La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó el pasado año en Castilla y León 225 infracciones en el cobro de ERTE en un total de 2.578 inspecciones, lo que supone un 8,72 por ciento. Además, el importe total de estas infracciones superó los 829.000 euros, y las investigaciones sirvieron también para que otros 43.282 euros de cuotas de Seguridad Social fueron ingresados en las arcas del Estado, mientras que las cuotas que no se ha ingresado voluntariamente alcanza los 452.000 euros.
Estos datos fueron dados a conocer hoy por el Delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, y por el director territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León, Javier Calderón Pastor, quienes explicaron que la primera causa del fraude, con 63 casos detectados, se produce en empresas en ERTE en la que los trabajadores, cobrando las prestaciones por desempleo, continúan trabajando. En segundo lugar, con 53 infracciones, aparecen los casos en los que las empresas no comunican al SEPE las afectaciones o desafectaciones de los trabajadores en ERTE.
En menor medida los fraudes también se producen en empresas acogidas a ERTE que no comunican nuevas altas a la Seguridad Social o que abonan horas extras a trabajadores, situaciones incompatibles con los ERTE.
Burgos, con 78 casos, es la provincia en la que se han detectado más infracciones, seguida de León (57), Valladolid (31), y Segovia (21). A la cola del ranking se sitúan Soria, con 12, Ávila (11), Palencia (7), y Salamanca y Zamora, con cuatro casos cada una. En cuanto a la cuantía de las infracciones, León se sitúa en primer lugar con más de 305.000 euros, por delante de Burgos (212.131), Segovia (102.891), Valladolid (83.577) y Ávila (45.008). En el lado opuesto aparece Salamanca (13.129), seguida de Zamora (15.629), Palencia (19.381) y Soria (31.942).
En cuanto a los expedientes de inspección, Burgos se situó en cabeza con 592, por delante de Valladolid (560), León (469) y Salamanca (212). Por el contrario Segovia fue la provincia con menos expedientes, con 109, seguida de Soria (124), Palencia (165), Ávila (169) y Zamora (179).
En este sentido, Calderón Pastor anunció que para este año está establecida una campaña de control específico de los ERTE, en su mayoría planificada de oficio, por la que en todas las inspecciones que se realicen se vigilara la compatibilidad de los ERTE.
Desde la declaración de estado de alarma en el mes de marzo y la promulgación de decreto de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, hasta el 31 de diciembre de 2020, en Castilla y León aprobaron 41.459 ERTES, incluyendo tanto los de fuerza mayor como los que se fundamentan en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que afectaron en total, acumulado de marzo a diciembre de 2020, a 188.592 personas, de las que 47.527 percibieron una prestación por regulación temporal de empleo 47.527.
En total, el importe neto de las prestaciones abonadas en la Comunidad durante el periodo marzo-diciembre 2020 en concepto de ERTEs alcanzó los 456,5 millones de euros, a lo que el Estado suma la aportación de las cotizaciones a la Seguridad Social de cada uno de los beneficiarios, es decir, la exoneración de cuotas para las empresas, que ronda los 140 millones de euros.
Sector servicios
Por sectores de actividad, de marzo a octubre, el mayor porcentaje de expedientes correspondió al sector servicios, con un 65,3 por ciento trabajadores, seguido de industria con un 28,82 por ciento. Mayor aún es la afección del sector servicios a partir de octubre, que supuso un 94,89 por ciento del total de los ERTES aprobados en Castilla y León, seguido muy de lejos por industria (4,72 por ciento), construcción (0,27 por ciento) y de forma testimonial, el sector agrario (0,12 por ciento).
Calderón Pastor también destacó que, como no podía ser de otra manera, el ingente esfuerzo presupuestario realizado ha estado acompañado de mecanismos de control eficaces para combatir el fraude.
Por su parte, Javiez Izquierdo se refirió a los ERTE como un “escudo social” que están contribuyendo a minorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica, y persiguen evitar que una situación coyuntural como la actual se convierta en estructural, dado que se prioriza el mantenimiento del empleo sobre los despidos o la extinción de los contratos”.
Según recordó, el delegado del Gobierno, los ERTE han incorporado tres medidas de enorme alcance como son la no exigencia de carencia para cobrar la prestación, “el contador a cero, para no perder derecho a la prestación por desempleo, y la exoneración de cotización a la Seguridad Social, para no dañar al tejido productivo”.
Por último, recalcó que eesta crisis se está afrontando con la premisa de mantener el empleo, la renta de los trabajadores, en la medida de lo posible, y el tejido empresarial, mientras que la anterior, se abordó con una reforma laboral que abarató el despido, facilitó las causas del mismo, y supuso la destrucción de muchas empresas por la falta de las ayudas que ahora ha implementado el Gobierno de España”.