J.L. / ICAL
Junta y ayuntamientos ingresan en la actualidad en Castilla y León más de 60 millones en impuestos al año por las instalaciones eólicas y fotovoltaicas en marcha, una cifra que constata la relevancia de estos parques de energías renovables para la Administración autonómica y las entidades locales, principalmente aquellas más pequeñas del medio rural cuyos presupuestos, muchas veces, se disparan gracias a estos proyectos.
En estos momentos, la Comunidad cuenta con la instalación de cerca de 6.300 megavatios de energía eólica, lo que la convierte en líder nacional en este segmento, a los que se suman otros 883 de solar, según datos de la Asociación de Promotores de Energía Eólica (Apecyl) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). En total, casi 7.200 megavatios entre ambas que, como cualquier instalación, debe abonar impuestos. En este caso, la tasa medioambiental que puso en marcha la Junta en 2012 permite percibir a la Administración autonómica alrededor de 35,8 millones, mientras que el Impuesto de Actividad Económicas (IAE) y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) eleva la recaudación de las entidades locales hasta los 26,9 millones, según los datos a los que tuvo acceso Ical.
De hecho, el presidente de Apecyl, Javier Gracia, puso como ejemplo un parque de aerogeneradores de 100 megavatios, con una facturación aproximada de 12 millones de euros, y con estos números paga casi un millón de euros en impuestos: por cada megavatio se gravan 1.250 euros de IAE; 2.500 de IBI; y 5.000 del impuesto de afección medioambiental autonómico.
Gracia señala que las ocupaciones de los terrenos “se negocian con cada propietario” y que se procura que sean siempre suelos de titularidad municipal y evitar que se trate de cultivos”. Por ello, dice, se buscan siempre “montes, eriales o perdidos”. En todo caso, resalta que la ocupación de las instalaciones eólicas es mínima y permite seguir labrando las parcelas en que se puedan ubicar. Y si son pastos, prácticamente “no resta alimento al ganado”. Algo que no ocurre en las iniciativas solares, donde se estima una ocupación de unas dos hectáreas de placas por megavatio, con un alquiler que puede superar los mil euros anuales por cada 10.000 metros.
Es más, de llevarse a cabo los proyectos de energía fotovoltaica que ya se encuentran en el trámite de información pública, tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) en los últimos meses, y que suman alrededor de seis gigavatios (6.000 megavatios), Junta y entidades locales podrían ingresar por estos conceptos alrededor de 52 millones de euros, a los que se podrían unir otros 50 de la Administración General del Estado por el impuesto de Generación del siete por ciento suprimido de forma temporal para aliviar el alto precio de la factura de la luz.
El impuesto estatal, suprimido temporalmente
Además de los impuestos que anualmente pagan las instalaciones renovables de eólicas y fotovoltaicas a la Junta y a las entidades locales, en una situación normal existiría otro gravamen, el de Generación, al siete por ciento, que ingresa el Gobierno y que actualmente está suprimido hasta el 31 de marzo debido a los altos costes de la factura eléctrica. Supondría otros 8.400 euros por megavatio al año. “En mercado libre, este año habríamos facturado el doble con los precios de la energía desorbitados”, comentó Gracia.
De hecho, si una instalación de 100 megavatios paga casi un millón de euros con los otros tres impuestos, la cifra se eleva en otros 60 millones de euros, cantidad que deberán abonar cuando concluya la prórroga en el tercer mes del año, a no ser que ésta se extienda de nuevo.