La Junta de Castilla y León cerró 2020, el año marcado por el inicio de la pandemia del COVID-19, con superávit en sus cuentas públicas de 24 millones de euros, lo que supone el 0,04 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). De esta forma, la Comunidad, que en 2019 tuvo un déficit de 433 millones -0,72 por ciento del PIB-, fue una de las nueve autonomías que presentaron números verdes.

Así lo comunicó este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa de presentación de los datos de ejecución presupuestaria del ejercicio 2020, que indican que España cerró el ejercicio con un déficit público del 10,09 por ciento del PIB, casi 1,3 puntos mejor que el objetivo marcado por el Gobierno y comunicado a la Comisión Europea, al situarse en 113.172 millones de euros, excluida la ayuda financiera. 

Por comunidades autónomas, nueve registraron superávits: Andalucía (0,14 por ciento), Aragón (0,17 por ciento), Asturias (uno por ciento), Baleares (0,23 por ciento), Canarias (0,55 por ciento), Cantabria (0,51 por ciento), Castilla-La Mancha (0,41 por ciento), Castilla y León (0,04 por ciento) y la Rioja (1,06 por ciento).

Por el contrario, registraron déficit Cataluña (-0,35 por ciento), Extremadura (-0,18 por ciento), Galicia (-0,08 por ciento), Madrid (-0,05 por ciento), Murcia (-1,12 por ciento), Navarra (-0,95 por ciento), Comunidad Valenciana (-1,15 por ciento) y País Vasco (-1,12 por ciento).

Los ingresos de las comunidades registraron un incremento del 9,4 por ciento interanual (17.571 millones), gracias a un incremento del 17,3 por ciento en las transferencias recibidas de otras administraciones, por los mayores recursos recibidos del Estado y el aumento del 2,5 por ciento de los recursos impositivos, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecieron un 10,6 por ciento por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación.

Gasto del COVID

De acuerdo con la información transmitida por las comunidades autónomas a finales de diciembre, el gasto derivado de la COVID-19 ascendió a 13.149 millones, de los cuales 8.284 millones correspondieron a gasto socio-sanitario. De esta cantidad, Castilla y León contabilizó un total de 478 millones, lo que supone el 0,89 por ciento del PIB. 

Este porcentaje superó la media nacional que fue del 0,74 por ciento, junto a las autonomías de Castilla-La Mancha (1,23 por ciento), Cataluña (0,84 por ciento), Extremadura y Madrid (0,78 por ciento).

Evolución

Sin embargo, la ministra resaltó que el dato de déficit fue mejor de lo previsto por el propio Gobierno, así como por la Comisión Europea, que calculó un déficit del 12 por ciento para España; y el FMI, que lo situaba en el 11,7 por ciento.

Además, la ministra indicó que, considerando la reciente decisión de Eurostat de que las cuentas públicas de España tengan en cuenta el balance de Sareb -el conocido como ‘banco malo’-, por lo que este factor tendría un impacto de 9.891 millones de euros, aumentando el déficit a 123.072 millones de euros, hasta el 10,97 por ciento del PIB, aún por debajo del objetivo marcado para 2020.

Por subsectores, la administración central cerró con un déficit de 84.051 millones (7,49 por ciento del PIB) sin contar las ayudas financieras ni el impacto de la Sareb; las comunidades autónomas registraron un déficit de 2.306 millones (0,21 por ciento del PIB); las corporaciones locales alcanzaron un superávit de 2.870 millones (0,26 por ciento del PIB); y los Fondos de la Seguridad Social tuvieron un déficit de 29.685 millones (2,65 por ciento del PIB).

Ingresos y gastos

Por el lado de los ingresos, se produjo un descenso del cinco por ciento, lo que supone 24.487 millones menos. Sin embargo, la ministra resaltó que, “a diferencia de crisis anteriores”, en esta ocasión los ingresos tributarios cayeron menos que el PIB nominal, al disminuir un 8,8 por ciento, frente a la caída del 9,9 por ciento del PIB, aportando un total de 194.051 millones de euros, 21.674 millones menos respecto al ejercicio anterior.

Por tributos, el IVA retrocedió un 11,5 por ciento, hasta los 63.337 millones, con motivo de la caída del consumo por la menor actividad económica, mientras que los Impuestos Especiales tuvieron un retroceso en sus ingresos del 12,1 por ciento, hasta los 18.790 millones. El Impuesto sobre Sociedades, por su parte, registró la mayor caída de la recaudación, al aportar sólo 15.858 millones, lo que supone un descenso del 33,2 por ciento.

Por el contrario, el único impuesto que vio crecer su recaudación fue el IRPF (1,2 por ciento), aportando 87.972 millones de euros, comportamiento que la ministra resaltó que “no es casual”, sino que se debe a medidas que sirvieron para salvar el empleo, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), así como a los incrementos en las pensiones, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el salario de los trabajadores públicos.

Por otra parte, el gasto público aumentó un 10,1 por ciento, lo que implica un incremento de 53.070 millones respecto a 2019. Sobre este incremento, Montero apuntó que el 85 por ciento de dicho incremento se debió a medidas tomadas directamente para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19.

Asimismo, puso en valor que la administración central financió a través de transferencias a otras administraciones el 90 por ciento del gasto público ligado a la COVID-19, computando hasta 40.443 millones de gasto para combatir los efectos sanitarios y sociales de la pandemia.

Corporaciones locales

En cuanto a las corporaciones locales, sus ingresos descendieron un 5,7 por ciento hasta los 73.853 millones de euros, compensado parcialmente con el descenso de los gastos, que retrocedieron un 4,8 por ciento, hasta alcanzar los 70.983 millones. Las entidades locales vieron incrementarse los recursos procedentes del Estado, que alcanzaron los 19.119 millones, en un 3,5 por ciento más. De acuerdo con la información transmitida por las corporaciones locales, el gasto derivado de la Covid-19 ascendió a 1.250 millones.