La Junta de Castilla y León ha enviado al Gobierno de España sus propuestas al plan de ahorro energético aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tal y como la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, había solicitado a las comunidades autónomas y cuyo plazo de presentación finalizaba ayer.

El Gobierno de Mañueco considera fundamental que esas medidas de ahorro energético sean obligatorias para las Administraciones Públicas y resto de entidades dependientes o vinculadas al sector público, pero voluntarias para los ciudadanos y las entidades privadas.

Además, el Gobierno de Castilla y León cree que para poder implantar estas medidas entre la población es necesario fomentar el ahorro energético con actuaciones ejemplarizantes y en ningún caso mediante mecanismos coercitivos y sancionadores.

Unas medidas que, además, considera deben adoptarse previo debate y consenso con el resto de administraciones públicas y sectores afectados por la necesidad de ahorrar energía de cara al otoño invierno y ante la previsión de restricciones de gas por parte de Rusia.

Además de estas propuestas, el Ejecutivo de Mañueco considera fundamental que se puedan contabilizar y minimizar los efectos de estas propuestas sobre la actividad económica en general, así como sobre la competitividad de las empresas y las economías domésticas en particular.

Además, en segundo lugar, tendrán que de considerar el factor temporal ya que algunas pueden implantarse con carácter inmediato, pero las que conlleven inversiones arrastrarán unos determinados plazos constructivos y legales que igualmente pueden verse condicionadas por la oferta de profesionales o stock de equipos suficientes por incremento puntual de la demanda.

Por otra parte, las medidas del plan de ahorro energético deberán estar destinadas a la reducción a corto plazo de la demanda de gas natural, ya sea a través del consumo directo o a través del consumo eléctrico. 

Riesgo de abastecimiento de gas

La crisis energética que está haciendo tambalear a las economías más dependientes del gas ruso, como las europeas, que en 2021 recibieron un 40% de este suministro procedentes del país eslavo.

Ante el riesgo de una interrupción total del suministro de gas ruso a Europa, la Unión ha adoptado nuevas medidas para aumentar su nivel de preparación en lo relativo a las perturbaciones del suministro de gas, a través del llenado de gas de las instalaciones de almacenamiento subterráneo para los próximos inviernos por una parte, y la reducción voluntaria de la demanda de gas natural entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 respecto a la media del mismo periodo de los últimos cinco años.

En este sentido, la Junta de Castilla y León propone al Gobierno nacional un paquete de 18 medidas estructuradas en cuatro ejes de actuación: medidas de sustitución de combustibles, instrumentos basados en el mercado, ahorro en calefacción y refrigeración y por último, actuaciones en sectores productivos.

Respecto al primer punto, el Ejecutivo de Mañueco apuesta por reprogramar los fondos Next Generation para potenciar el autoconsumo eléctrico y almacenamiento y fomento de energías renovables térmicas, así como activar un Plan Renove de Calderas. 

La reducción de impuestos en la industria de la biomasa es otra de las propuestas de la Junta para promover la utilización de otras fuentes de energía y depender menos del gas ruso.

Además, el Gobierno de Mañueco incluye que el Gobierno de Sánchez dé marcha atrás en su decisión de no ampliar la vida útil de las centrales nucleares en España, tal y como dejó caer la propia Comisión Europea cuando sea técnicamente viable.

La propuesta del Ejecutivo, punto por punto

El programa que la Junta ha enviado al Gobierno de España incluye el detalle de las capacidades energéticas de la Comunidad, referente nacional en la producción de energía.

En cuanto a la transición a las renovables, es líder en potencia renovable con 12.220 MW instalados, y un porcentaje del 90% de producción energética a través de estas fuentes limpias. Además, produce cerca del doble de su consumo, así de los 27.016 GWh producidos en nuestro territorio en 2021, según los datos de Red Eléctrica Española, 12.736 GWh fueron consumidos fuera de la Comunidad.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó, en el mes de abril, un documento de respuesta ante el agravamiento de la situación económica, cuyo eje 14 establecía medidas para revisar el impacto del coste de la energía en la administración autonómica incluyendo medidas para la mejora de la eficiencia energética en los edificios públicos, medidas de ahorro energético en el funcionamiento de la administración, medidas dirigidas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles así como para la racionalización de la contratación de suministros energéticos.

La Junta considera que las medidas que se deben adoptar para hacer frente al contexto de emergencia energética deben guiarse por los siguientes 4 principios:

1.- La excepcionalidad de la sustitución justifica la adopción de medidas coyunturales, incluso de carácter estructural, aun cuando las mismas hubiesen sido descartadas por el Gobierno en los instrumentos de planificación energética nacional.

2.- Obligatoriedad para las Administraciones Públicas y resto de entidades dependientes o vinculadas al sector público y voluntariedad para los ciudadanos y las entidades pertenecientes al sector privado.

3.- Fomento de las medidas a través de incentivos y actuaciones ejemplarizantes; y en ningún caso mediante mecanismos coercitivos y sancionadores.

4.- Adopción de las mismas previo debate y consenso con el resto de administraciones públicas y sectores afectados.

Así, las propuestas enviadas por el Ejecutivo de Mañueco para el plan de ahorro energético son las siguientes:

1. - La sustitución de combustibles es una opción prioritaria, debiendo incentivar las capacidades de sustitución de combustibles por parte del sector residencial, así como de los diferentes sectores económicos y la generación de electricidad y calor.

