El nuevo presidente de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en Castilla y León, Benjamín Castro, y su equipo directivo ha urgido este miércoles a la Junta que regule cuanto antes el teletrabajo, fundamentalmente en el ámbito educativo, además de liberar al personal sanitario de las tareas de rastreo de casos Covid y erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres entre sus trabajadores públicos.

Son algunas de las principales reivindicaciones que el nuevo líder de CSIF en Castilla y León ha trasladado a la opinión pública poco antes de celebrar en la sede del sindicato, en Valladolid, la primera reunión del primer Consejo Autonómico, cuyos integrantes, tal y como ha enfatizado, pretenden pilotar las riendas de una organización firme y rigurosa que dé certidumbre a los empleados públicos en un momento tan delicado en el que es preciso huir del juego político".

Secundado por Isabel Madruga, Enrique Vega y José Luis Rodríguez, de los sectores de Educación, Sanidad y Administración general en Castilla y León, respectivamente, el nuevo responsable autonómico ha recordado que el pasado día 2 de octubre se publicó la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público que regula el teletrabajo, en este caso en la Administración General del Estado, de ahí el llamamiento a la Junta para que haga lo propio en Castilla y León entre sus trabajadores.

Castro, en declaraciones recogidas por Europa Press, entiende que dicha regulación en la Comunidad es de una "importancia capital", sobre todo en un ámbito como la educación en el que "cualquier docente, en cualquier momento, puede verse obligado a irse a casa y seguir trabajando desde allí a causa de la pandemia por coronavirus", y por ello demanda de la Junta que se ponga manos a la obra a través de la Mesa General de Empleados Públicos, sin esperar al plazo de seis meses contemplado en la norma.

En este mismo ámbito, la responsable autonómica del ramo, Isabel Madruga, ha denunciado públicamente la situación de inseguridad del profesorado en Castilla y León con motivo de la pandemia, tal y como constata el registro de incidencias que esta organización puso en marcha, por octavo año, en septiembre.

Los encuestados, en un 77,8 por ciento, se quejan de que la separación de metro y medio entre los alumnos es "imposible" con las ratios por aula, un 83 por ciento denuncia falta de medidas de protección tanto de ellos como de los estudiantes, el 86 por ciento acusa a la Junta de no haber adoptado suficientes medidas para garantizar las clases online, el 96 por ciento entiende que la Administración regional no ha tenido en cuenta la salud laboral del personal y otro 74 por ciento sostienen que se han adoptado protocolos de muy difícil aplicación.

Reducción de las ratios alumnos-aula y del horario lectivo del profesorado, junto con la contratación de otros 4.000 docentes en enseñanza pública han vuelto a ser demandados por Madruga, quien reconoce la escasa incidencia de contagios hasta ahora pero se pregunta qué ocurrirá cuando empiece la época del frío.

Su compañero en Sanidad, Enrique Vega, ha mostrado la preocupación actualmente existente en Atención Primaria, "colapsada" debido al escaso personal con que cuenta y, junto a ello, las nuevas tareas asumidas por el personal en cuanto al rastreo de casos Covid que, como así ha lamentado, se "come la mitad de su jornada laboral, con la consiguiente reducción del tiempo de atención al paciente", de forma que éste termina acudiendo a Urgencias, colapsando igualmente dicho servicio.

Por ello, Vega ha demandado a la Consejería de Sanidad la contratación de personal para liberar al personal sanitario del rastreo de casos Covid y de otras tareas burocráticas.

Por su parte, José Luis Rodríguez, del sector de la Administración General en Castilla y León, también ha reclamado la atención de la Junta para acabar con la brecha salarial actualmente existente entre hombres y mujeres, pese a ocupar los mismos puestos, situación que se produce en la percepción de los complementos específicos.

En este sentido, y para un sueldo base idéntico, Rodríguez ha explicado que las diferencias se producen en esos complementos específicos autonómicos, y ha puesto como ejemplo lo 236 de complemento percibidos por los técnicos auxiliares de explotación, sector mayoritariamente masculino, y los 131,98 que cobra un técnico superior en Educación Infantil, puestos que en su mayoría desempeñan mujeres.