Castilla y León recibirá 86,85 millones de euros en 2021, de los casi 240 millones que le corresponden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De ellos, 62,625 millones serán para el ‘Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales’, y los 24,22 restantes irán destinados al ‘Programa de Impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP), según la propuesta de reparto autorizada por el Consejo de Ministros del pasado 13 de julio, ratificada esta mañana la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo.
Tras las comunidades de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid, Castilla y León será la que más fondos reciba en 2021 (por delante del País Vasco, Navarra, Baleares o Canarias), con porcentajes del 5,441 % de los fondos para rehabilitación residencial y 5,047 % para rehabilitación de edificios públicos. El primer porcentaje refleja la proporción del número de hogares existentes en Castilla y León respecto del total de España según la Encuesta Continua de Hogares referida al año 2020, y el segundo está obtenido a partir de la población de Castilla y León referida a 1 de enero de 2020 en relación con la total de España (Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre).
Sobre el tercer programa de los fondos, ‘Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes’, dotado con 1.000 millones de euros, las transferencias se realizarán a partir de 2022, habiéndose acordado en esta Conferencia el criterio de reparto, que se ha fijado también en el 5,441 %.
La transferencia de los créditos está condicionada a la tramitación y aprobación de un Real Decreto en el caso de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social, y a la firma de convenio bilateral en el caso del Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha expresado su satisfacción por la llegada este mismo año de los primeros fondos europeos que permitirán avanzar en los programas de rehabilitación edificatoria que la Junta de Castilla y León lleva desarrollando desde hace varios años, aunque no obstante, y en lo que respecta a la recuperación de edificios públicos, ha insistido en que el criterio de reparto debería haber sido el número de edificios y no la población “dado que a ellos van dirigidas las ayudas, y Castilla y León tiene que hacer un esfuerzo especial para hacer llegar los servicios públicos a su extenso territorio, desconcentrando su estructura, lo que implica un mayor número de edificios públicos que comunidades autónomas con más población y menos territorio donde existe una concentración de dichos edificios y un menor número relativo por economía de escala de gestión”.
Fondos Europeos para Vivienda y Rehabilitación
El Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales cuenta con 3.420 millones de euros, aunque la cuantía máxima a repartir entre las comunidades será de 2.970 millones. Castilla y León, atendiendo a los criterios de reparto según el número de hogares de la Encuesta Continua de Hogares (INE) referida al año 2020, podría recibir un 5,43 %, es decir, unos 161 millones de euros. Para este año 2021 ya están aprobados 1.151 millones, de los que Castilla y León recibirá el 5,441 %, esto es, 62,626 millones.
El contenido de este programa incluye ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio (ARRUS), apoyo a las oficinas de rehabilitación, programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética en viviendas y la elaboración del “Libro del edificio existente” para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.
El Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes dispone de 1.000 millones de euros, y a Castilla y León le corresponden el 5,441 % de la cantidad que finalmente se asigne a las CCAA. El objeto de esta partida es fomentar e incrementar el parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública. Para este año 2021 no hay dotación presupuestaria.
Las promociones de viviendas de nueva construcción deberán destinarse al alquiler o cesión en uso durante un plazo mínimo, en ambos casos, de 50 años. Para poder obtener financiación los edificios que se construyan deberán tener un consumo de energía primaria no renovable inferior a unos valores límite preestablecidos.
Los promotores de las viviendas podrán obtener una ayuda, proporcional a la superficie útil de cada vivienda, de hasta un máximo de 500 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda. La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar el 60% de la inversión de la actuación, con un límite máximo de 50.000 euros por vivienda.
A través de acuerdo de la Comisión Bilateral se identificarán los terrenos de titularidad pública objeto de la actuación y las características de la promoción de nuevas viviendas en alquiler social.
El Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) cuenta con 1.080 millones, de los que 480 se distribuirán para este fin entre las comunidades autónomas, el resto se destina a las entidades locales. El objeto del programa es subvencionar la rehabilitación sostenible del parque público institucional con visión integral, no solo eficiencia energética, y para todo tipo de edificios de titularidad pública, incluidos los de la administración institucional.
Castilla y León recibirá para este programa 24,225 millones y se financiará el 100 % de las actuaciones de eficiencia energética, y el 85 % en el caso de mejoras ambientales, de accesibilidad, habitabilidad, etc. aportando las comunidades autónomas el 15 % restante. Todo el montante lo recibirá este año 2021.