La presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y de Castilla y León en funciones, María José Hernández, informó hoy que la convocatoria de ayudas directas para la hostelería de la Junta, dotada con 20 millones de euros (más otros 10 ampliables), ha recibido hasta el momento 5.000 solicitudes en Castilla y León. De hecho, señaló que el 80 por ciento del sector pedirá esta ayuda directa convocada la semana pasada. Se trata de una medida sobre la que se congratuló, si bien consideró que todas las administraciones deberían aunar esfuerzos para evitar el cierre definitivo de miles de negocios a causa de la pandemia. No obstante, urgió ya una segunda fase a la Junta “para llegar a todos”, frente a la política del Gobierno central, que “nos ha dado la espalda en ayudas y exenciones tributarias”. “El día 30 tenemos la declaración trimestral. ¿Cómo vamos a hacer frente a esos pagos sin ingresos?”, cuestionó.

De hecho, añadió que el sector ha perdido más de 21.000 afiliados a la Seguridad Social desde marzo de 2020 en la Comunidad, uno de cada cinco de los que se contabilizan entonces, y advirtió de que al cierre definitivo del 20 por ciento de los establecimientos hasta ahora se sumará, si no hay medidas, otro 30 por ciento.

Así de dramática dibujó la situación Hernández, quien participó en la presentación telemática de un balance del escenario en la actualidad, junto al presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio; y la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel. El presidente de la patronal autonómica destacó que “está demostrado que el sector no ha tenido nada que ver con los contagios y su incidencia es bajísima”. Si bien se mostró “plenamente consciente de un aumento preocupante”, añadió que es una “realidad de que las restricciones están trayendo la ruina al sector si no se les da salida de alguna manera para que esta situación de cierre se palíe con ingresos”. Al respecto, descartó que ese respaldo llegue de nuevo a través del ICO y otro tipo de préstamos, sino “a fondo perdido, en un proyecto que se debería mancomunar entre todas las administraciones”.

Por ello, advirtió de la “desaparición de un sector estratégico” para la Comunidad, que “no puede aguantar esos cierres porque tienen que pagar sus alquileres, impuestos, créditos, gastos generales y seguros sociales, cuando tienen cero ingresos”. “No es sostenible bajo ninguna premisa. Si hay que actuar así, a este sector hay que ayudarle. No se puede dejar entrar en insolvencia a estas empresas que necesitan eso como el comer”, incidió Aparicio.

En la misma línea se mostró Ángela de Miguel, quien definió la situación de “dramática”. Así, exigió que estas medidas recaigan entre todos mediante ayudas directas. “No se les puede pedir más sacrificados después de estar cerrados tantos meses. Las ayudas deben ser directas”, reiteró, para demandar que el paquete de 20 millones prometidos por la Junta se ponga en “marcha cuanto antes”.

Día “difícil”

María José Hernández comentó que hoy es otro “día difícil” para los hosteleros de la Comunidad después de conocerse una nueva prórroga de las restricciones que “nos machaca una vez más”. A su juicio, el sector “ha cumplido con todos los protocolos sanitarios y seguridad en general”, con los interiores cerrados”, en una batería de medidas que “no ha servido para mucho porque los contagios siguen aumentando”. Así, significó que a quien “incumpla la norma que le sancionen” y rechazó generalizar este estigma, si bien sostuvo que el control de los aforos “se está cumpliendo religiosamente”.

Tras un año de “incertidumbre y angustia” como fue 2020, Hernández recordó que a la primera administración que se dirigió la patronal hostelera fue al Ayuntamiento de Valladolid, que accedió a la exención del impuesto de terrazas para los dos años y ayudas directas, para seguir con la Junta, que financió la compra de material, pagos para la Seguridad Social, ERTES y apoyo a pymes. “Pero eran escasas y no llegó a todos”, criticó. Ahora, añadió, salen las ayudas de 20 millones, ampliables a otros 10, convocadas el 22 de enero y cuyo plazo de solicitud es el 22 de febrero. Y otros cinco millones de euros para el acondicionamiento de terrazas.

Ahora, su mirada está puesta en el Gobierno central, que ofreció, entre otras, un apoyo al alquiler, del que solo se han aprovechado un dos por ciento del sector porque estaba dirigida a grandes tenedores. “Suspendemos la acción del Gobierno”, explicó Hernández, quien recordó que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dispuso de 200.000 millones de euros cuando decretó el estado de alarma para “ayudar a sacar adelante la economía del país”. “Ha sido un globosonda y en absoluto se ha cumplido la promesa realizada. Ya ha anunciado la negativa a conceder ayudas directas al sector, en clara contraposición a lo que hacen otros gobiernos de la UE en los que la repercusión de la hostelería y el turismo es inferior en el PIB nacional al de España”, expuso.

Por todo ello, urgió a aprobar unas ayudas “para mantener la viabilidad del negocio y las perspectivas de trabajo, vitales para seguir con los números de 2019”. De hecho, dijo, hace dos años España recibió 33 millones de turistas que dejaron más de 92.000 millones de euros. “Sin ayudas del Gobierno es difícil llegar a esos números”, reprochó.

Hernández insistió en que “cualquier ayuda es un balón de oxígeno para la hostelería y los negocios”, e incluso para los trabajadores, pues un 30 por ciento de ellos “están teniendo muchos problemas para cobrar los ERTES”. “Muchos empleados contactan con nosotros para decirnos que llevan cinco meses sin cobrarlos. Sabemos que hay empresarios que han adelantado sueldos a sus trabajadores”, concluyó.