La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, denunció hoy en Valladolid que que 2.135 de los 15.187 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Castilla y León cobran menos que con la Renta Garantizada de Ciudadanía, además de existir otras 4.096 familias a las que se le ha degenado o inadmitido la prestación estatal aunque, al ser perceptoras de la Renta Garantizada, la Junta sigue manteniendo esa ayuda. En todo caso, dejó claro que esos más de 2.000 castellanos y leoneses reciben el mismo importante que antes de la entrada en vigor del IMV después de que la administración autonómica impulsara una modificación de la Ley de la Renta, que permitió hacer complementarias ambas prestaciones.

Con motivo de la inauguración del II Foro Social del Grupo de Enlace del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Blanco declaró que el Instituto Nacional de la Seguridad Social revisa las concesiones del Ingreso Mínimo con los datos de la Agencia Tributaria del año 2020, lo que supone modificaciones de las cuantías con efectos retroactivos. "Esto obliga a la Junta a revisar los expedientes de Renta Garantizada y, en algunos casos, pedir la devolución de las cantidades que se aportaron como complemento, lo cual no es entendido por los ciudadanos ni por nuestra administración, por que es una dificultad añadida", subrayó.

La consejera recordó, según recogió la Agencia Ical, que en Castilla y León coexisten las dos prestaciones desde que en junio de 2020 el Gobierno central pusiera en marcha el Ingreso Mínimo Vital como una prestación económica, gestionada por el Instituto de la Seguridad Social, dirigida a las familias de mayor vulnerabilidad. "En aquel momento, las expectativas que se generaron fueron positivas y vistas con muy buenos ojos por parte de la Junta, al tratarse de una prestación homogénea en toda España y muy semejante a la Renta Garantizada de Ciudadanía que llevaba implantada más de diez años en la Comunidad", expuso.

En presencia del presidente del CES, Enrique Cabero, precisó que la llegada del Ingreso Mínimo Vital no supuso la desaparición de la Renta Garantizada por su carácter "subsidiario" a todas las prestaciones existentes. "Quien tuviera la Renta Garantizada podía seguir recibiéndola mensualmente hasta obtener la resolución favorable del Ingreso Mínimo y quien no tuviera derecho, podría solicitarla subsidiaramente para su tramitación por parte de la administración autonómica", señaló.

Sin embargo, la consejera acusó al Gobierno de la Nación de iniciar la gestión de la nueva prestación de manera "precipitada" y sin contar con las comunidades autónomas, a pesar de la experiencia que tenían. Al final, precisó, se han generado "disfunciones" durante un año, sobre todo con la convivencia con la Renta Garantizada así como "desorientación" e "inquietud" entre los ciudadanos y las familias más vulnerables.

Isabel Blanco manifestó que la Renta Garantizada es un derecho subjetivo que está recogido en el catálogo de servicios de la Red de Protección a las Familias, por lo que anunció que la Junta va a reformularla con el fin de que, en su convivencia con el Ingreso Mínimo, la prestación autonómica siga cumpliendo el objetivo de conducir a sus perceptores hacia una verdadera integración social y laboral.

Y es que lamentó que los perceptores del IMV no estén vinculados a un proyecto de vida o a un programa individualizado para su inserción socio-laboral, como sí está previsto para los beneficiarios de la Renta. Algo que, a su juico, dificulta la aplicación de algunos programas de la Junta como los orientados a fomentar la escolarización, reducir el fracaso escolar o promover la búsqueda de empleo. "Hay que facilitar que las personas entren en el sistema de Servicios Sociales y tengan la cobertura mínima que necesitan pero que también salgan. Debe ser la puerta de entrada pero también de salida y eso se logra con el derecho a la integración social y laboral a las pesonas más vulnerables que reciban estas prestaciones", aseveró.

"Esto hace necesario replantear la naturaleza de la Renta Garanatizada de Ciudadanía para garantizar a los perceptores del IMV en Castilla y León el derecho a la integración social y laboral", sentenció. En este sentido, la Consejería de Familia participa en un informe a iniciativa propia del CES sobre la ‘Convivencia Renta Garantizada de la Ciudadanía – Ingreso Mínimo Vital'.

La intervención de Blanco también sirvió para enumerar los programas de la Junta para dar respuesta a las necesidades del mundo rural, trabajando por erradicar las desigualdades y en favor de la cohesión social, a través del acercamiento de los servicios a las personas que viven en pequeños núcleos de población.

Dependencia 5.0

Una de las medidas más relevantes en este ámbito es la extensión del sistema de atención a la Dependencia 5.0 y, dentro de él, proyectos como ‘Atención en Red’, cuyo objetivo es facilitar a las personas mayores la posibilidad de vivir en su casa con los servicios que se prestan en un centro residencial o, si lo prefieren, vivir en una residencia, pero como si estuvieran en su propio hogar.

Este programa ofrece cuidados individualizados a las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, ya sea en centros residenciales o en su propio domicilio y lo hace además, centrándose en el medio rural, como respuesta inteligente y sostenible para la demografía de Castilla y León.

‘Atención en red’ pivota sobre tres pilares, complementarios entre sí y que responden a las diferentes necesidades de las personas mayores como la atención básica a través de la ayuda a domicilio y la Teleasistencia avanzada; los programas ‘A gusto en casa’ y ‘Viviendas en Red’, y el nuevo modelo de atención residencial, que se va a blindar en una ley autonómica innovadora.

Junto a esto, la consejera puso el acento en fomentar las políticas de conciliación y de corresponsabilidad a través del Plan Familias, que aglutina todos los recursos, programas, servicios y subvenciones que la Junta ofrece a las familias. Son un total de 57 medidas con un impacto económico de 76 millones anuales, dirigido a las 300.000 familias con menores de 25 años, con una atención preferente al medio rural.

El apartado más relevante de este plan es el del impulso constante de las medidas de conciliación, como las ayudas para excedencias y reducciones de jornada, los programas Conciliamos y Crecemos, o el Bono Concilia.

Isabel Blanco recordó las mejoras introducidas en Conciliamos –que atiende las necesidades de conciliación de las familias con menores entre 3 y 12 años durante los periodos no lectivos de Navidad, Carnaval, Semana Santa y verano– y en Crecemos –pensado para los pequeños municipios que necesitan un recurso de conciliación para menores entre 0 y 3 años y la demanda en la localidad es inferior a 15 plazas–.

Por último, se refirió al recientemente activado Bono Concilia, que ofrece una ayuda de 750 euros por hijo a las familias con niños de hasta tres años cuando los dos progenitores trabajan y hayan precisado el curso anterior de un recurso de conciliación, bien a través de un centro o bien a través a través de personas que se hayan encargado del cuidado de los menores.

Durante la inauguración, Enrique Cabero recordó, según Ical, que el CES de Castilla y León es el único de España que cuenta con un grupo de enlace con una dimensión social, lo que permite ampliar la labor del Consejo a entidades y organizaciones y así permite hacer "más y mejores" propuestas. Además, apuntó que la Comunidad y sus ciudadanos deben sentirse orgullosos de las organizaciones sociales por su compromiso cotidiana, actividad, profesionalidad, capacidad de organizacion y colaboración entre ellas, además de la incorporación del voluntariado. "Son un ejemplo en el contexto nacional", aseguró.