J.A.
El sector de la obra pública estima que este año, marcado por la pandemia del COVID-19, supondrá la pérdida del 30 por ciento del mercado, que dejará la cifra de adjudicaciones en los 682 millones de euros.
Además, las previsiones para 2021 no son mejores, pues se prevé una licitación en Castilla y León de 850 millones, una cifra muy inferior a la registrada en los últimos años en los que se había registrado un crecimiento sostenido.
La Cámara de Contratistas de Castilla y León prevé que la licitación de obras se quedará en la Comunidad este año en los 882 millones de euros, de acuerdo a las cifras provisionales a las que tuvo acceso Ical, si bien la adjudicación será de 682 millones, lo que supone un retroceso del 30 por ciento, una caída “traumática” para las empresas que ven cómo no llega parte de la carta de trabajo prevista y para la que habían adaptado sus estructuras.
El presidente de los contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, explicó que los sistemas de las administraciones son mucho menos “flexibles” que los privados para adaptarse a los cambios derivados del COVID-19, de forma que la tramitación de los expedientes se ha visto muy afectada, frente a los anuncios de licitación, que recalcó han presentado un mejor comportamiento en este 2020.
De esta forma, indicó que la licitación descenderá un 21 por ciento este año hasta quedarse en los 882 millones, mientras la adjudicación sufrirá un recorte del 30 por ciento hasta los 682 millones aproximadamente, lo que refleja a su juicio el impacto en la contratación y por tanto en las obras a iniciar. En 2019, lo contratación por las administraciones en la Comunidad superó los 900 millones.
Asimismo, la licitación ha roto una tendencia sostenida de crecimiento desde el año 2016 y que hasta principios de año se mantenía. En conjunto las administraciones convocarán en este ejercicio procedimientos por importe de 882 millones, frente a los 1.119 millones del pasado año. Por tanto, la Cámara constata que el coronavirus truncó la senda de crecimiento “ordenado” que había comenzado hace cuatro años.
También, la Administración General del Estado movilizará cuando termine 2020 unos 400 millones, lo que supondrá un 23 por ciento menos; la Junta de Castilla y León, unos 290 millones, un 13 por ciento menos, y las entidades locales no llegarán a los 200 millones, lo que supondrá un 21 por ciento.
Previsiones
Las previsiones de los contratistas dibujan un panorama en 2021 similar al de este ejercicio para la obra pública, si bien mantienen la incertidumbre por la evolución de la crisis sanitaria del COVID-19 y la llegada de fondos europeos Next Generation, que con un total de 750.000 millones de euros, podrían corresponderle a España 140.000 millones en tres años, si bien se permitirá su ejecución hasta 2026, tanto en préstamos como en ayuda financiera no reembolsable.
El modelo de previsiones de la Cámara de Contratistas contempla una licitación de la Administración central de 350 millones el próximo año, a los que se sumarán 300 de la Junta y 200 de las entidades locales. En total serán unos 850 millones, una cifra ligeramente por debajo de la registrada este 2020.
Además, las administraciones contratarán 600 millones a través de sus adjudicaciones, que se distribuyen entre los 300 millones del Gobierno central, 250 de la Junta y 150 de la administración local.
Bajas temerarias
Otro de las consecuencias de un ejercicio con menos carga de trabajo ha sido las bajas temerarias en las adjudicaciones de obra pública. La Cámara de Contratistas detectó una rebaja media entre enero y septiembre de 2019 del 19,21 por ciento, que en 2020 creció hasta el 21 por ciento. En el caso de la Administración central pasó del 17,2 al 22,6 por ciento; en la autonómica, bajó del 21 al 20 por ciento, y en la local, cayó del 19 al 17 por ciento.
Finalmente, el presidente de la Cámara de Contratistas advirtió de que las empresas se mantienen en pie gracias a la carga de trabajo y el margen que dejan las obras. Por ello, Enrique Pascual reclamó a las administraciones fórmulas para cumplir la última Ley de Contratos Públicos que prima la calidad y no solo el precio, así como una mayor oferta para evitar la pugna entre las empresas.