¿Fue precipitado el cierre de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña en 2017, así como el Plan acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Naturgy, Iberdrola y Endesa, que prevé el cerrojazo con fecha tope en 2035 de las que aún siguen abiertas en España?

¿Por qué la Unión Europea establece un paquete de ayudas y ventajas fiscales para el fomento de una energía más sostenible que contribuya a reducir las emisiones de CO2, y la nuclear está fuera de ese listado teniendo emisiones tan bajas? 

¿Cómo es posible que el Reino Unido anunciara el pasado viernes que pondrá la energía nuclear en el centro de su estrategia para conseguir emisiones cero de carbono para 2050?

¿Se equivoca el presidente francés Emmanuele Macron cuando, a tan sólo medio año de las elecciones presidenciales, anuncia un plan de reactivación industrial con una partida de 30.000 millones de euros, que incluye relanzar la energía nuclear?

Son preguntas que reabren un debate que unos consideran superado y otros reivindican retomar, en plena crisis energética con unos precios del gas desorbitados que están incluso obligando a algunas industrias a parar su producción.

Alfredo García, divulgador científico que actualmente desempeña su labor como supervisor en la central nuclear de Ascó (Tarragona), señala claramente el origen del cierre de la ubicada en Santa María de Garoña (Burgos).

"Todo partió de una promesa electoral del PSOE para atraer más votos en las Elecciones Generales de 2008: cerrar Garoña en 2011. La central cesó su actividad a finales de 2012. En febrero de 2017 el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) aprobó su reapertura, siempre que se cumpliera con unas inversiones de seguridad que le equiparara al resto de centrales de fisión españolas, y comenzó un período de negociación que culminó por falta de acuerdo en el anuncio del cierre definitivo en 2017 con el Gobierno del PP".

En plena crisis energética, el cierre de esta central de fisión castellano y leonesa ha regresado al primer plano informativo tras las declaraciones hace unos días del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien calificó de "error" aquella decisión, y se sumó a la corriente científica que exige se reabra este debate, al añadir que "mucha gente se replantea si el cierre de las nucleares ha sido buena idea en lo que tiene que ver con el cambio climático".

En este sentido, el que además es portavoz del Ejecutivo regional, apeló a "huir de seguidimos ideológicos y evaluar el impacto a largo plazo" que las medidas que se toman tienen sobre la vida de las personas.

El origen del rechazo

Los desastres de Chernobyl (1986) y Fukushima (2011) fueron el caldo de cultivo perfecto para que la población comenzara a sumarse a las demandas de ecologistas y bloques de la izquierda, y conseguir arrinconar la energía nuclear social y políticamente.

Más adelante, al miedo se le sumaron argumentos medioambientales y de emisiones de CO2. Nadie se preocupó entonces de hacerle llegar a una ciudadanía asustada por los posibles efectos de la radiactividad, que hay "otras causas mucho mayores de mortalidad como la polución atmosférica -mata a 7 millones de personas al año en el mundo según la OMS-, o que la energía nuclear fuera barata y respetuosa con el medioambiente", tal y como adelanta Alfredo García, autor además del libro 'La energía nuclear salvará el mundo', que ya va por su cuarta edición.

En este sentido, y teniendo en cuenta el actual escenario de los ODS marcados por la ONU en su Agenda 2030, organismos como la UNECE (Comisión Europea de las Naciones Unidas para Europa), ha dejado claro en uno de sus últimos informes, que los objetivos para luchar contra el cambio climático no podrán llevarse a cabo si se excluye a las nucleares. 

Conclusión que confirman otros organismos científicos como el IAEA (Agencia Internacional de la Energía Atómica) cuando habla de que invertir en energía nuclear es una de las mejores opciones para recuperar la economía postpandemia contribuyendo además directamente a la sostenibilidad.

Este ingeniero de telecomunicaciones cree que hay diferencias importantes a la hora de juzgar la apuesta de un país por la sostenibilidad.

Así, en Noruega, por ejemplo, "tienen mucha agua y se pueden permitir dar un mayor peso a sus centrales hidroeléctricas en la cadena de abastecimiento, dado que allí el agua es una fuente de energía renovable y constante", explica García.

Este divulgador científico, tras casi 25 años desarrollando su labor en esta industria, considera que se ha "estigmatizado" a las centrales nucleares por motivos "ideológicos", desde que en los años '70 comenzara en Alemania una corriente ecologista contraria a lo nuclear "sin tener en cuenta los beneficios que aportaba ni las variables del resto de energías".

García resume lo ocurrido desde entonces y las consecuencias que se derivan de ello hoy en día, en una sola frase: "La criminalización de la energía nuclear es la victoria de la ideología frente a la Ciencia". 

Se produjo, a su juicio, lo que califica como 'falacia ad populum', o lo que es lo mismo: tomar decisiones en virtud de una corriente de opinión, en vez de por informes fundamentados. "Primero se dominó a las masas con argumentos que tenían una base política sin fundamento científico alguno, y luego se tomaron decisiones en virtud de esa presión popular y sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo", indica García.