2.- En este sentido, cabe contemplar la reprogramación de fondos comunitarios para incrementar los destinados a las ayudas al autoconsumo eléctrico y almacenamiento así como para el fomento de las energías renovables térmicas.

3.- Se debería activar masivamente un Plan Renove de Calderas aprovechando los fondos europeos Next Generation.

4.- Es imprescindible aprobar los desarrollos normativos que faciliten la inversión en la repotenciación de las instalaciones de generación renovable, el almacenamiento energético, la cogeneración de alta eficiencia y los gases renovables, como el hidrógeno o el biometano.

5.- Considerar una verdadera apuesta por el sector de la biomasa reduciendo los impuestos a los biocombustibles sólidos como pellets o astillas, generadores de una actividad económica en nuestro necesitado medio rural así como constituyendo un instrumento que facilita la gestión de las masas forestales ante el riesgo de incendios.

6.- La utilización de toda la capacidad de generación eléctrica, incluso mediante carbón allí donde todavía resulte técnicamente posible de acuerdo con las orientaciones europeas, aun cuando se trate de una medida temporal a corto plazo.

7.- La reprogramación del calendario de cierre de la capacidad de generación nuclear; tal y como dispone la Comisión Europea "La decisión sobre el posible aplazamiento de la eliminación progresiva de las centrales nucleares cuando sea técnicamente viable es una opción política para los Estados miembros".

A tenor de los instrumentos basados en el mercado:

8.- Los sistemas de subastas o licitación nacionales o conjuntos mediante los cuales los Estados miembros incentiven una reducción del consumo por parte de los grandes consumidores. Los consumidores mejor situados para reducir la demanda se ofrecerían voluntariamente a hacerlo. Dependiendo del diseño, podrían recibir una compensación financiera o desgravación fiscal, a cambio de un ahorro adicional, utilizando, por ejemplo, un subtipo especial de Certificado de ahorro energético (CAE). Este tipo de sistema también podría fomentar el ahorro de gas por parte de las empresas que prevean cerrar con fines de mantenimiento o modernización.

9.- Los Contratos de intercambio entre grandes consumidores; en el caso de industrias y en periodos de gran escasez, podrían acordar de antemano intercambios contractuales de su producción desde un área expuesta a perturbaciones a otra menos expuesta. En un nivel de crisis de «alerta» o de «emergencia de la UE», el productor situado en el área menos afectada por la escasez de gas garantizaría el suministro de la producción al productor que tuvo que detenerla debido a la escasez de gas en el área afectada.

10.- Por otra parte, fomentar el uso de contratos interrumpibles para el consumo de gas, como medida voluntaria basada en el mercado, representando una importante fuente de flexibilidad.

11.- Reforzar las interconexiones, tanto eléctricas como gasistas, con el sistema europeo.

Respecto al ahorro en calefacción y refrigeración:

12.- Preceptivos para el sector público por su carácter ejemplarizante y siempre que ello no menoscabe el concreto interés público que la entidad tenga encomendada. Clientes protegidos como los hospitales, centros de educación infantil y servicios sociales deben excluirse de su adopción.

13.- Voluntarios para el resto: particulares, hogares y entidades del sector privado debiéndose consensuar con las diferentes entidades públicas y los sectores afectados. Sin embargo, para estos colectivos habrán de desarrollarse importantes campañas de información y sensibilización a favor del ahorro energético; buscando siempre el menor perjuicio en la actividad productiva, la competitividad empresarial o las economías familiares; pudiéndose establecer incentivos económicos en las facturas en función del ahorro logrado.

14.- Entre las medidas informativas cabría considerar una campaña de información del mix de generación eléctrica previsto del día y aconsejando en las franjas de no generación con gas todo consumo que se pueda diferir.

15.- Se propone por otra parte, fomentar la rehabilitación energética de viviendas habituales más allá del 31 de diciembre de 2022, de forma similar a los edificios cuyos beneficios fiscales se contemplan hasta finales de 2023.

Propuestas para los sectores productivos:

16.- El papel esencial que juega la industria, la agricultura, la ganadería, la hostelería, el transporte, el comercio y otros sectores económicos gravemente afectados por los precios energéticos, debe ser tomado en consideración a los efectos de los apoyos a implantar.

17.- Por otra parte, resulta imprescindible dar una solución al sector de la cogeneración, reiterando los argumentos trasladados al Gobierno, por parte de esta Administración, de tal forma que la utilización del gas en sus instalaciones resulte efectivamente compensado. Además, parte de los Fondos Next Generation se deberían dedicar a apoyar una renovación e impulso de la cogeneración española, lo que redundará en refuerzo de los diferentes sectores económicos que la utilizan, del empleo que crean y de su competitividad.

18.- Se propone la adopción de medidas de política fiscal que disminuyan la presión impositiva existente sobre la energía con impacto para los consumidores.

Este plan debe tener el objetivo de bajar el precio de la energía y, por tanto, que desarrolle un marco energético que garantice estabilidad regulatoria, que garantice el bienestar de las familias y la competitividad del tejido empresarial, pymes, autónomos y a la industria como es el caso de las electrointensivas y la cogeneración.