La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tramita estas ayudas con un sistema de gestión basado en el diálogo y la participación del Tercer Sector, lo que va a seguir aportando certidumbre a las entidades y garantizando a las personas la continuidad de los apoyos y ayudas que reciben de estas entidades. Además, suponen un avance en el aspecto social, ya que siguen apostando por el empleo de las personas más desfavorecidas, por la igualdad, la innovación y por el medio rural, permitiendo el mantenimiento y la mejora de los programas de atención a las personas más vulnerables de Castilla y León.

Las entidades del Tercer Sector de la Comunidad gestionaron el pasado año algo más de 20 millones de euros de la asignación del IRPF, lo que permitió que más de 150 entidades financiasen más de 400 programas.

Programas, líneas y dotación económica

Las subvenciones, por un importe total de 20.348.323 euros, se concederán para la realización de programas en una serie de ámbitos y siguiendo unas líneas de actuación.

Así, en el ámbito de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género, se contempla una dotación de 1.035.158 euros e incluye líneas de actuación como la lucha contra la violencia de género, contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente jóvenes y en el medio rural, y la atención a mujeres especialmente vulnerables.

En cuanto a la inclusión social, que dispondrá de 5.152.029 euros, tendrá como líneas de actuación la atención primaria, orientación, seguimiento y apoyo técnico personal y familiar para la inclusión social y laboral de personas en situación de exclusión social, así como recursos de alojamiento y cobertura de otras necesidades básicas.

En el ámbito de la infancia,se contemplan líneas de actuación como la promoción de los derechos de la infancia en relación a menores afectados por situaciones de ’pobreza infantil’ y prevención de la desprotección y el maltrato infantil; intervención técnica y apoyos ante situaciones de desprotección y maltrato infantil en el ámbito intrafamiliar; y atención a jóvenes infractores, para lo que se destinará 1.361.448 euros.

La familia y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral será otro de los ámbitos de actuación, que contará con 552.855 euros y se centrará en programas de apoyo a familias con menores para conciliar su vida laboral, familiar y personal en supuestos de enfermedad del menor, apoyo a la primera infancia en el ámbito rural y zonas deprimidas del medio urbano; y en programas dirigidos a facilitar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

Las personas con discapacidadcontarán con 4.518.743 euros con los que se incidirá en líneas como la atención Integral dirigida a la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, la vida independiente y al apoyo a familiar y a inversiones y mejora de centros.

En el ámbito de las personas mayores, se actuará en líneas como el apoyo a las personas mayores y a su entorno y a inversiones y mejora de centros. Para ello se destinarán 5.694.670 euros.

Para las personas drogodependientes, se destinará 1.016.810 euros y se actuará en líneas como la prevención del consumo de drogas y reducción de los daños asociados al mismo, la asistencia e integración socialaboral de drogodependientes, y la atención a personas con trastornos adictivos sin sustancia.

En el ámbito del voluntariado, para el que se destinan 383.109 euros, se actuará en la promoción y formación del voluntariado; y finalmente, en el ámbito de la juventud, las líneas de actuación son la intervención del voluntariado juvenil, el fomento de la empleabilidad de jóvenes y el fomento de la educación no formal para la integración social de los jóvenes, para lo que se destinarán 633.496 euros.

Entidades beneficiarias, requisitos y plazo de presentación

Podrán ser beneficiarias de este tipo de subvenciones Cruz Roja Española y las entidades del Tercer Sector de Acción Social, definidas en el artículo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, que desarrollen las acciones subvencionables previstas en los anexos de la convocatoria siempre y cuando reúnan los requisitos previstos.

Cuando la beneficiaria sea una federación u otro tipo de persona jurídica que las integre, las entidades asociadas a la misma, que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actuaciones que fundamentan la concesión de la subvención, en nombre y por cuenta de la primera, tendrán igualmente la consideración de beneficiarias. En este caso, las entidades asociadas a la federación no podrán presentar a título individual otra solicitud independiente para la realización de un proyecto similar (esencialmente el mismo).

El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 4 de septiembre y las solicitudes se presentarán, junto con la documentación, según el modelo normalizado que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León ( www.tramitacastillayleon.jcyl.es ). En la solicitud deberá especificarse la línea de subvención a la que va dirigida, así como la relación de programas solicitados.

La COVID-19 provoca cambios en la convocatoria de este año

El pasado 23 de julio se publicó la Orden que regulaba las Bases para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines sociales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para este año y en ella aparecen una serie de novedades como consecuencia de la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a los efectos que la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León ha provocado en el ámbito social. Así, en la convocatoria se aconseja introducir criterios de priorización de los programas y actividades tendentes a la consecución de dicha finalidad y establecer expresamente la subvencionabilidad de determinados gastos ocasionados por esta nueva situación, lo que ha hecho necesario modificar las bases reguladoras.