La Junta de Castilla y León incrementará un 40 por ciento la deducción por nacimiento o adopción en los municipios menores de 5.000 habitantes y pequeños municipios y reducirá el impuesto de transmisiones a las empresas que se instalen en el medio rural y a la compra o arrendamiento de arrendamiento de explotaciones agrarias prioritarias y fincas rústicas, según se recoge en el anteproyecto de ley de Medidas Tributarias y Administrativas, que acompaña a los presupuestos, conocido por la Agencia Ical.
Este borrador justifica este paquete fiscal favorable al medio rural en la necesidad de apoyar la natalidad, favorecer el emprendimiento, ayudar a la permanencia de los trabajadores y autónomos en los pueblos y apoyar la continuidad de la actividad agraria.
Así, se recoge como novedad, que las deducciones por nacimiento o adopción en los municipios de menos de 5.000 habitantes sean superiores a las previstas con carácter general y se incrementa la cuantía deducible hasta los 1.420 euros por el primer hijo (1.010 euros en el resto de casos); 2.070 euros por el segundo (1.475) y los 3.300 euros (2.351) por el tercero y siguientes, según el documento al que ha tenido acceso Ical.
Sin embargo, la Ley de Acompañamiento establece también la incompatibilidad de las deducciones por nacimiento/adopción y familia numerosa con las nuevas ayudas públicas creadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ya que considera preferente la subvención sobre la deducción fiscal, “con el objetivo de beneficiar a los contribuyentes con las rentas más bajas, que son los que habitualmente no tienen suficiente cuota íntegra autonómica para aplicar de forma íntegra la deducción correspondiente al año en que se genera el derecho”.
Transmisiones patrimoniales
La Consejería de Hacienda también prevé una serie de ajustes en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados dirigidos a “disminuir la presión fiscal de los emprendedores y autónomos del mundo rural” para apoyar el mantenimiento del empleo en estas zonas y “hacer de la Comunidad un territorio atractivo para el emprendimiento rural”, siempre según el anteproyecto conocido por Ical.
Así, continua reduciendo el gravamen del impuesto de transmisiones para las empresas que se instalen en los pueblos y creen empleo hasta el 2 por ciento, después de que el año pasado se bajase hasta el 3 por ciento. También, establece un tipo reducido del 4 por ciento (frente al general del 8 por ciento) a las transmisiones patrimoniales onerosas de las exploraciones agrarias que se consideren prioritarias, lo que implica una reducción significativa de la tributación por cambio de titularidad de la explotación.
Por último, se establece una bonificación del cien por cien de la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de aplicación a los arrendamientos de fincas rústicas, siempre y cuando la persona arrendataria tenga la condición de agricultor profesional y sea titular de una explotación agraria a la que afecten los elementos arrendados.
El anteproyecto establece también, con carácter general, una congelación de las tasas y precios públicos.