El consejero de Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y sus homólogos en los gobiernos autonómicos de Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Ceuta, todos ellos presididos por el PP, suscribieron hoy una declaración conjunta contra la decisión del Ejecutivo central de encomendar a las regiones la gestión del fondo de ayudas directas a empresas.
En esa declaración, exponen que “el pasado viernes 12 de marzo asistimos, una vez más, a lo que entendemos como un menosprecio del Gobierno de España a las comunidades autónomas”.
Explican que conocieron por la prensa y el BOE que “se había decidido encomendarnos la gestión de buena parte del Fondo de Ayudas directas a empresas, sin consensuar previamente con nosotros antes de asignarnos esa responsabilidad, y sin darnos la opción de decidir conjuntamente los criterios de reparto”.
En la declaración afirman que fueron “unos criterios impuestos sin diálogo, que benefician a los de siempre, y que entendemos resultan poco razonables, puesto que se aplican sin tener en cuenta el número y las circunstancias de las empresas a apoyar en cada territorio”.
“Este es un nuevo episodio de la deslealtad institucional de un Gobierno que nos deja a un lado en las decisiones más trascendentes, demostrando que su concepto de cogobernanza es un diálogo de sordos, en el que se adoptan las decisiones por parte del Estado de forma unilateral, imponiéndonos la obligación de gestionar ayudas que entrañan una gran complejidad y deja muchas incógnitas sobre la mesa y actividades productivas sin atender”, según el citado documento.
Asimismo, indican que “en estos últimos meses hemos tenido ocasión de denunciar la falta de transparencia y dialogo en la gestión de los fondos de recuperación, y seguimos sin tener noticias claras sobre la ejecución de Next Generation. Mediado ya el mes de marzo, tampoco sabemos nada del Fondo Covid 2021”.
Los consejeros añaden que “ahora asistimos perplejos a esta última decisión desleal y sin consenso, al imponernos a las comunidades autónomas la gestión del fondo de ayudas directas a las empresas en unas condiciones impuestas y que no nos han sido siquiera explicadas”.
A su juicio, “la economía española se desangra como consecuencia de la crisis por la Covid y de la desacertada política que está imponiendo el Gobierno de España, dejando sistemáticamente a los gobiernos autonómicos fuera de cualquier coordinación. El PIB del primer trimestre, tal y como apuntan los análisis presentados por la AIREF y otros organismos, no solo no recogerá una mejora de la producción, sino que se situará en terreno negativo”.
Por todo ello, estos consejeros exigen que “se haga un uso democrático de las instituciones y, en su virtud, se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar conjuntamente y con la máxima urgencia entre Estado y comunidades autónomas una modificación del Real Decreto-ley 5/2021, así como abordar la situación de la lucha contra los los efectos de la pandemia en nuestras empresas y autónomos”.