El 1 de enero de 2022 ha entrado en vigor Ley por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que viene a modificar la norma anterior, del 29 de mayo de 2020. Ésta se presenta como una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

Respecto a los datos correspondientes a Castilla y León, en estos meses de andadura, el INSS registra 51.320 solicitudes válidas del IMV en Castilla y León. El 94,34% de los expedientes considerados válidos, están resueltos (el 92,63% en el conjunto nacional). De los cerca de 50.000 expedientes resueltos, lo han sido en sentido positivo el 32,4%, esto quiere decir que han sido denegados más de 33.700 expedientes, según datos de la Seguridad Social. Solamente 3 de cada 10 solicitudes del IMV aproximadamente, han sido concedidas, hasta ahora, en Castilla y León. Mas de 16.500 expedientes aprobados cubren en torno a 36.100 personas beneficiarias, (a razón de 2,1 persona por expediente), de las cuales 13.390 son menores. Si tomamos como referencia las personas castellano y leonesas en situación de pobreza severa (3,6% en Castilla y León), estaríamos hablando de en torno a 86.000. Por lo tanto, el IMV en esta Comunidad no estaría cubriendo al 41,9% de su población en situación de pobreza severa, potencialmente candidata a acceder al IMV, que permanecen excluidas.

Con estos datos, desde UGTCyL consideran "que el porcentaje de solicitudes resueltas de forma negativa es demasiado alto (superior incluso al de RGC se situaba en torno al 48% en media anual), lo que muestra la rigidez de la norma que esperamos se supere, en el menor tiempo posible, con la entrada en vigor de la Ley".

La secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGTCyL, Victoria Zumalacárregui, ha manifestado que "esta no es la prestación que esperábamos, aunque su aprobación era necesaria, teniendo en cuenta que el IMV nace de la iniciativa sindical", en alusión a la Iniciativa Legislativa Popular, presentada en febrero de 2017 con el respaldo de 700.000 firmas.

Ha continuado señalando que la norma anterior, del 29 de mayo de 2020, modificada hasta en 8 ocasiones, presentaba disfunciones profundas que impedían incrementar la cobertura o ganar suficiencia.

Zumalacárregui ha enumerado las mejoras que, tras el trámite parlamentario, recoge la ley y que ya están en vigor desde el pasado 1 de enero. En primer lugar, ha hecho referencia al complemento de ayuda a la infancia, en lo que es "una clara apuesta por paliar, que no erradicar, la pobreza infantil", y que llegará a las personas beneficiarias de la prestación con menores a cargo, y también a otras familias de rentas bajas, pero no necesariamente en extrema pobreza. La cuantía mensual oscilará entre los 100 euros por hogar con menores de 0 a 3 años; 70 euros por cada menor entre 3 y 6 años y los 50 euros por cada menor entre 6 y 18 años.

También se amplía la cobertura a jóvenes que hayan estado tutelados por entidades públicas; se recoge el complemento de discapacidad superior al 65% del 22% para una unidad de convivencia; un complemento de monoparentalidad del 22% de la cuantía mensual de la pensión no contributiva unipersonal.

En cuanto al cómputo de las rentas del año en curso para acceder al IMV la mejora estriba en que no se tendrán en cuenta las prestaciones o subsidios por desempleo, en cualquiera de sus modalidades, percibidas durante dicho año, siempre que, en el momento de la solicitud de prestación del IMV, el derecho a esas prestaciones o subsidios se haya extinguido sin que se tenga derecho a ellas.

A partir de ahora se solicitará desde el Servicio Público de Empleo

Por otra parte, en relación con las personas trabajadoras en paro y que agoten el subsidio por desempleo y carezcan de otras fuentes de ingresos podrán acceder automáticamente al IMV. En estos casos lo más relevante de la nueva norma es que el Ingreso Mínimo Vital se solicitará desde el Servicio Público de Empleo y no a través de la Seguridad Social.

También se han relajado algunos de los requisitos de acceso, al reducirse el plazo de antigüedad de la unidad de convivencia de 12 a 6 meses, así como el requisito de acreditación de vida independiente de los menores de 30 años, que ha pasado de 3 a 2 años.

Al mismo tiempo, otra de las modificaciones recogidas en la nueva ley, recoge que se podrá solicitar la prestación teniendo en cuenta los ingresos del año en curso al tiempo que se han elevado los umbrales de renta y patrimonio para los casos que puedan constituir pobreza sobrevenida.

Siguen sin tenerse en cuenta algunos aspectos

Sin embargo, a pesar de estar mejoras, hay una serie de aspectos que, según ha señalado la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGTCyL, “siguen sin tenerse en cuenta en la Ley, a pesar de su importancia, como la ampliación, sin excepciones, de la edad mínima de solicitud de los 23 a 18 años o la devolución a la gestión pública de la certificación de situación de vulnerabilidad que determina el acceso a la prestación”.

En este sentido, Victoria Zumalacárregui, ha manifestado que “para UGTCyL es indudable la labor de colaboración de las entidades del tercer sector durante la pandemia”, que han ayudado a personas solicitantes del IMV que carecían de los recursos propios para poder realizarla; sin embargo, esta legitimación “nos parece preocupante”, ha continuado, “porque se permite a agentes externos a la Administración Pública emitir certificados de acreditación, es decir, una intervención privada en parte de la gestión del IMV”. La vía correcta, en palabras de la responsable sindical es “potenciar la gestión pública, mediante el reforzamiento de los servicios públicos, de las entidades gestoras, tanto a nivel económico como humano, para rebajar la tensión que sufre la Seguridad Social. Privatizar parte de la gestión no es la solución más adecuada para encubrir los déficits que ha puesto al descubierto esta prestación”.