

MÁS CIFRAS

A Castilla y León, además, le corresponden 17,7 millones de euros del Fondo Social Extraordinario aprobado para minimizar el impacto social de la pandemia, lo que se traduce en refuerzo de los servicios sociales y ayudas económicas a familias y colectivos vulnerables. La Comunidad dispone, también, de 1,8 millones en becas comedor, que han dado cobertura durante estos meses a 8.000 familias y 10.323 menores.

Otras medidas económicas frente a la COVID-19, como los avales ICO, han venido asimismo a paliar las dificultades que han atravesado muchas empresas castellanas y leonesas, concretamente, 24.267 firmas, a las que se han aprobado, a fecha 15 de julio, 35.500 operaciones, por un total avalado de 2.551 millones de euros, ha explicado Izquierdo.

El delegado del Gobierno ha recordado, además, que ayer, 30 de julio, el Ministerio de Hacienda ingresó 534,66 millones más a Castilla y León en concepto del primer tramo del Fondo COVID y la liquidación del sistema de financiación de 2018, dinero no reembolsable, es decir, que no incrementa la deuda ni genera intereses, de acuerdo a criterios objetivos y cuantificables relacionados con el impacto de la pandemia en la Comunidad Autónoma.