El Observatorio de Morosidad de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme) registra que en el primer trimestre del año, Castilla y León fue la segunda autonomía donde más creció la morosidad empresarial, al constatar un aumento de 6,6 días hasta los 77,6, un incremento solo superado por los 7,2 días más contabilizados en Aragón, hasta los 69,4 en total.
En ambas comunidades, el crecimiento de la demanda industrial regional en el primer trimestre de 2022 fue inferior a la media nacional, a pesar de haber sido positiva (+18,5 por ciento interanual en Castilla y León; +19,5 por ciento en Aragón). Asimismo, estas cifras no han compensado la caída de la oferta industrial, medida a partir del IPI de febrero, en Castilla y León y el débil crecimiento experimentado en Aragón durante el primer trimestre (-7,3 por ciento interanual en Castilla y León; +1,17 por ciento en Aragón).
Así se desprende del estudio, elaborado en colaboración con Cesce e Informa y correspondiente al primer trimestre de este año, que cifra en 348.992 millones de euros el volumen de deuda comercial con retraso en el pago frente a los 245.926 millones registrados en el mismo período del año anterior, lo que supone un 42 por ciento más, informa Ical.
Entre enero y marzo de este año, la morosidad empresarial en España aumentó en tres puntos respecto del trimestre anterior y en 3,9 puntos porcentuales en términos interanuales, según el Indicador Sintético Cepyme de Morosidad Empresarial (ISME), que se creó en 2010 para medir la evolución de la morosidad a través del periodo medio de pago. Este incremento es resultado tanto del aumento de las facturas con retraso de pago como de la ampliación de los períodos de pago.
En lo que respecta a la deuda comercial con retraso de pago, en el conjunto del país alcanzó el 73,3 por ciento del total, lo que supone 3,6 puntos más que en el trimestre anterior, alcanzando un volumen de 348.992 millones de euros. En cuanto al período medio de pago, en el primer trimestre se elevó hasta los 83,9 días de media, frente a los 81,4 del trimestre anterior y los 82,6 días del primer trimestre de 2021.
Cepyme calcula que los intereses de demora exigibles por el retraso en el pago ascendieron a 1.831 millones en el primer trimestre teniendo en cuenta un retraso medio en el pago de 23,9 días y un tipo de interés legal de demora del 8 por ciento. Este coste supone un 50,5 por ciento más que en el mismo período del año anterior (1.217 millones de euros).
La patronal de pymes explicó que el fuerte incremento registrado en el primer trimestre “se debe en buena medida a la desaceleración de la economía, afectada por la escalada de precios y las consecuencias del conflicto de Ucrania”. Las empresas “no están transmitiendo la totalidad de las alzas de sus costes al cliente final y esto se traduce en una tesorería menguante, lo cual afecta a la capacidad de pago a los proveedores”, según expuso la patronal. En este sentido, indicó que “un número creciente” de empresas reconoce este problema y está negociando con sus proveedores una ampliación de los plazos de pago, lo que explicaría el aumento del periodo medio de pago y “hace que las previsiones a este respecto sean negativas”.
Cepyme estimó que las tensiones en los precios energéticos se mantendrán, al menos, hasta la próxima primavera y anticipó “mayores costes de financiación y condiciones más duras para acceder a dicha financiación, lo cual complicará la posibilidad de acceder a financiación externa”.
Tamaño y sectores
Las microempresas registraron el mayor incremento interanual en su período medio de pago, de 7,9 días, hasta los 87,6 días de demora, convirtiéndose en las empresas que más tardan en pagar.
Por rama de actividad, la construcción y promoción, junto con el sector textil se mantienen como las actividades con mayores retrasos en el pago, alcanzando los 98,4 y 90,4 días de periodos medios de pago, respectivamente, en ambos casos con aumento del periodo de pago respecto al trimestre anterior. La Región de Murcia se mantuvo como la comunidad autónoma con el mayor período medio de pago, un total de 96 días.
Sobre la Ley Crea y Crece que aprobó el Gobierno para impulsar el crecimiento de las empresas y reducir la morosidad, Cepyme considera que establecer sanciones “no es un instrumento por sí solo eficaz” y rechazó “nueva burocracia en la solicitud de subvenciones para todas las empresas”.