El Consejo de Cuentas de Castilla y León se trasladó hoy hasta Soria, donde, reunido en Pleno, aprobó, entre otros, los primeros informes que cifran el impacto de la pandemia de la COVD-19 en las cuentas de los ayuntamientos de la Comunidad. Concretamente, los que analizan la caída en los ingresos propios de las 9 capitales de provincia y la aplicación de los recursos adicionales recibidos en los 16 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

La reunión tuvo lugar en el Ayuntamiento tras un breve encuentro con el alcalde, Carlos Martínez, y, previamente en la Diputación Provincial con su presidente, Benito Serrano. En primer lugar, el informe sobre la evaluación del impacto de la pandemia en la recaudación y financiación local de las capitales de provincia entre 2019 y 2020 revela una merma de 28,5 millones de euros, cifrándose en el caso de Soria en 740.000 euros.

Esta auditoría ha comprobado las actuaciones, medidas y procedimientos llevados a cabo por los 9 ayuntamientos sobre sus tributos propios y otros ingresos de derecho público en el contexto de la pandemia, recayendo las actuaciones fiscalizadoras sobre las medidas adoptadas en el ejercicio 2020 y hasta el 30 de junio de 2021.

Se analizaron las actuaciones sobre plazos en periodo voluntario, fundamentalmente referidas a modificaciones del calendario fiscal del 2020; también las actuaciones sobre plazos en periodo ejecutivo, por ejemplo la suspensión de carácter general que afectó a la notificación de providencias de apremio, a la práctica de embargos y a la ejecución de garantías, así como las medidas sobre la liquidación y recaudación de ingresos propios, por ejemplo, las de no exigencia de tributos y otros ingresos como las tasas por la utilización y aprovechamiento del dominio público (terrazas de hostelería y mercados, entre otras). Casos en los que a causa de la pandemia y de las limitaciones impuestas por el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, no se produjo el hecho imponible.

Con carácter general, se actuó correctamente al modificarse transitoriamente, por acuerdo del pleno, las ordenanzas reguladoras de los ingresos. En el caso de las tasas y precios públicos, optándose mayoritariamente por reducir tarifas o suspender transitoriamente la aplicación de la tasa.

Cuatro capitales (Ávila, León, Salamanca y Valladolid) aplicaron beneficios fiscales sobre sus impuestos, por ejemplo, bonificando el IBI y el IAE.

La estimación anual realizada por los ayuntamientos sobre la pérdida de ingresos por medidas que afectan a su liquidación se cifra en 14,2 millones con respecto al ejercicio 2020 y en otros 9 millones con relación a 2021.

Con respecto a 2020 la mayor caída en ingresos la refleja el Ayuntamiento de Burgos (7,9 millones), seguido de los de León (1,9) y Ávila (1,5). En 2021 la merma de ingresos siguió siendo significativa en el caso de Burgos (5,1 millones).

En el presente ejercicio, con carácter general, no se estima ya una incidencia relevante de la pandemia en los datos de liquidación y recaudación.

Con relación a las recomendaciones del Consejo, su presidente, Mario Amilivia, subrayó que los ayuntamientos deberían evaluar la continuidad de los beneficios y reducciones concedidos sobre los ingresos propios a raíz de la pandemia, estimando la situación de recuperación de la actividad económica en cada caso.

También, como consecuencia de ello, que se debería hacer una evaluación sobre el mantenimiento o no de los beneficios y reducciones concedidos sobre los ingresos propios.

Análisis de la aplicación de los recursos adicionales recibidos en los ayuntamientos. Esta auditoría analiza los fondos recibidos por los 16 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes en el ejercicio 2020 y hasta el 30 de junio de 2021, diferenciando la administración de donde provienen. Recursos cuyo objetivo ha sido la recuperación económica, el empleo y la cohesión social para mitigar los efectos de la pandemia.

En el informe se analizan las ayudas aprobadas por el Estado y la Junta de Castilla y León. En el primer caso, como ayuda por la prestación del servicio de transporte público y en el segundo, un total de 8 ayudas concedidas (varias de ellas derivadas, a su vez, de reales decretos leyes del Gobierno de la nación) para la cofinanciación de servicios sociales, alimentación y contratación de personal para otras finalidades, gastos sociales, apoyo a familias, limpieza de colegios, reactivación del comercio, inversiones y contratación de personal temporal.

El total de las ayudas percibidas por estos 16 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes ascendió a 38,6 millones de euros, produciéndose con carácter general una aplicación correcta de los recursos por parte de las entidades, es decir, destinándose a aquellas finalidades para los que fueron concedidos. Solo en algunos casos puntuales derivados de las subvenciones concedidas por la Junta se debió hacer frente al reintegro de los fondos por incumplimientos relacionados con la justificación, destacando Palencia, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo.

Los municipios de mayor población absorbieron un mayor volumen de estas ayudas: Valladolid, 11,5 millones; Salamanca, 4,9; Burgos, 4,7 y León, 3,8.