El pasado mes de abril la Comisión Europea aprobó una serie de directrices sobre ayudas estatales para el período 2020-2027 para las provincias de Teruel, Soria y Cuenca dado el problema de baja densidad de población que arrastran desde hace años.

Una despoblación que se ceba con algunas zonas, como es el caso, y que impide que se pueda generar un mayor tejido productivo y económico.

El Gobierno de Pedro Sánchez aún no se ha puesto manos a la obra para dotar de un marco legislativo a estas ayudas económicas cuya finalidad es asentar una mayor actividad empresarial en estas zonas.

Lo único a lo que pueden acogerse, por ahora, es a las buenas intenciones del Ejecutivo recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.

A apenas veinte días para que finalice el año, las Cámaras de Comercio de estas tres provincias firmarán un documento el próximo jueves para exigir al Gobierno de la Nación que articule estas medidas y concrete cómo se van a decidir, de manera que puedan atraer una actvidad empresarial mayor o, por lo menos, mantener la que tienen.

Una petición que cuenta con el apoyo del Consejo de Cámaras de Castilla y León y la Cámara de España, para reforzar el tejido empresarial de las tres provincias, constituido en su mayoría por pymes y autónomos así como fijar población en estos entornos. 

Esta fiscalidad diferenciada permitirá una reducción de costes laborales para unas empresas que han de competir y sobrevivir con tasas de población inferiores a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.