Menos contaminantes

"El futuro pasa porque converjan renovables y nucleares", adelanta este ingeniero de telecomunicaciones, @OperadorNucelar en redes sociales. A su juicio, nadie está añadiendo el término "variables" a la etiqueta de renovables. Su estacionalidad no permite a esta industria verde garantizar el suministro por igual en todas las épocas del año ya que sus motores son el sol, el agua o el viento.

Un país tan concienciado con el medioambiente y la sostenibilidad como Suecia, sin embargo, "tiene un 43% de hidroeléctrica y un 40% de energía nuclear". Se trata "exactamente de eso: de explicarle a la gente que este modelo es sostenible, más económico, aporta mayor garantía de abastecimiento, y en absoluto supone un enfrentamiento entre ambas fuentes de energía", añade. 

A su juicio, de hecho, esta criminalización de las centrales de fisión viene determinada también por los "intereses económicos que hay detrás de la compraventa de combustibles fósiles".

En Castilla y León, el cierre de la central de Garoña supuso la desaparición de esta industria en la región. Sin embargo, en España aún quedan en activo siete reactores distribuidos en las de Almaraz (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós (Tarragona). 

La potencia bruta instalada de todos ellos asciende a casi 7.400 MWe, lo que suponen un 6,5% del total de la potencia eléctrica instalada en nuestro país. El 23% de la electricidad que se consume en España procede de esta industria, lo que le convierte en la primera fuente de producción, según datos de REE (Red Eléctrica de España).

En el mapa de la UE, 14 de los 27 Estados miembros disponen de reactores en funcionamiento que generan el 26% de toda la electricidad consumida en todos ellos. Liderando este ranking se encuentra Francia, con 56 reactores que generan hasta el 70% de su electricidad. Le sigue Eslovaquia, donde el 55% de su electricidad es también de fisión; Hungría, con el 50%; y Bélgica y Suecia, con el 40%. 

Alemania dispone en la actualidad de sólo seis reactores nucleares de los 17 que tenía en 2011. Su plan es dejarlos cerrados todos en 2022 para luchar contra el cambio climático.

Algo que aún no saben muy bien cómo conseguir dado que sus únicas fuentes de energía capaces de dar respuesta real a las necesidades de abastecimiento son la hulla y el lignito, dos tipos de carbón con emisiones muy altas de CO2, por lo que seguirán dependiendo del gas ruso.

Los expertos dijeron sí a la energía nuclear

Durante 2017 y 2018 el Gobierno de España encargó a una Comisión de Expertos sobre Transición Energética formada por 14 miembros independientes y de reconocido prestigio, que elaborara un dictamen sobre cómo encaminar el sistema energético español hacia un modelo más sostenible que, además, garantizara el abastecimiento. 

Uno de esos miembros, José Luis de la Fuente O'Connor, doctor en Ingeniería y profesor titular de Matemática Aplicada en la Universidad Politécnica de Madrid, ha accedido a hablar con EL ESPAÑOL - NOTICIAS DE CASTILLA Y LÉON. O'Connor recuerda cómo "ni uno sólo de nosotros se pronunció a favor de la desaparición de la energía nuclear en España, y eso que todos éramos de diferentes tendencias políticas y con distintas trayectorias". 

El informe salió adelante con 13 votos a favor y 3 abstenciones (éstas últimas las de los miembros de Podemos, ERC y CCOO), pero ni un sólo voto en contra. La conclusión a la que sí se llegó fue a la de que "el cierre de las nucleares supondría duplicar las emisiones de CO2 en el país", recuerda O'Connor.

"Procurar un planeta más sostenible, sí. Hacerlo sin un proyecto serio a largo plazo y obedeciendo a dogmas ideológicos dejando de lado la Ciencia para caer en problemas mayores, no", resume este ex profesor universitario.

O'Connor puntualiza, además, que "los residuos radiactivos -uranio sobre todo- están perfectamente almacenados en depósitos específicamente diseñados para ello, y podrían reutilizarse para seguir generando electricidad, dado que se trata de combustible relativamente usado".

Noticias como la que publicaba EL ESPAÑOL el pasado 1 de octubre en sus páginas de Invertia, en las que informaba del cierre del gaseoducto del Magreb tras 25 años surtiendo de gas a España, ponen de relieve la importancia de disponer de suficientes alternativas para garantizar el suministro a la ciudadanía.

"¿Podemos garantizar la vida de un país a través del abastecimiento de la energía eléctrica que necesita, dependiendo exclusivamente del gas que llegue de Argelia y Libia, y de que los condicionantes meteorológicos sean favorables durante todo el año en relación con las renovables?"

O'Connor lanza un mensaje de advertencia frente a la "irresponsabilidad" de dejar que las ideologías e intereses políticos se impongan a la Ciencia, con consecuencias difícilmente reversibles a corto y medio plazo, y sin tener en cuenta las necesidades reales de un territorio ni de qué manera puede hacerles frente de manera efectiva.