AMACYL ha denunciado este miércoles que los mataderos de Castilla y León siguen a la espera de "reformas urgentes en su sector". Tras la celebración el día 28 de junio de una reunión con la directora general de Salud Pública, Sonia Tamames, la Asociación de Mataderos de Castilla y León, AMACYL, se encuentra a la espera de una nueva cita "para concretar los aspectos tratados que se comprometió a estudiar y dar una respuesta".

Una de sus principales reivindicaciones está relacionada con las tasas oficiales que deben abonar, "tanto en relación con su recaudación, como con su importe, no habiéndose visto reducidas ni como consecuencia de la crisis sociosanitaria por el Covid-19, ni tampoco ante los actuales incrementos del coste de la energía". "Cabe remarcar asimismo que dichas tasas están reguladas desde la Junta de Castilla y León, siendo éstas de una cuantía muy superior a las de otras comunidades autónomas e incluso a las reguladas por la Normativa Europea, de obligado cumplimiento para todos los países de la UE", aseguran.

Este sobrecoste supone que de media un matadero de Castilla y León "pague al año unos 8.000 euros más en tasas que los de otras comunidades de nuestro país". "En relación a este punto, la Asociación fue informada de que las tasas de la Comunidad son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios, tal como recoge la Ley 12/2001, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León", afirman.

El Reglamento (UE) 2017/625 relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, establece "que las autoridades competentes percibirán tasas y gravámenes para recuperar los costes en que incurran en relación con determinados controles oficiales y que, por ello, mientras se preste el servicio las tasas por inspecciones y controles sanitarios de carnes deben seguir aplicándose". "No, obstante, Sonia Tamames se comprometió a estudiar la cuantía actualmente fijada para dichas tasas, especialmente en relación con las de aplicación en otras comunidades autónomas", señalan.

Asimismo, la directora general de Salud Pública acordó revisar la actual regulación en materia de horarios, calificada por la asociación como “muy problemática” para el ejercicio de su actividad. "Por una parte, la exigencia de un preaviso de 48 horas para la matanza y el hecho de que sea necesario abonar un importe extra para poder los mataderos abiertos a determinadas horas, fines de semana y/o los días 24 y 31 de diciembre, dificulta la organización de sus empresas, en la que intervienen, aparte de los servicios veterinarios, distintos agentes no dependientes del matadero en cuestión como ganaderos y rutas de transporte. Una mejor coordinación y estudio de la distribución de veterinarios oficiales en los distintos mataderos podrían garantizar tanto la indispensable labor de inspección de estos como un horario flexible, más adecuado para el funcionamiento y planificación de sus empresas", comentan.

Otro de los temas tratados y sobre el que la asociación espera un avance es "el de las deducciones de aplicación en su actividad", ya que, a pesar de existir una instrucción en vigor sobre actuaciones en materia de tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos, consideran “imprescindible una homogeneización de los criterios a aplicar, no quedando éstos, como ocurre actualmente, al albur de decisiones subjetivas en cada caso”. Piden además que esas decisiones, como la consideración de una falta como grave, "no acarree como consecuencia la no concesión de deducciones".

Por otra parte, están "absolutamente en contra" de la responsabilidad total y absoluta que pretende imponerse a los mataderos por todo lo que acontezca en su interior, independientemente de que las actuaciones susceptibles de la responsabilidad que corresponde hayan sido llevados a cabo por personas que no tienen ningún cargo ni de representación o de gestión del matadero o que, incluso aunque los tenga, su actuación sea realmente ajena a ese ámbito de representación o de gestión. "Con respecto a este tema solicitaron en la reunión celebrada que de forma previa a establecer posibles sanciones, sean analizados los casos concretos de forma individualizada", aseguran.

Por último, Sonia Tamames se manifestó de acuerdo con la reivindicación de AMACYL relativa a la conveniencia de "estudiar una regulación respecto a la identificación en los puntos de venta de productos cárnicos de reses sacrificadas tanto por el rito halal como kosher, de manera que el consumidor final disponga de esta información".

Desde AMACYL señalan que esperarán hasta el mes de septiembre para solicitar una nueva reunión, "caso de no tener previamente lugar una citación desde la Dirección General de Salud Pública, pero aguardan respuestas concretas a toda esta problemática relacionada con temas legislativos y normativos que está suponiendo graves perjuicios para el desarrollo de la actividad del sector de los mataderos en Castilla y León".

Solicitud de una reunión previa en abril

AMACYL ya había solicitado en abril una reunión con la Junta de Castilla y León en la que abordar diversas cuestiones relacionadas con la regulación que afecta a su actividad. En concreto, con la nueva directora general de Salud Pública de Castilla y León, Sonia Tamames, de la que dependen los mataderos de esta asociación.

Sus principales reivindicaciones estaban relacionadas también con las tasas oficiales que deben abonar, tanto en relación con su recaudación, como con su importe, "no habiéndose visto reducidas ni como consecuencia de la crisis por el Covid-19, ni tampoco ante los actuales incrementos del coste de la energía". "Cabe remarcar asimismo que dichas tasas están reguladas desde la Junta de Castilla y León, siendo éstas de una cuantía muy superior a las de otras comunidades autónomas e incluso a las reguladas por la Normativa Europea, de obligado cumplimiento para todos los países de la UE", señalaban.

Ya denunciaban en abril que este sobrecoste "supone que de media un matadero de Castilla y León pague al año unos 8.000 euros más en tasas que los de otras comunidades de nuestro país". Señalaban además como “muy problemática” para el ejercicio de su actividad la actual regulación en materia de horarios.