Castilla y León recibirá 335 millones de la iniciativa REACT-EU para reactivar la economía y blindar los servicios públicos

El Ministerio de Hacienda ha informado este lunes a las comunidades autónomas del reparto de los 10.000 millones del Fondo REACT-EU destinado a fortalecer el Estado del Bienestar y a reactivar la economía tras el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19. Castilla y León percibirá un total de 335 millones, el 3,4 por ciento del total.

El anuncio de la distribución de estos fondos se ha producido hoy durante la celebración telemática del Foro Extraordinario de Economía y Política Regional en el que ha participado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los directores de Fondos Europeos de las CCAA y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La asignación se produce justo cuando las negociaciones entre las instituciones europeas para la regulación de estos Fondos han concluido.De esta forma, los recursos procedentes del REACT-EU deben destinarse a financiar, fundamentalmente, operaciones en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para paliar el impacto sufrido en ellos como consecuencia de la pandemia, así como para transformarlos estratégicamente de cara al futuro.

Es decir, a reforzar con partidas adicionales las políticas públicas básicas en un contexto de crisis en el que se han demostrado como la red de seguridad para millones de ciudadanos.

En cualquier caso, el Gobierno deja abierta la posibilidad de que las CCAA puedan plantear otros ámbitos de actuación que consideren relevantes para la reactivación económica.

De acuerdo a lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado octubre los fondos del programa REACT-EU se distribuirán para su ejecución a través de los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y FSE (Fondo Social Europeo), dentro de los programas operativos del Estado y de las CCAA ya existentes, añadiendo un nuevo eje a los mismos.

En concreto, se repartirán 8.000 millones de euros en 2021 y 2.000 millones en 2022. Además, otros 2.436 millones serán gestionados por el Ministerio de Sanidad en 2021, a través del Programa Operativo Pluri-regional de España, para la adquisición de vacunas para el conjunto de España que, posteriormente, serán repartidas a las CCAA.

También se destinarán a un Plan de Reforzamiento de la Atención Primaria y a un Plan de Renovación de Tecnologías Sanitarias que ejecutarán las administraciones territoriales y que buscará incrementar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante futuras emergencias.

En el caso del programa FEDER, los recursos adicionales se utilizarán principalmente para apoyar la inversión en productos y servicios sanitarios -especialmente los vinculados a la COVID-; para prestar apoyo en forma de capital circulante o de apoyo a la inversión para las pymes; en inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital y verde; para inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a los ciudadanos; y en medidas económicas en las regiones más dependientes de los sectores más afectados por la crisis como, por ejemplo, el turismo.

En el caso del FSE, los recursos adicionales apoyarán la creación de empleo, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad, las medidas en materia de empleo juvenil, la educación y la formación, así como apoyar las transiciones hacia una economía sostenible y digital. También para mejorar el acceso a los servicios sociales de interés general.

La tasa de cofinanciación de todas las actuaciones que resulten elegibles es del 100%. La prefinanciación es del 11% del total de los recursos de 2021 y el período de elegibilidad será hasta 31 de diciembre de 2023.

La propuesta de reparto de la programación fue adelantada por la ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de octubre y sigue el modelo y los criterios de distribución utilizados por la UE con sus Estados miembros para hacer frente a las consecuencias de una pandemia.

Así, se tienen en consideración tres indicadores: el primero va dirigido a medir el impacto de la pandemia en la riqueza de cada Comunidad Autónoma. Este indicador tiene un peso equivalente a las 2/3 partes del reparto total.

El segundo indicador mide el impacto de la crisis en el desempleo, con un peso en el reparto total igual a 2/9 de la asignación, mientras que el tercer indicador mide el impacto de la crisis en el desempleo juvenil (15 a 24 años) y tiene un peso del 1/9 de la asignación total.