El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la que solicita la necesidad de que se adopten medidas legales urgentes, preferentemente vía decreto ley, que permitan adaptar los tramos fiscales del impuesto de matriculación de vehículos, y mantener así en 2021 la misma presión fiscal sobre el automóvil que en la actualidad, lo que permitirá además, avanzar en la reforma integral de la fiscalidad de la automoción española.
Fernández Carriedo ha trasladado además a la ministra la preocupación transmitida por todo el sector de la automoción a través de los representantes de Anfac, Faconauto y Serauto, ante la entrada en vigor el próximo 1 de enero del nuevo procedimiento europeo de medición de emisiones WLTP, y el posible gran impacto fiscal que puede suponer para muchos modelos, si no se impulsa --antes del 31 de diciembre--, una modificación de los tramos fiscales del impuesto de matriculación para adaptarlos a este nuevo estándar de medición de emisiones, de igual manera que en otros países europeos.
Asimismo, ha sugerido al Gobierno la necesidad de avanzar en una fiscalidad medioambiental integral del automóvil, no a través de cambios puntuales, sino trabajando sobre lo ya aprobado y apoyado por el sector en el reciente 'Plan del Impulso de la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción', que contempla una 'reforma integral de la fiscalidad sobre vehículos, en coordinación con las Administraciones Territoriales'.
IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19
El consejero de Economía y Hacienda ha trasladado también a la ministra la inconveniencia de aplicar una subida fiscal cuando el sector del automóvil está ejerciendo un importante efecto tractor sobre la economía frente a la pandemia y, además, con una recuperación lenta, en un entorno de gran incertidumbre y elevados niveles de paro.
Se trata de un tema relevante y urgente, tal y como ha trasladado el sector a la Junta de Castilla y León, que ya está afectando de una forma acusada a los pedidos de flotas y particulares para el próximo año. Esta situación de incremento de la fiscalidad genera un nivel de incertidumbre justo en el momento en que más se necesita estabilizar el mercado.
18.000 EMPLEOS Y 10.000 MILLONES EN LA COMUNIDAD
Por último, Fernández Carriedo ha recordado que la automoción es una de las actividades económicas que con mayor impacto está sufriendo la crisis de la COVID-19, con la paralización sin precedentes de la actividad minorista y manufacturera y un creciente pesimismo por parte del consumidor, y que afecta al sector de manera global, hasta el punto de que la caída del mercado en España ha sido del 36,8 % el pasado mes de octubre.
La industria del automóvil es uno de los principales pilares de la economía de Castilla y León, con una cifra de negocio de 10.000 millones de euros. Es la segunda Comunidad española que más vehículos manufacturó en los dos últimos años, que da empleo a más de 18.000 personas, y cuya importancia va más allá al afectar también en gran medida a aspectos como la recaudación fiscal, la internacionalización o la innovación.