El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión directa de una subvención a los 131 titulares de 254 concesiones de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera para compensar el déficit de explotación y la pérdida de ingresos como consecuencia de la reducción de la movilidad correspondientes al primer cuatrimestre de 2021. La subvención compensa también la reducción de los ingresos de los concesionarios de las infraestructuras de transporte de titularidad autonómica.

La Junta asegura que es un "esfuerzo presupuestario imprescindible" para el mantenimiento del tejido empresarial del sector, que se encuentra muy atomizado, pero a la vez muy pegado al territorio y muy arraigado en el entramado social y empresarial de ciudades y pueblos. Se trata de subvenciones a 254 concesiones de transporte público de viajeros, que afectan a 131 empresas, que emplean a más de 3.500 trabajadores directos.

En su inmensa mayoría, son servicios deficitarios que atienden multitud de tráficos rurales que conectan localidades de escasa población con las principales localidades de la Comunidad, o bien transportes metropolitanos o periurbanos. En definitiva, se trata de servicios públicos esenciales en el que el principal objetivo es garantizar la movilidad de los ciudadanos en condiciones de igualdad en todo el territorio de Castilla y León.

Junto a ellos, la subvención se extiende a los concesionarios de las estaciones de autobuses de titularidad autonómica, en las que la reducción de la movilidad ha impactado de manera directa, haciendo difícil su mantenimiento en condiciones de normalidad.  

Un servicio público quebrado por la crisis sanitaria

La concesión de los 9.760.734 euros supone, mediante un gran esfuerzo presupuestario de la Junta de Castilla y León, mantener el sistema concesional y la pervivencia de las estaciones de autobuses de titularidad autonómica y, con ello, preservar el tejido empresarial del sector del transporte, al que la crisis sanitaria y la reducción de la movilidad pública han quebrado, amenazando de manera grave el entramado empresarial y social a ellas vinculadas.

Las restricciones a la movilidad que devienen del estado de alarma han tenido como consecuencia directa una minoración sustancial de los usuarios y una reducción drástica de los ingresos de las concesiones de transporte público de viajeros.

Al mismo tiempo, y una vez levantadas las restricciones de movilidad, los datos demuestran que el uso del transporte público de viajeros no se ha recuperado a niveles similares a los del año 2019, sino todo lo contrario; la caída se sitúa en torno al 60 %, lo que ha propiciado un problema gravísimo de falta de liquidez de las empresas dedicadas al transporte de viajeros, es decir, la capacidad de las mismas para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y el mantenimiento de la prestación del servicio.

En este sentido, es preciso recordar que, desde el 21 de junio de 2020, la Junta de Castilla y León ha mantenido toda la oferta de transporte público de viajeros que se viene prestando al 100 % en todas sus franjas horarias, en relación con la oferta que había con carácter previo a la pandemia. Ello es así, a pesar de la reducción de la demanda, pero se ha optado por mantener los servicios en las mismas condiciones con la finalidad de lograr un escenario de normalidad en la prestación del servicio público de transporte dada su transcendencia en la conectividad y la movilidad de los núcleos rurales y de las ciudades.

Esta situación supuso que el pasado año 2020 la Junta de Castilla y León destinase un total de 27.547.110 euros para apoyar al sector del transporte regular de viajeros por carretera. Estas cuantías son el reflejo del compromiso de la Junta con las pequeñas y medianas empresas del sector del transporte de viajeros de la Comunidad, contribuyendo a garantizar la prestación de un servicio público esencial para la ciudadanía, a través de la continuidad de su actividad y de los puestos de trabajo vinculados a la misma.